El enorme puente que atraviesa las Cataratas del Niágara, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos, se convirtió en una pesadilla para Araceli y su familia.
Ella y su pareja, salvadoreños en sus 30, cruzaron caminando el imponente Rainbow Bridge con sus dos hijas, de 4 y 14 años, el pasado 17 de marzo.
Llegaron al control fronterizo de Canadá con una maleta y con los documentos que, creían, les aseguraban que pronto se reencontrarían con los hermanos de Araceli en territorio canadiense y que dejarían atrás el miedo a ser deportados de EE.UU. durante el segundo gobierno del presidente Donald Trump.
Pero el plan fracasó. No solo una, sino dos veces.
Araceli habló con BBC Mundo desde un refugio en la frontera norte de EE.UU. y antes de lograr entrar a Canadá, algo que consiguió tras un complejo tercer intento como solicitante de asilo.
Esta es su historia.
La excepción a la regla
En 2005 entró en vigor el acuerdo de «tercer país seguro» entre Canadá y Estados Unidos, bajo el cual los solicitantes de asilo deben pedir protección como refugiados en el primer país seguro al que lleguen.
«Estados Unidos es el único país designado como tercer país seguro por Canadá en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de los Refugiados», según informa en su página web.
Así, al pedir la protección en EE.UU. como país seguro, no pueden hacerlo en Canadá.
Pero, como toda regla, ésta también tiene algunas excepciones.
Una de ellas es que si quien llega desde EE.UU. prueba que tiene en Canadá un familiar del círculo cercano y que ese familiar cumple con ciertos requisitos, la persona puede entrar al país e iniciar su petición de refugio.
Y esa excepción es a la que Araceli buscó acogerse, pues su hermano mayor vive en Canadá y cumple con los requisitos.
Tomó esa decisión luego de vivir más de una década como indocumentada en EE.UU., al igual que su pareja y su hija mayor. Su hija menor nació en Nueva Jersey, así que es la única de la familia con pasaporte estadounidense.
En EE.UU., Araceli construyó una vida e intentó iniciar un proceso de petición de asilo, pero no lo logró.
«Me cobraron un dinero, me dijeron que iba a tener un permiso de trabajo. Le pagué eso a un abogado, pero nunca me dieron respuesta de si lo aprobaron o no», recuerda.
Araceli tiene 12 hermanos y, como ella, varios dejaron El Salvador por problemas de seguridad en la comunidad campesina en la que crecieron.
Dos de ellos consiguieron llegar a Canadá, presentar su caso y ser admitidos. El mayor, que lleva más tiempo, ya es ciudadano y el otro está en proceso de solicitud de asilo.
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Así que en enero de 2025, cuando inició el segundo gobierno del presidente Trump y se empezaron a reportar redadas y deportaciones masivas de inmigrantes, algunas de ellas con destino a El Salvador, Araceli temió lo peor y decidió pedirle ayuda a su hermano.
Entre los dos reunieron los documentos para probar su parentesco familiar en la frontera.
«Solicitamos los papeles a través de la Alcaldía del Salvador, de Los Ranchos, de mi comunidad, además mi hermano me dio la partida de nacimiento de él», explica.
Araceli y su familia desmontaron su casa en EE.UU. y se despidieron de la vida que habían construido.
«Cuando llegamos al puesto fronterizo nos preguntaron a qué íbamos. Les dijimos que queríamos pedir refugio en Canadá y entregamos la documentación, yo llevaba todas las partidas originales. Ellos agarraron todo, hasta la mochila y nosotros quedamos sin nada. Nos llevaron a un cuarto de espera», recuerda Araceli.
Pasaron toda la noche allí. Cada tanto los agentes de migración le hacían preguntas a Araceli con la ayuda de un intérprete que traducía vía telefónica entre inglés y español.
Hasta que le dijeron que había un inconveniente con la solicitud.
«Encontraron un pequeño detalle, que en mi partida [de nacimiento] mi papá sólo tenía un apellido y en la de mi hermano tenía dos apellidos. Pero en la parte de atrás estaba la marginación que se le dice, que es la explicación».
Y aunque esa aclaración explicaba que ese tipo de imprecisiones son comunes en El Salvador, el agente les negó la entrada a Canadá.
«Segundo intento»
La familia regresó resignada y con la angustia de enfrentarse a su mayor miedo: que los separaran y los deportaran.
