CANCÚN, Q. ROO. – Un Tribunal Colegiado otorgó una suspensión definitiva en el juicio de amparo promovido por el colectivo Sélvame del Tren, marcando un hito en la batalla legal por el tramo que conecta Cancún con Tulum. La resolución judicial mandata a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a dejar la pasividad y ejecutar acciones inmediatas de verificación, inspección y conservación en las zonas de obra.
Control institucional y ambiental La orden judicial no cancela el proyecto, pero establece un mecanismo de control riguroso. La Subprocuraduría de Recursos Naturales de la Profepa deberá supervisar que cada pilote y cada metro de vía cumpla estrictamente con la normativa ambiental. Además, la autoridad está obligada a dar seguimiento formal a las denuncias ciudadanas sobre la afectación a ríos subterráneos y cavernas, un ecosistema de alta fragilidad en la Península de Yucatán.
Un mensaje de la sociedad civil Guillermo DChristy, presidente del colectivo, celebró el fallo como un reconocimiento a los derechos de la naturaleza. «Es un mensaje claro: la sociedad civil organizada puede incidir», afirmó. Este nuevo capítulo judicial ocurre en un contexto de debate intenso por el costo del proyecto, el cual ha pasado de una estimación original de 156 mil millones de pesos a superar los 500 mil millones, intensificando las dudas sobre su viabilidad frente al impacto ecológico en el corredor Cancún-Tulum.
