La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó el proyecto de extracción de minerales promovido por empresas vinculadas al presunto deudor fiscal Ricardo Salinas Pliego en el ejido de Corcovada, municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí.
El plan buscaba explotar un banco de materiales en aproximadamente 500 hectáreas de uso común, con la intención de extraer oro, litio, plata y titanio.
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El proyecto, denominado “Banco de Materiales Castillos”, fue presentado por la empresa Inkasteca Drilling, que solicitó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para intervenir inicialmente 95 hectáreas del ejido.
Sin embargo, tras un análisis técnico, la Semarnat determinó que el documento contenía insuficiencias e irregularidades graves, como la remoción total o parcial de vegetación forestal y el cambio de uso de suelo en zonas protegidas, lo que contraviene la legislación ambiental vigente.
La iniciativa minera también fue recibida con rechazo por parte de la comunidad ejidal. Habitantes de Corcovada denunciaron que desde 2021 personas vinculadas al proyecto comenzaron a realizar estudios del suelo con el pretexto de hacer pruebas geológicas. A cambio, prometieron construir un pozo de agua y mejorar el sistema de drenaje local, compromisos que nunca se cumplieron.
Además, colectivos como Guardianes de la Sierra alertaron que el proyecto podría ser más ambicioso de lo declarado, y que buscaría también la extracción de otros minerales estratégicos como plata y titanio. La comunidad acusa intentos de despojo de sus tierras, pues de los 197 ejidatarios registrados, solo 60 estarían dispuestos a vender, mientras que la mayoría rechaza el proyecto por los riesgos ambientales y sociales que representa.
“Ellos compran lo que quieren y a quien se interponga lo sacan del camino”, señalaron algunos ejidatarios, quienes aseguran haber enfrentado presiones para ceder sus tierras.
Con esta resolución, la Semarnat frena temporalmente la expansión de proyectos extractivos en tierras ejidales, y pone énfasis en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades frente a intereses empresariales.
Fuente: Polemón