En el puesto de control estadounidense los metieron en un cuarto sin ventanas y sin baño. «Pasamos 14 días los cuatro en esa celda», cuenta Araceli y aclara que podían salir a usar el baño, pero apenas los dejaban estar al aire libre.
Desde ahí llamaron a su hermano y él buscó ayuda legal con una organización canadiense que apoya a migrantes. Días después, la abogada Heather Neufeld tomó el caso de la familia.
Como no era posible comunicarse con Araceli, la abogada contactó con la ONG Justice for Migrant Families (Justicia para Familias Migrantes) que opera en Buffalo, NY, cerca de la frontera.
Jennifer O’Connor, directora de la organización, fue hasta el puesto de control varias veces para servir de puente con Araceli y apoyarla con la documentación legal de su caso.
«La segunda vez que estuve allí, me reuní con Araceli. Envié los documentos a la organización canadiense y a la abogada Neufeld. Luego se la llevaron de nuevo a la celda. Pero antes de irme, me dijeron: ‘espera, espera. Hay un cambio de estatus. La están llamando de vuelta. Quieren que regrese al otro lado'».
Araceli recuerda que le dijeron algo parecido, «llegaron dos agentes a la celda y dijeron: ‘Felicidades, ustedes van para Canadá'».
Pero todo era muy inesperado y no estaba claro quién los mandaba llamar ni por qué.
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O’Connor se despidió antes de que entraran al puesto de control. Y aunque esta vez todo fue más rápido, volvieron a negarles la entrada.
«Me dijeron lo mismo, aunque era otro agente. ‘Hemos sido demasiado generosos’, me dijo, ‘en recibirlos aquí otra vez. Estados Unidos va a ver qué hace con ustedes’.
El problema ahora era que esa segunda ida al lado de Canadá se contó como una reconsideración del caso, la única a la que la familia tiene derecho dentro de la regulación de ese país.
Pero en sentido estricto la familia no regresó por su voluntad, sino porque así se lo indicaron las autoridades estadounidenses. Y eso es parte del argumento que presentó la abogada al pedir una reconsideración oficial ante las autoridades canadienses.
«Sometimos todas las pruebas con nuestros argumentos a Migración Canadá. Nos mandaron una carta con una sola frase diciendo que no iban a cambiar su decisión inicial, así que la única opción que quedaba era una petición en la corte federal», explica Neufeld.
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Confusión en migración
Según la abogada Neufeld, el caso de Araceli y su familia muestra que los agentes de la frontera de Canadá cometieron un error.
«Nadie debería pasar por lo que ellos tuvieron que vivir. No actuaron como en el pasado con otros clientes, ni aceptaron hacer una entrevista cuando normalmente sí la hacen», afirmó.
BBC Mundo preguntó a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá sobre las razones para no realizar la entrevista al hermano de Araceli, pero respondieron a través de su portavoz que no están en capacidad de dar información sobre casos específicos, dado que la privacidad de los solicitantes está protegida por ley.
Lo cierto es que la familia fue obligada a regresar al otro lado de la frontera.
«El impacto de esa decisión fue mayor para la familia porque en esta época no es solo que te manden a Estados Unidos. Hay un riesgo inmediato de detención y deportación», dice Neufeld.
Como en efecto ocurrió con Araceli y su familia, pues cuando llegaron de nuevo a EE.UU. los separaron y al padre lo enviaron a un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE).
«Llegaron a decirnos que nos daban tres minutos para que nos despidiéramos porque mi esposo iba a ser llevado a un centro de detención», recuerda Araceli con la voz entrecortada.
Después de la despedida, los agentes le pusieron un grillete en el pie a Araceli y le permitieron salir del puesto de control con sus hijas. O’Connor logró encontrarles cupo en un refugio para migrantes de la zona.
Era un lugar seguro desde el que esperaron que su proceso escalara en la corte federal.
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Endurecimiento en la frontera norte
De acuerdo con cifras oficiales del gobierno de Estados Unidos, que reúne estadísticas de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Operaciones en el Terreno, hasta marzo de este 2025 se presentaron 13.547 aprehensiones en toda la frontera norte.
Ese número muestra una disminución de aproximadamente el 70% con respecto a las registradas en el primer trimestre de 2024, lo que indica que el número de personas que intentan cruzar a territorio estadounidense desde Canadá ha disminuido de forma significativa.
En el caso contrario, es decir, las personas que intentan cruzar a Canadá desde EE.UU., se registra un aumento, al menos de quienes han hecho una petición oficial de asilo en la misma frontera.
