Dos exintegrantes de la pasada administración municipal, encabezada por Lili Campos Miranda (2021–2024), fueron vinculados a proceso por presuntas irregularidades relacionadas con la apropiación indebida de terrenos en la colonia Cristo Rey, según resoluciones emitidas por un juez de control en audiencias realizadas por separado.
Se trata de Ariadne “N”, ex-secretaria particular de la exalcaldesa, y Jorge “N”, quien se desempeñó como director de Asuntos Contenciosos del Ayuntamiento. Ambos enfrentan acusaciones por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y aprovechamiento ilícito de poder, previstos en el Código Penal de Quintana Roo.
![Vinculan a proceso a dos exfuncionarios de Playa del Carmen [Foto: Redes Sociales]](https://images.sipse.com/9xApkVBw9yUZJaSvOixWdeJDv40=/fit-in/900x500/2025/08/13/1755111085498.jpg)
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado (FECCQROO), los imputados habrían utilizado sus cargos para modificar documentos catastrales y adjudicarse predios que ya estaban en posesión de particulares, afectando directamente a sus propietarios.
En el caso de Ariadne “N”, la denuncia fue presentada por una pareja de adultos mayores que la acusó de despojarlos de un lote, el cual —según la carpeta de investigación FGE/QROO/SOL/01/784/2025— fue entregado con un nuevo título de propiedad a otra persona.
Respecto a Jorge “N”, las imputaciones provienen de familiares de un adulto mayor fallecido, beneficiario de otro terreno presuntamente adjudicado de manera ilegal. Por su cargo, el exfuncionario conocía el estatus legal del predio, lo que, según la fiscalía, le permitió participar en la maniobra.
Ambos fueron detenidos el pasado 7 de agosto en cumplimiento de órdenes de aprehensión y permanecen bajo prisión preventiva justificada en el Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen. El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria en el caso de Ariadne “N” y de dos meses para Jorge “N”, tiempo en el que el Ministerio Público recabará más pruebas y declaraciones de testigos.
Las denuncias que derivaron en estas imputaciones fueron interpuestas en marzo de 2025. Desde entonces, la fiscalía recopiló indicios, testimonios y documentos que acreditan presuntas irregularidades en la asignación de los terrenos.
El delito de aprovechamiento ilícito de poder puede alcanzar hasta 10 años de prisión. La vinculación a proceso de estos exfuncionarios se suma a otras investigaciones en curso por presuntos actos de corrupción durante la pasada administración municipal.
