Redacción Macronews.-
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó categóricamente que el caso judicial contra el boxeador Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, sea utilizado como instrumento de golpeteo político contra el proyecto de la Cuarta Transformación (4T). Durante su conferencia matutina del lunes 7 de julio, la mandataria se mostró serena ante las críticas mediáticas y reiteró que su gobierno actúa con apego a la legalidad, sin establecer relaciones de contubernio con ningún grupo criminal.
“No es nuevo, no tiene cabida. Cuando hay una acusación, tiene que demostrarse y, particularmente, si es penal, tiene que haber pruebas para que haya una carpeta de investigación y un juez tiene que revisar las pruebas para ver si emite una orden de aprehensión. Nosotros defendemos un proyecto que tiene como eje la honestidad y la justicia”, declaró Sheinbaum, en respuesta a publicaciones que sugieren un presunto vínculo entre el gobierno federal y el narcotráfico.
El caso de Chávez Jr., quien fue detenido el pasado 3 de julio en Los Ángeles, California, ha generado controversia por su presunta relación con delitos como tráfico de drogas, armas y personas, según una investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2019. El fiscal Alejandro Gertz Manero confirmó que durante año y medio se realizaron solicitudes formales al gobierno estadounidense para colaborar en la detención y extradición del pugilista, sin respuesta hasta su reciente aprehensión.
“Vivía en Estados Unidos, protegido por sus leyes, cuando sabían que había una orden de aprehensión. Hemos hecho una serie de solicitudes y notificaciones desde hace más de un año y medio”, sostuvo Gertz Manero, al explicar que la carpeta de investigación incluye elementos que vinculan al Jr. con estructuras del crimen organizado.
Sheinbaum también respondió a cuestionamientos del periodista Juan Bautista, quien señaló que desde hace seis años se ha sostenido una narrativa que intenta relacionar a la 4T con el narcotráfico. La presidenta fue enfática al señalar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que cualquier imputación debe estar sustentada en pruebas legales presentadas ante un juez competente.
“Si hay una orden de aprehensión, como en este caso, la Fiscalía tiene que explicar cuáles son las pruebas. Si vienen de una agencia donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como coadyuvante del Ministerio Público, tienen que presentarse las pruebas siempre”, agregó.
El caso continúa en proceso judicial, y se espera que en los próximos días se definan los términos de la posible extradición de Chávez Jr. a México, donde enfrentaría cargos por delitos federales. Mientras tanto, el gobierno federal mantiene su postura de respeto al debido proceso y rechaza cualquier intento de politización del caso.
