Redacción Macronews.- Un juzgado federal en Chetumal rechazó resolver el amparo promovido por la defensa del exgobernador Mario Villanueva Madrid, quien busca obtener la libertad condicionada tras cumplir parte de su condena de 37 años por delitos relacionados con sustancias ilícitas.
La solicitud fue desechada por el Juzgado Sexto de Distrito, bajo el argumento de que el órgano competente para analizar el caso es un tribunal con sede en la Ciudad de México, donde previamente se emitió la resolución que negó el beneficio legal el pasado 2 de diciembre de 2025.
De acuerdo con el expediente 106/2026, el exmandatario impugnó la negativa de libertad condicionada dictada por el Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas, recurso que forma parte de la estrategia legal para evitar regresar a prisión y eventualmente dejar el arresto domiciliario que cumple desde el año 2020 en un inmueble del fraccionamiento Andara, en la capital quintanarroense.
Defensa busca libertad por salud y edad avanzada
La jueza federal Reyna Oliva Fuentes López determinó que el caso debe ser atendido por autoridades judiciales de la capital del país, al ser el lugar donde se originó la resolución impugnada. Esta decisión retrasa la posibilidad de que se revise de inmediato la solicitud de libertad condicionada.
La situación jurídica del exgobernador se complica aún más debido a que la Fiscalía General de la República solicitó desde enero de este año su reingreso a prisión en el estado de Morelos, con el objetivo de que concluya el cumplimiento total de su sentencia.
Villanueva Madrid fue detenido en mayo de 2001 a las afueras de Cancún y posteriormente trasladado a diversos centros penitenciarios, incluyendo una prisión en Estados Unidos, como parte de los procesos judiciales en su contra.
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Su defensa argumenta que el exgobernador debe obtener la libertad debido a su edad avanzada y a problemas de salud, entre ellos una hernia recientemente diagnosticada que limita su movilidad. Sin embargo, el proceso legal continúa abierto y será un tribunal en la capital del país el que determine el futuro inmediato de su situación jurídica.
