Los sectores agrícola, ganadero y forestal de México enfrentan el compromiso internacional de rehabilitar 8.5 millones de tierras degradadas, una superficie equivalente a Tamaulipas y Morelos, y con ello robustecer la lucha contra la degradación de suelo, fenómeno que ha alcanzado niveles grave y extremo en el 59% del país. Sin embargo, políticas contradictorias de producción agropecuarias amenazan el éxito de esta meta, dijeron especialistas en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Desertificación (UNCLD).
El titánico objetivo de recuperación de suelos asumido por México forma parte de la Iniciativa 20×20, un plan lanzado en diciembre pasado por siete países de América Latina con el objetivo de restaurar 20 millones de hectáreas en la región para 2020.
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Esta recuperación masiva de suelos facilitaría a México a cumplir otros compromisos internacionales en materia ambiental, como la reducción de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la neutralidad en la degradación de la tierra. A nivel nacional, mejoraría la productividad agrícola y ganadera, ayudaría a reducir la pobreza y a alcanzar la seguridad alimentaria.
La meta mexicana en la Iniciativa 20×20 es ambiciosa y “pone a México a la delantera” en la región en materia de restauración de suelo, pero el país enfrenta el reto de revertir las prácticas que contribuyeron a la degradación de tierra en primer lugar, las cuales pertenecen al sector agropecuario, dijo en entrevista telefónica el especialista en reforestación y cambio climático Walter Vergara, coordinador de la Iniciativa 20×20.
“Hay muchas áreas agrícolas en México que han sido degradadas, salinizadas, compactadas con prácticas agrícolas y granaderas indebidas. Esos suelos han perdido mucha productividad”, destacó Vergara, analista asociado del World Resources Institute con sede en Washington D.C.
Integrar políticas, necesario
Para conseguir una recuperación integral del suelo es necesaria una integración de políticas, ya que estas obedecen a distintas dependencias y a menudo se contradicen, como ocurre entre el financiamiento de proyectos de reforestación a cargo de Conafor y los subsidios a prácticas agrícolas no sustentables que otorga Sagarpa, dijo Taryn Sánchez, directora de Incidencia de Reforestemos México, una organización dedicada desde 2002 a la conservación forestal en el país.
“El problema es haber desintegrado esta agenda sustentable”, indicó Sánchez. “México tiene que entender el manejo integral de la tierra. La transversalidad de políticas no está funcionando bien”, añadió.
Según Sánchez, un oportunidad para mejorar la gestión sustentable es zonificar las regiones con suelo degradado para asignar los programas de apoyo más eficientemente y evitar que, por ejemplo, recursos para la agricultura o la ganadería industrial inutilicen proyectos para conservación o recuperación.
Zonas agropecuarias, las más degradadas
En México, las zonas más afectadas por degradación del suelo son las zonas agrícolas y pecuarias de producción intensiva, presentes en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y el Altiplano, dijo en entrevista el subgerente de Suelos Forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Jorge Luis García.
Según el funcionario, representante de México ante la COP 12 de la UNCLD en Ankara, Turquía, esta degradación se debe a que el uso excesivo de irrigación de agua ha dejado al evaporarse un exceso de sal en las tierras explotadas, lo cual vuelve necesario el uso de más fertilizantes que contribuyen a un círculo vicioso de degradación química. En tanto, el uso de maquinaria pesada o la concentración de ganado compacta la tierra, lo que equivale a degradación física del suelo, explicó el ingeniero en suelos por la Universidad de Chapingo.
La degradación del suelo afecta al 90% del territorio mexicano, mientras que esta situación es grave o extrema para el 59%, puntualizó García. De las 21 principales ciudades del país, 17 se encuentran en zonas con problemas de desertificación, lo cual aumenta problemas como abasto de agua, tolvaneras, cinturones de miseria y déficit de áreas verdes, añadió.
Aunque aún es necesaria una mayor investigación sobre los costos reales de la degradación del suelo en México, un estudio elaborado en 2007 por investigadores del Instituto de Ecología y la UNAM estima que el problema le cuesta al país entre 260 y 528 pesos (16 a 32 dólares) por hectárea cada año, lo cual equivale a la mitad de los subsidios del programa Procampo para la producción de maíz blanco en 2007. El problema que esto implica para la productividad en el campo es “grave”, según el último reporte federal en la materia publicado en 2013 por la Conafor.
Ante la gravedad de la degradación de la tierra en México, el Senado de la República analiza una iniciativa para la creación de una Comisión Nacional del Suelo, ya que el país no cuenta con ninguna institución en la materia, dijo el senador Manuel Cota, uno de los impulsores de la iniciativa, en entrevista telefónica. “El diagnóstico está claro. La voluntad política es lo que se tiene que atender”, aseguró.
La respuesta a la crisis de desertificación también ha venido del lado de la academia. En agosto pasado, la UNAM, las academias de Ingeniería y la Mexicana de las Ciencias propusieron la creación de la Alianza Nacional por el Suelo, con la intención de fortalecer la investigación de suelos, evaluar y contribuir a las políticas públicas en la materia.
(FUENTE: CNN MÉXICO)
