JUEZ FEDERAL EVALÚA MANTENER BLOQUEO NACIONAL AL DECRETO DE TRUMP QUE LIMITA CIUDADANÍA POR NACIMIENTO

🔑 El juez Leo Sorokin analiza si su interdicto nacional sigue siendo válido tras nueva jurisprudencia de la Corte Suprema.

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Boston, EE.UU. – 16 de julio de 2025 | Redacción Internacional
El juez federal Leo Sorokin, del distrito de Massachusetts, pasó más de una hora este viernes evaluando si su interdicto nacional contra el decreto del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento puede seguir en pie, luego de que la Corte Suprema limitara recientemente el alcance de este tipo de medidas judiciales.

Sorokin, designado por el expresidente Barack Obama, había bloqueado anteriormente el decreto de Trump que pretendía negar el reconocimiento de la ciudadanía estadounidense a niños nacidos en el país de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal. La orden ejecutiva, titulada “Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, fue firmada por Trump el 20 de enero de 2025, en su primer día de regreso a la presidencia.

Durante la audiencia, Sorokin expresó dudas sobre la viabilidad de las propuestas del Departamento de Justicia, que busca modificar el alcance del interdicto para permitir la implementación parcial del decreto, principalmente en lo relacionado con la elegibilidad de niños para recibir beneficios sociales a través de programas estatales.

El abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, argumentó que el interdicto actual debería limitarse a los daños alegados por los demandantes, los cuales calificó como «principalmente financieros». Sin embargo, el juez cuestionó repetidamente la factibilidad de ejecutar una política que distinga entre niños con ciudadanía plena y aquellos reconocidos solo para fines administrativos.

“¿Cómo sé que pueden cumplir?”, preguntó Sorokin. “Según el registro que tengo ante mí, parece bastante complicado”.

Por su parte, los demandantes —una coalición de más de una docena de estados liderados por demócratas, el Distrito de Columbia y varias ciudades— sostuvieron que cualquier forma parcial del decreto tendría consecuencias administrativas severas y generaría una migración interna hacia sus jurisdicciones, lo que podría elevar los costos sociales.

Shankar Duraiswamy, abogado del estado de Nueva Jersey, advirtió que un fallo fragmentado aumentaría la carga para los estados demandantes, tanto financiera como operativamente. “No se justifican las medias tintas cuando se trata de suspender una acción ejecutiva flagrantemente inconstitucional”, señaló.

La Corte Suprema, en una decisión del 27 de junio, dictaminó que la administración Trump no podrá implementar el decreto por al menos 30 días, aunque puede avanzar en el diseño de sus directrices. Sin embargo, esa misma resolución pidió a los tribunales inferiores que sean más restrictivos al dictar interdictos nacionales.

Sorokin no emitió un fallo inmediato, pero reiteró su intención de mantener, al menos en parte, su decisión original, subrayando que el impacto potencial del decreto merece una respuesta judicial contundente.