- Gobierno de Quintana Roo cesa a 40 burócratas en tres años; cuatro por acoso laboral y sexual, el resto por faltas administrativas
Redacción Macronews.- En un esfuerzo por fortalecer la administración pública y garantizar espacios laborales seguros, el Gobierno de Quintana Roo ha cesado a 40 servidores públicos en los últimos tres años, de los cuales cuatro fueron dados de baja por casos confirmados de acoso laboral y sexual hacia compañeras de trabajo. El resto, 36 funcionarios, fueron separados de sus cargos por impuntualidad, ausencias injustificadas y reiterado incumplimiento de horarios.
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El oficial mayor, Adrián Díaz Villanueva, informó que estas medidas responden a la instrucción directa de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien ha establecido una política de cero tolerancia a la impunidad y al abuso dentro del servicio público.
“Se cumple con la protección de los derechos de los trabajadores del Estado y se refuerza el compromiso de mantener espacios libres de violencia”, señaló.
Los casos de acoso laboral y sexual fueron investigados y sancionados conforme a los protocolos internos, en coordinación con instancias jurídicas y administrativas. Díaz Villanueva subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que incluye la evaluación constante del desempeño, la implementación de inspecciones laborales y el combate a cualquier tipo de abuso institucional.
Respecto a los ceses por faltas administrativas, el funcionario explicó que tras el retiro de los relojes checadores durante la pandemia de Covid-19, se registró un descontrol en la asistencia del personal. Con su reinstalación y la aplicación de inspecciones laborales, se detectaron irregularidades que derivaron en la separación de los servidores públicos involucrados.
“No hay privilegios ni excepciones para quienes no respeten la ley”, afirmó.
Estas medidas se suman a los más de 2,500 casos mensuales de maltrato laboral que se reportan en el estado, según datos del Centro de Conciliación Laboral. La administración estatal busca con estas acciones enviar un mensaje claro: el servicio público debe regirse por principios de ética, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
