CIUDAD DE MÉXICO. El senador Eugenio “Gino” Segura votó a favor de la nueva Ley de Aguas Nacionales en el Senado de la República, afirmando que la reforma pone fin a un modelo que convirtió el agua en una mercancía y un negocio de especulación, regresando la rectoría del recurso al pueblo de México.
En un comunicado emitido el 4 de diciembre de 2025, el Senador quintanarroense respaldó la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que el agua es «vida y un derecho humano para todas y todos».
“¿En qué cabeza cabe pensar en el agua como un negocio?”, cuestionó Segura, y afirmó: “El agua no es un negocio; es un derecho del pueblo de México”.
💸 Fin a la Especulación con Títulos de Concesión
Gino Segura recordó que la Ley de Aguas Nacionales de 1992, conocida como “Ley Salinas”, permitió que el agua se convirtiera en un activo financiero. Bajo este esquema, los títulos de concesión eran «cheques al portador» que se compraban, vendían y acaparaban, llevando a que grandes consorcios especularan con agua subsidiada.
El Senador destacó las graves consecuencias de este modelo, incluyendo el costo económico por agotamiento y degradación del agua, que superó los 102 mil millones de pesos anuales.
“Eso es lo que defendían: el privilegio de uno sobre la necesidad de miles. Dejaron sin agua al pueblo para llenar los bolsillos de unos cuantos. A la oposición no le preocupa el agua; le preocupa que se les acabó el negocio”, sentenció.
✅ La Nueva Ley: Justicia Hídrica y Soberanía Alimentaria
El senador Segura enfatizó que la reforma aprobada protege el binomio tierra-agua, brinda certidumbre a los pequeños productores y, de manera crucial, elimina el mercado secundario de títulos, derogando los artículos que permitían la transmisión especulativa de derechos entre privados.
“Si sobra agua, no se vende al mejor postor; se destina al Fondo de Reserva para quienes no tienen acceso y para fortalecer nuestra soberanía alimentaria. Pasamos del ‘negocio del agua’ al ‘derecho al agua’”, subrayó.
Gino Segura concluyó que la reforma sustituye la especulación por la reasignación pública y el mercado por la justicia hídrica, cumpliendo así con la Constitución y con la ética.
