Redacción Macronews.- En medio de crecientes comparaciones entre el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y el de Hernán Bermúdez Requena, exfuncionario de seguridad en Tabasco vinculado al grupo criminal “La Barredora”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que se trata de situaciones “completamente distintas” y pidió que las investigaciones se conduzcan con base en pruebas, no en presunciones ni linchamientos mediáticos.
Durante la conferencia matutina del 28 de julio, Sheinbaum fue cuestionada sobre la posible responsabilidad del senador Adán Augusto López Hernández, quien designó a Bermúdez como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante su gestión como gobernador. La mandataria respondió con firmeza: “Es distinto, y aquí siguen las investigaciones. No se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario”, subrayó.
El caso de Hernán Bermúdez ha generado atención nacional luego de que se confirmara la existencia de una orden de aprehensión emitida por Interpol, así como una carpeta de investigación abierta por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las autoridades del Gabinete de Seguridad informaron que Bermúdez es señalado como fundador de La Barredora, célula delictiva con presencia en el sureste del país, dedicada a actividades como robo de combustible, extorsión y narcotráfico. Su búsqueda se realiza a nivel internacional en coordinación con agencias de seguridad.
En contraste, Genaro García Luna fue juzgado y condenado en Nueva York por delitos relacionados con el narcotráfico, en un proceso que evidenció una red de complicidades durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. La presidenta Sheinbaum enfatizó que, a diferencia de ese caso, en el de Bermúdez “las investigaciones están en curso desde territorio nacional y no hay impunidad”.
Respecto al liderazgo de Adán Augusto en el Senado, Sheinbaum afirmó que no existe ninguna investigación en su contra y que, en caso de que se le requiera, “por supuesto que él lo va a decir”. Reiteró que su gobierno no protege a nadie, pero tampoco permite que se condene a personas sin pruebas concluyentes. “La investigación debe seguir con base en pruebas, no con base en presuntos o en linchamientos mediáticos”, puntualizó.
La mandataria también recordó que el respeto a la presunción de inocencia es un principio fundamental del sistema judicial mexicano, y que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades competentes determinar responsabilidades. En ese sentido, hizo un llamado a los medios de comunicación y a la opinión pública para evitar generalizaciones que dañan la credibilidad institucional.
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El caso de Bermúdez continúa bajo observación pública, mientras se espera una eventual declaración del senador López Hernández. Por lo pronto, el gobierno federal ha reiterado su compromiso con la transparencia, la legalidad y el combate frontal a la corrupción y al crimen organizado, sin distinciones partidistas ni privilegios.
