Redacción Macronews.- El sector empresarial de Quintana Roo manifestó su preocupación ante las recientes reformas que facultan a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias por presunta actividad ilícita, al considerar que esta medida podría generar incertidumbre económica y poner en riesgo hasta el 100% de los empleos vinculados a empresas afectadas.
El vicepresidente de Empresarios por Quintana Roo, Marcos Gutiérrez Martínez, señaló que las modificaciones legales, respaldadas por determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), obligarán al sector productivo a reforzar sus protocolos administrativos para evitar contingencias financieras.
De acuerdo con el representante empresarial, la posibilidad de que una cuenta sea inmovilizada de forma inmediata, sin una resolución definitiva, genera un escenario de vulnerabilidad para las compañías, ya que podrían quedarse sin acceso a sus recursos operativos de un momento a otro.
Advirtió que, aunque el objetivo de la Federación es combatir el lavado de dinero, la aplicación de estas medidas podría derivar en excesos que afecten la certeza jurídica y el derecho de defensa de los contribuyentes, impactando directamente en la estabilidad de las inversiones.
ALERTAN IMPACTO EN EMPLEO Y OPERACIÓN EMPRESARIAL
Gutiérrez Martínez destacó que una de las principales preocupaciones es el posible efecto en la generación y conservación de empleos, ya que una empresa sin acceso a sus cuentas bancarias podría detener operaciones de forma inmediata.
Ante este panorama, consideró necesario que el sector privado invierta en asesoría especializada en prevención de lavado de dinero y en sistemas de cumplimiento normativo, con el fin de reducir riesgos y fortalecer la gestión interna.
Asimismo, señaló la importancia de mantener documentación ordenada y actualizada para responder ante cualquier revisión o procedimiento administrativo que pudiera derivarse de estas disposiciones.
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El sector empresarial insistió en la necesidad de equilibrar las acciones de combate a actividades ilícitas con la protección de la actividad económica formal, a fin de evitar afectaciones a la inversión y al empleo en la entidad.
