El magistrado jefe de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó temporalmente la orden de la jueza de distrito, Paula Xinis, para que el gobierno regrese a Estados Unidos al salvadoreño Kilmar Ábrego García a más tardar este lunes por la noche. Lo hizo a petición del Departamento de Justicia (DOJ).
La orden administrativa de Roberts, que no responde a los temas legales de fondo, permitirá a la Corte Suprema en pleno revisar el caso. Dio hasta el martes 8 de abril a las 5:00pm para que los abogados del salvadoreño presenten sus argumentos.
En respuesta a la decisión, los abogados de Ábrego aseguraron que «cada momento que Ábrego García permanece en El Salvador constituye un daño irreparable para él». Reiteraron que él se encuentra en una prisión extranjera únicamente por orden de EEUU «como producto de un error kafkiano».
En su última orden este domingo, la jueza Xinis aseguró que EEUU puede traerlo de vuelta al país después de que admitió haberlo deportado por un «error administrativo». «Sus acciones fueron ilegales», señaló.
En su defensa, el Departamento de Justicia argumentó que no puede regresarlo a EEUU porque ya no está en custodia de EEUU. Además, reclama que la jueza Xinis no tiene la autoridad para hacer esta exigencia.
«No se trata de la incapacidad de los acusados (el gobierno, a través del Departamento de Seguridad Nacional, DHS) para devolver a Ábrego García, sino de su falta de ganas», reclamó la jueza del distrito de Maryland en su orden del domingo. En ella explicó que el gobierno ni siquiera pudo demostrar que existía una orden de deportación en contra del salvadoreño y recordó uno de los reclamos de Kilmar Ábrego García ante la corte: que la expulsión ocurrió sin ningún proceso lo cual es «una clara violación constitucional».
El regreso de Ábrego García
En su orden del domingo, Xinis argumentó —sobre la base de la jurisprudencia— que el gobierno «puede regresar, y de hecho lo hace, a los inmigrantes expulsados injustamente en asuntos de rutina». Explicó que EEUU de forma «unilateral» trasladó a cientos de detenidos al Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), en El Salvador, pero que eso no implica que le cedió a ese país el control sobre el destino de estas personas.
Para la magistrada, estas razones valen también para regresar al país a los venezolanos con casos migratorios pendientes. «Los demandados no pretenden sugerir que han eliminado por completo las protecciones sustantivas y procesales de la ley al dejar a esas personas en Cecot sin recursos posibles», se lee en la orden.
Explica que EEUU sólo subcontrató parte del sistema penitenciario de El Salvador, por lo que el gobierno «puede y tiene el poder de garantizar y transportar a sus detenidos, incluido Ábrego García».
En definitiva, la jueza sostuvo que «una reparación es posible» para el error que cometió EEUU al deportar a El Salvador a Ábrego García, un inmigrante que contaba con un estatus que lo había protegido de la expulsión a su propio país desde 2019. Ella, igual que el abogado del gobierno, Erez Reuveni, coincidieron en este punto en las audiencias sobre este caso. Xinis dejó por sentado en el documento de este domingo una de las conversaciones que tuvieron sobre el tema:
—¿Por qué EEUU no puede regresar al señor Ábrego García? —le preguntó la jueza Xinis a Reuveni.
—Su señoría —respondió él— le diré, para que quede sentado en la corte, que cuando este caso llegó a mi escritorio, la primera cosa que hice fue preguntarle eso mismo a mis clientes. Hasta la fecha, no he recibido una respuesta que me resulte satisfactoria.
Poco antes de que el Departamento de Justicia pidiera a la Corte Suprema frenar la orden de Xinis este lunes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito había rechazado de forma unánime el intento del DOJ por pausar la petición de la jueza Xinis.
La jueza Stephanie D. Thacker, aseguró que el gobierno «no tiene autoridad legal para arrebatar de las calles a una persona que está presente de forma legal en Estados Unidos y deportarlo sin el debido proceso». Dijo que la orden de Xinis solo requería que «el gobierno de EEUU ejerza la autoridad y control que debe haber conservado sobre los detenidos que alberga temporalmente en El Salvador».
¿Quién es Kilmar Ábrego García?
En la orden de Xinis, se cuenta la historia de este salvadoreño de 29 años, casado con una ciudadana estadounidense.
Nació y fue criado en Los Nogales, un pueblo en la capital de El Salvador. Allí, su familia tenía un pequeño negocio de pupusas. Por años, habían sido extorsionados por la pandilla Barrio 18, cuyos miembros les habían hecho amenazas de muerte y le habían pedido a la madre de Kilmar que lo entregara para ser miembro de la pandilla o los matarían a todos.
En un intento por escapar de estas amenazas, la familia se mudó tres veces, pero siempre los encontraban. Así que para proteger al hijo, los padres decidieron enviarlo a EEUU con su hermano mayor, que vivía en Maryland.
Había vivido varios años en el estado sin estatus legal. Pero a inicios de 2019, mientras esperaba en la puerta de un Home Depot a que alguien lo contratara, fue arrestado por la policía del condado, que cuestionó su pertenencia a las pandillas. Aunque no pudieron establecer una filiación con bandas criminales, lo entregaron en custodia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El 29 de marzo de ese año, DHS inició el proceso para deportarlo. Y el 24 de abril se presentó ante un juez de inmigración. Allí admitió su deportabilidad pero solicitó asilo, la suspensión de su expulsión y protección bajo la Convención para la Tortura.
Tras una audiencia de presentación de evidencias en octubre de 2019, el juez le otorgó a Ábrego García una protección que prohibía su deportación a El Salvador como consecuencia de la persecución que enfrentó en su país. El juez concluyó que el salvadoreño calificaba para esta medida porque la pandilla Barrio 18 había estado «amenazándolo de muerte por el negocio de pupusas de su familia». DHS nunca apeló esa decisión, así que la protección fue ratificada en noviembre de 2019.
Desde entonces, Ábrego García había vivido en Maryland con su esposa y sus tres hijos, acudiendo a los chequeos anuales ante ICE y había mantenido un récord criminal limpio.
Su vida transcurrió bajo esa rutina hasta el 12 de marzo de 2025, cuando fue detenido por ICE mientra estaba en su carro con su hijo de cinco años. Los funcionarios le dijeron que su estatus «había cambiado» y tres días después, terminó deportado a su país sin que siquiera hubiera asistido a una audiencia con un juez de inmigración.
FUENTE: UNIVISON
