Tras un poco más de dos semanas del inicio de las inéditas campañas judiciales de México, ya hay más de una docena de candidatos acusados por organizaciones civiles de tener vínculos con el narcotráfico, asesinatos o criminales, lo que muestra los riesgos de elegir por voto popular a jueces, denuncian varias ONG defensoras de los derechos civiles.
Ante la elección del 1 de junio, el grupo Defensorxs documentó 13 “candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades” en el sitio “Justicia en la mira”, donde resalta Silvia Rocío Delgado, exabogada del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Delgado, candidata a jueza penal local en el estado de Chihuahua, se integró al equipo de defensa del “Chapo” en 2016, cuando “su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera, revisando amparos interpuestos y manteniéndolo informado sobre su situación jurídica”, según la asociación.
También sobresale Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal de Michoacán, donde está acusado de pactos con criminales, le apodaban “el fiscal del terror” cuando ocupó tal cargo (2020-2022) y está señalado por posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.
“No podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia”, denunciaron la agrupación y otras siete en un pronunciamiento.
La justicia envuelta en polémica
La polémica escaló esta semana porque Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al colectivo Ni Una Más Hermosillo, que lo acusa de negligencia como director del sistema penitenciario local, donde falleció la joven Paula Josette durante una visita conyugal irregular.
Briseida Arizona Velarde, madre de la víctima, lamentó en una entrevista con EFE que el INE, encargado de organizar los primeros comicios populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte, permitió la candidatura del exfuncionario, acusado de omisiones en los protocolos de seguridad de este y otros casos.
“Es una burla, muchos candidatos incumplen requisitos mínimos del perfil al puesto que aspiran, en funciones anteriores violentaron derechos humanos, hubo omisiones, negligencias, no actuaron conforme a su responsabilidad pública, es lamentable que por desconocimiento vayamos a votar, sin conocer a los candidatos”, expresó la madre.
Ni Una Más Hermosillo denunció las presuntas omisiones de Cangiamilla, quien tuvo a su cargo las cárceles de Sonora hasta su remoción en 2024, cuando Paula Josette murió en un penal a los 23 años, supuestamente por infarto, aunque un peritaje posterior indicó signos de violencia y ocho exfuncionarios quedaron detenidos.
El candidato Nicollino denunció al colectivo ante el INE para exigir que identifique a todas las activistas y dejen de evidenciarlo.
“Los colectivos alzaron la voz, muchos aspirantes no cumplen requisitos por su historial y el INE, antes de autorizar candidaturas, debería investigar la trayectoria de aspirantes”, opinó Arizona Velarde.
Una integrante del colectivo, que prefirió el anonimato, denunció que una mujer fue “hostigada en documentos oficiales llevados a su casa, donde el INE exige los nombres y direcciones de feministas”.
“No deberían perseguir activistas que buscamos un cambio en el Estado, sino perseguir a delincuentes que buscan otro cargo, cuando incumplieron sus responsabilidades”.
A la protesta se unieron más de 20 agrupaciones que avisan que no callarán ni permitirán que el exfuncionario llegue a magistrado.
Casi 100 millones de electores pueden elegir el 1 de junio 881 cargos federales de entre 3 mil 422 candidaturas, incluyendo la Suprema Corte, tras una reforma constitucional promulgada en septiembre por el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).
