Redacción Macronews.- El incendio en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que dejó 23 personas fallecidas, expuso una grave cadena de omisiones por parte de Protección Civil estatal. El establecimiento operaba desde 2021 sin un Programa Interno vigente, sin simulacros, sin rutas de evacuación y con un transformador privado sin mantenimiento documentado, pese a que el reglamento exige revalidaciones anuales y supervisión directa por parte de las autoridades.
El secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, confirmó que el plan fue autorizado en 2019, revalidado en 2020 y rechazado en 2021 por incumplimientos. Sin embargo, no se aplicaron medidas correctivas ni se suspendió la operación del local, como lo establece el artículo 26 del reglamento estatal. Esta omisión institucional permitió que el riesgo se mantuviera activo durante cuatro años.
La tienda, ubicada en la calle Doctor Noriega, contaba con una sola entrada abierta al público, sin salidas de emergencia, lo que impidió la evacuación durante el siniestro. El humo saturó el espacio en minutos, y la inhalación de gases tóxicos fue la principal causa de muerte. Además, no se habían realizado simulacros, como exige el artículo 23, lo que agravó la desorganización en los primeros momentos del incendio.
El fuego se originó en un transformador interno, cuya inspección era responsabilidad exclusiva de la empresa, al no estar vinculado a la infraestructura de la CFE. El artículo 22, fracción VIII, exige documentación de mantenimiento preventivo en equipos críticos, pero no había constancia de ello.
Expertos como Orlando Magaña, del Instituto de Geografía de la UNAM, advierten que los programas de Protección Civil y los Atlas de Riesgo solo son útiles si se traducen en acciones concretas. “La vulnerabilidad es el componente del riesgo que sí puede corregirse, pero eso requiere decisiones de fondo, no solo documentos”, señaló.
La tragedia en Waldo’s no fue un accidente impredecible, sino el resultado de una negligencia sostenida tanto por la empresa como por las autoridades encargadas de supervisar el cumplimiento de la ley. El caso exige una revisión profunda de los mecanismos de verificación y sanción en materia de protección civil en México.
