Solo 25 de las más de 140 personas que fueron detenidas durante una redada masiva en San Antonio (Texas) el pasado 16 de noviembre tienen antecedentes penales.
Así lo detalló la oficina local del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en un comunicado, donde se ofreció por primera vez más detalles sobre los arrestos, que tuvieron lugar en un lote de puestos de comida ambulante donde también, según las autoridades, funcionaba un local de fiestas clandestinas.
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Las autoridades no dieron una lista con el nombre de los detenidos, pero informaron que la mayoría de ellos, 98, son de nacionalidad venezolana, 21 hondureños, 14 mexicanos, cuatro cubanos, dos ecuatorianos, un nicaragüense, un peruano, un guatemalteco y un salvadoreño.
Las detenciones se llevaron a cabo durante un operativo a las 3:00 de la mañana del domingo 16 de noviembre. Todos fueron trasladados a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según las autoridades, 50 de los detenidos son miembros “confirmados” del Tren de Aragua, una pandilla venezolana. Sin embargo, no entregaron más evidencia para explicar la relación con el grupo criminal.
Y es que, solo 25 de los detenidos, detalló el FBI, tienen “antecedentes criminales”. De ellos, 13 por crímenes federales y 12 por delitos menores.
Esta redada en el sur de Texas es el último ejemplo de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por arrestar y detener a la mayor cantidad posibles de migrantes que viven en el país.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) han acusado al Gobierno de estar cometiendo abusos contra la población, por medio del arresto indiscriminado y “sin respeto por los derechos humanos” de personas migrantes o de origen latino.
En operativos de este tipo en otras ciudades como Chicago (Illinois), Charlotte (Carolina del Norte) y Boston (Massachusetts), se ha visto como personas sin antecedentes criminales o con un estatus legal en Estados Unidos son también arrestadas, como consecuencia de la expansión de las fuerzas federales.
Un lugar de “fiestas clandestinas”
La redada ha provocado críticas por parte de los legisladores demócratas que representan en el Congreso nacional a varios distritos en San Antonio, quienes han exigido al Gobierno entregar más información sobre el motivo del operativo y los detenidos.
El congresista Joaquín Castro hizo pública esta semana la orden de registro -emitida por un juez del distrito del condado de Bexar- que dio luz verde al operativo.
En el documento, un agente especial del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS), detalla que su agencia “investigó” por meses el sitio donde se llevó a cabo la redada, ya que tenían información de un testigo confidencial de que en uno de los locales se vendía droga y se celebraran fiestas clandestinas frecuentadas por “miembros del Tren de Aragua“.
Usando al testigo confidencial, DPS asegura haber comprobado que un individuo, identificado como el responsable del establecimiento, vendía cocaína en el local.
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“Miedo” en la comunidad y falta de transparencia
Castro, en un comunicado publicado hoy, criticó lo que llamó “una inaceptable falta de transparencia” por parte del gobierno respecto al operativo.
Laura Flores-Dixit, abogada de la ONG American Gateways, coincidió con esta lectura e indicó que, en vez de crear seguridad, este tipo de redadas masivas generan una inculcan miedo en la comunidad latina e inmigrante de la región.
Su organización ha entrado en contacto con los familiares de al menos cinco de los arrestados, que han sido enviados a distintos centros de detención para migrantes en Texas. Todos ellos, detalló, son jóvenes de entre 20 y 24 años.
La activista levantó además las alarmas sobre los supuestos nexos entre algunos de los detenidos y el Tren de Aragua, asegurando que el Gobierno tiene un “patrón” de “declarar de manera unilateral pertenencia a esta banda criminal” sin ofrecer pruebas.
El gobierno Trump ha sido señalado por diversas organizaciones de derechos humanos de identificar y detener a migrantes venezolanos como miembros del Tren de Aragua sin pruebas o antecedentes penales, en lo que Human Rights Watch y Amnistía Internacional califican de “detenciones arbitraras”.
En dos de las instancias más polémicas, Washington envío a inicios de año a cientos de estos migrantes a un centro de detención de máxima seguridad en El Salvador y a la base naval de Guantánamo. La mayoría de ellos, según análisis de medios y organizaciones, no tenía antecedentes ni nexos con la banda criminal, sino que fueron señalados por sus tatuajes.
Fuente: LatinUS
