JUSTICIA DESIGUAL EN CANCÚN: AMPAROS DE HASTA 250 MIL PESOS PROTEGEN A AGRESORES Y RETRASAN PROCESOS POR MÁS DE 24 MESES
Redacción Macronews.- Integrantes del colectivo feminista “Xtabay” se manifestaron este jueves frente a los tribunales federales de Cancún, situados en la avenida Andrés Quintana Roo, para denunciar lo que califican como un uso sistemático y abusivo de los recursos federales para proteger a presuntos criminales. La protesta centró su exigencia en la negativa de amparo para Carlos Atanasio “N”, sujeto vinculado a proceso por el presunto abuso sexual de su hijo de tres años, quien, a pesar de contar con una orden de prisión preventiva, permanece en libertad gracias a la protección de la justicia federal.
La abogada y activista Ariadne Song Anguas, líder del movimiento, señaló que el sistema judicial actual presenta una brecha económica insalvable: mientras un agresor puede invertir hasta 250,000 pesos en un juicio de amparo para evadir la cárcel, las víctimas dependen de defensores de oficio que raramente recurren a instancias federales. Esta disparidad permite que los presuntos victimarios retrasen sus sentencias entre uno y dos años, dejando a las madres y menores en una situación de vulnerabilidad extrema y temor constante.
Durante la movilización, se subrayó que Carlos Atanasio “N” fue vinculado en segunda instancia; sin embargo, en lugar de presentarse ante las autoridades, optó por la vía del amparo, una estrategia que ha mantenido a la madre del menor en un estado de confinamiento preventivo por seguridad personal desde el año pasado. Song Anguas advirtió que, ante la reciente reforma judicial, los nuevos jueces electos deberán actuar con mayor rigor y sensibilidad social, pues los colectivos mantendrán una vigilancia estrecha sobre las resoluciones que permitan a agresores evadir la acción de la justicia.
La manifestación también sirvió de plataforma para testimonios de violencia vicaria e institucional. Casos como el de Nashelli Gutiérrez Pérez, quien enfrentó un encarcelamiento injusto antes de recuperar a su hija, y el de Teci, víctima del exdirector del Planetario de Playa del Carmen, Jaime Alberto B. M., evidenciaron un patrón de irregularidades en la procuración de justicia. Las activistas concluyeron que, si bien el amparo es un derecho constitucional, su aplicación irresponsable está convirtiendo a la ley en un privilegio para quienes poseen recursos económicos, perpetuando la impunidad en Quintana Roo.
