Un juez federal denegó el lunes la petición del gobierno de hacer públicas las transcripciones del jurado de acusación de su investigación sobre Ghislaine Maxwell, compañera durante mucho tiempo de Jeffrey Epstein, quien cumple una condena de 20 años de prisión por explotar sexualmente y abusar de niñas adolescentes.
La decisión se produce en un momento en que el presidente Donald Trump intenta aplacar las críticas y las teorías conspirativas de sus partidarios sobre Epstein y su círculo al presionar para que se revelen las transcripciones.
Hacer públicas las transcripciones significaría que el tribunal estaría aplicando una excepción de “circunstancias especiales” al secreto de los jurados de acusación, escribió el juez que supervisa el caso de Maxwell, Paul Engelmayer.
Permitir tal excepción “de forma casual o promiscua” erosionaría la confianza en las personas llamadas a declarar ante futuros jurados de acusación, escribió el juez Engelmayer.
“Este factor pesa mucho en contra de la apertura de las actas”, escribió el juez en su orden del lunes.
Los abogados de Maxwell se habían resistido a la petición del gobierno, y escribieron que aunque Epstein está muerto, “Ghislaine Maxwell no lo está”.
“Cualquiera que sea el interés que el público pueda tener en Epstein, ese interés no puede justificar una amplia intrusión en el secreto del jurado de acusación en un caso en el que la acusada está viva, sus opciones legales son viables y sus derechos al debido proceso permanecen”.
El abogado de Maxwell argumentó que había sido convertida en chivo expiatorio por los fiscales federales, quienes solo pudieron procesarla tras la muerte de Epstein.
Epstein, financiero que se movía en algunos de los círculos más exclusivos de Estados Unidos, fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019 mientras esperaba el juicio; su muerte fue declarada suicidio.
Maxwell fue detenida un año después y en diciembre de 2021 fue declarada culpable de tráfico sexual y otros cargos. Su condena fue confirmada en apelación. Ha pedido a la Corte Suprema que revise su caso.
La orden del lunes se produjo semanas después de que un juez federal de Florida denegara una petición del gobierno para hacer públicas las transcripciones del jurado de acusación de una investigación sobre Epstein.
Tanto en Nueva York como en Florida, los funcionarios del gobierno argumentaron que el caso revestía un gran interés público. El Departamento de Justicia dijo que la publicación de los documentos reforzaría las afirmaciones del gobierno de que este no había dejado piedra sin remover.
El gobierno argumentó que la divulgación estaría justificada porque la atención sobre los casos se había “intensificado recientemente”, después de que el Departamento de Justicia anunciara el mes pasado que había concluido su revisión de la investigación.
Durante meses, la fiscala general, Pam Bondi, había prometido la publicación de documentos que podrían mostrar detalles perjudiciales. Pero el Departamento de Justicia dijo a principios de julio que había cerrado el caso, sin divulgar información innovadora.
La medida provocó una reacción inmediata, sobre todo de los medios de comunicación conservadores y de los partidarios de Trump. Otra publicación de documentos relacionados con el caso Epstein realizada por Bondi en febrero tampoco causó el efecto deseado, pues las aproximadamente 200 páginas contenían poca información nueva.