Según datos que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá le compartió a BBC Mundo, el número de casos de migrantes que solicitan refugio en ese país y que son devueltos a EE.UU. ha ido en aumento en lo que va de 2025, e incluso se duplicó en el último mes con respecto al año anterior.
Mientras en abril de 2024 no fueron elegibles para iniciar el proceso de asilo en puestos de control fronterizo 180 personas, entre adultos y niños, en abril de 2025 esa cifra aumentó a 359.
Y quizás uno de los indicadores que refleja mejor este fenómeno es el del número de menores que cruzaron a Canadá como parte de un proceso de solicitud de refugio y que fueron devueltos a EE.UU.
En el primer trimestre de 2024 se registraron 54 menores en esa situación, mientras que en el mismo periodo de 2025 ya van 104.
Lo que sugieren los datos, entonces, es que cada vez hay más familias, como la de Araceli, que buscan acogerse a alguna excepción para que Canadá los reciba como solicitantes de asilo.
«Sé, por medio de colegas, que hay mucha gente que está aplicando en la frontera porque tiene familia en Canadá, pero que varios han sido rechazados porque la Agencia de Servicios Fronterizos es más estricta ahora, creería que a causa de la política en Estados Unidos», dice la abogada Neufeld.
Sin embargo, un portavoz de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá le dijo a BBC Mundo: «no hemos implementado cambios en las políticas ni en los procesos».
Aunque también confirmó que en diciembre de 2024, «Canadá anunció la inversión de 1.300 millones de dólares canadienses (US$950 millones, aproximadamente) para reforzar la seguridad en la frontera y fortalecer el sistema de inmigración».
Y que «una de las medidas propuestas consiste en aumentar el número de expulsiones de personas no admitidas en Canadá. La Agencia se ha comprometido a aumentar el número de expulsiones de 16.000 a 20.000 (un aumento del 25%) para los años fiscales 2025-2026 y 2026-2027».
Final agridulce y temporal
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Al cabo de una semana de haber escalado el caso de Araceli y su familia, la corte federal asignó a una abogada como representante de migración, con la que Neufeld consiguió una negociación preliminar.
«Tuve varias conversaciones con la abogada que representa al Departamento de Migración de Canadá y llegamos al acuerdo de que anularían la decisión negativa y permitirían que la familia regresara a la frontera con toda la documentación, pero sin garantizar que serían admitidos dado que la decisión (en ese caso) es de Servicios Fronterizos», explica.
Así fue como el pasado 5 de mayo, siete semanas después del primer intento, Araceli cruzó el puente y regresó al puesto fronterizo. La diferencia es que esta vez la acompañaba su abogada.
«Pasamos alrededor de 12 horas en el puerto migratorio. Al parecer ahora es más frecuente que se tomen tanto tiempo para revisar los casos», explica Neufeld.
La buena noticia es que, después de esa larga espera, Canadá permitió que Araceli y sus hijas entraran al país e iniciaran su solicitud de asilo oficial.
«Cuando abrieron las puertas y dijeron ‘bienvenidas a Canadá y buena suerte con su nueva vida’, sentí una alegría inmensa, es indescriptible», le contó Araceli a la cadena CBC y agregó, «mis hijas me dieron mucha fuerza».
Pero fue una celebración agridulce porque su pareja seguía en EE.UU. inmerso en un proceso legal.
La familia contrató a un abogado que tomó su caso.
«Consiguieron que lo dejaran salir bajo fianza y eso es algo que no permiten en todos los centros de detención. La familia entera tuvo que hacer un gran esfuerzo, tuvieron que vender cosas para poder pagarla.», cuenta Neufeld.
Logró salir y presentarse de nuevo en la frontera: el lunes 19 de mayo, luego de pasar 13 horas en el puesto de control, lo dejaron entrar en Canadá.
«Fue una diligencia muy frustrante porque a pesar de que aportamos muchísimas pruebas, fue muy difícil convencer al oficial del parentesco familiar», explica Neufeld.
Fue así como la historia de esta familia tuvo un final positivo pero no definitivo, pues ahora inician el proceso de solicitud de asilo y pueden pasar dos años hasta que tengan audiencia con un juez canadiense para que tome la decisión de si les permite quedarse o no.
Y según la abogada, el caso de esta familia refleja los cambios que han surgido recientemente en la frontera norte.
«Hay muchísimas Aracelis más, solo que no podemos saber dónde están ni qué situación están enfrentando. La mayoría de la gente no tiene capacidad de luchar para que se les respeten sus derechos».
