CONGRESO MEXICANO APRUEBA LEY GENERAL CONTRA EXTORSIÓN: ESTABLECE PENALIDADES DE 15 A 42 AÑOS DE PRISIÓN
Redacción Macronews.- La Cámara de Diputados federal ha dado luz verde a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una normativa trascendental que busca unificar el tipo penal a nivel nacional y endurecer significativamente las sanciones. Con esta aprobación, el proyecto establece penas de prisión que oscilan entre 15 y 42 años, dependiendo de la gravedad del delito y de las agravantes concurrentes. Tras el aval, el decreto ha sido remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), paso que marcará su entrada en vigor y su aplicación obligatoria en todo el territorio mexicano.
El objetivo central de la nueva Ley es frenar el incremento de víctimas de extorsión registrado en los últimos meses. Para ello, se incorpora este delito al catálogo de conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa, especialmente cuando se configure alguna de las 43 agravantes previstas en el articulado. Además de homologar las sanciones, la legislación permite la presentación de denuncias anónimas, fortaleciendo así las herramientas ministeriales.
Sanciones Específicas Contempladas
La normativa contempla un régimen de castigos severos que buscan inhibir tanto a los perpetradores como la complicidad institucional:
Extorsión Simple y Agravada: Las penas principales se establecen de 15 a 42 años de prisión, en función de la modalidad delictiva y las agravantes aplicables al caso.
Servidores Públicos por Omisión: Los funcionarios que omitan denunciar la extorsión ante el Ministerio Público o las corporaciones policiales podrán enfrentar penas de 10 a 20 años de cárcel. Esta disposición busca erradicar la tolerancia o complicidad institucional.
Facilitación desde Centros de Reclusión: Aquellas autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o permitan la operación de extorsiones al interior de las cárceles serán sancionados con penas de 15 a 25 años de prisión, buscando cortar la fuente de cobros ilegales originados en estos espacios.
Uso de Dispositivos por Internos: Los internos que utilicen dispositivos electrónicos para contactar a posibles víctimas, así como los funcionarios que permitan su ingreso, se harán acreedores a penas de seis a 12 años de prisión.
Es relevante mencionar que el Senado de la República había realizado 20 modificaciones a 15 artículos del proyecto original, cambios que fueron aceptados en su totalidad por la Cámara de Diputados, asegurando el consenso legislativo para el avance del decreto. Una vez publicada y en vigor, las nuevas disposiciones deberán ser aplicadas de forma inmediata por las autoridades competentes en las investigaciones y procesos vinculados a la extorsión a nivel nacional.
