La Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) ha interpuesto ya dos denuncias penales contra desarrollos inmobiliarios irregulares y alistan siete más.
Además de que han alcanzado más de 15 denuncias, que suman en tres meses más de 1.1 millones de pesos. José Alberto Alonso Ovando, titular de la Sedetus, dio a conocer que ocho de las clausuras fueron en Isla Mujeres. Hasta el momento, la dependencia ha boletinado 116 desarrollos que no cuentan con los permisos para construir vivienda, además de que han realizado 137 verificaciones de inspección en construcciones de todo el estado, con el objetivo de identificar más fraccionamientos irregulares.
Se incrementó también de dos a 12 el número de inspectores, además de que las multas ahora son más severas. El monto de las multas contra desarrolladores que carecen de autorizaciones, lo cual explica el por qué se pasó de los 116 mil pesos en multas recaudadas en todo 2024 a más de un millón desde que se intensifica ron las verificaciones.
![Sedetus clausura proyectos inmobiliarios irregulares en Quintana Roo [Foto: Cortesía]](https://images.sipse.com/TN8ljlVwiWL4Ohq9haLQVsqVlOc=/fit-in/900x500/2025/11/13/1763046702452.jpg)
“Tenemos dos denuncias penales y estamos preparando otras porque hay gente que, no obstante, de que se le ha pedido que ya no lo siga haciendo, insisten. Realmente no queremos entrar en una confrontación con las personas. Lo que queremos es que se pongan en orden, que se regularicen, pero a veces, pues no quieren”, expuso Alonso Ovando.
Del total de los operativos que se han implementado 28 derivaron en clausuras preventivas; 29 en sanciones económicas; 15 se cerraron tras el cumplimiento de la normatividad y 72 continúan en proceso, añadió el funcionario. Los municipios con mayor número de procedimientos son Tulum con 42 expedientes; Playa del Carmen 25; Benito Juárez 17; Isla Mujeres con 14 y Othón P. Blanco suma 11.
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Alonso Ovando dijo que no se busca la confrontación e incluso se da la oportunidad de que los desarrolladores regularicen su situación, a pesar de que muchos comercializan vivienda aún a sabiendas de que esas propiedades carecen de permisos, lo cual es incluso un delito penal.
