Hace algunos años, cuando llegué a la redacción del periódico en que trabajaba y le dije a mi jefe que llevaba la nota del día con la que iba a quedar en evidencia cómo Mario Villanueva Madrid estaba repartiendo posiciones con integrantes de otros grupos políticos, me dijo:
“¿A caso son bandidos repartiéndose el botín?”.
Y efectivamente, por la actitud que suelen tomar muchos políticos, a menudo podríamos pensar que se trata de eso, de bandidos repartiéndose el botín en lugar de profesionales de la política organizándose para tomar decisiones que permitan a toda una sociedad desarrollarse en una convivencia armónica, en la que se genere prosperidad para todos y no a unos cuantos.
En los últimos años, ante la incapacidad de acceder al botín por sí solos, los partidos políticos han buscado aliarse sin importar que ello implique dejar a un lado su ideología y ello ha propiciado que las coaliciones, sinónimo de gobiernos modernos en varios países, sean lo contrario en México, donde son disfuncionales, porque solo se construyen con el interés inmediato de evitar triunfos del PRI y no con el propósito de construir programas de administraciones plurales que integren lo mejor de las diversas ideologías políticas.
Son en estricto sentido, un fraude que afecta los intereses de la ciudadanía, porque ofrecen un cambio que nunca llega y, por el contrario, afirman politólogos de reconocidas instituciones como el Tecnológico de Monterrey, el único crecimiento que heredan es la violencia, quebranto a los derechos humanos, pobreza y corrupción, como ocurre en Puebla, Oaxaca y Sinaloa.
Ambas entidades son tres de los cinco estados en los que en 2010 hubo alianzas que lograron ganar la gubernatura, los congresos y las presidencias municipales más importantes que tres años después perdieron de nuevo ante el PRI por el desencanto ciudadano.
Benito Juárez, en Quintana Roo y Boca del Río, en Veracruz, considerados entre los municipios más importantes del país, son un ejemplo del desencanto de la población que en 2010 votó por candidatos aliancistas y desilusionada regresó el poder al PRI en 2013, señala Sergio Bárcena, profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.
Pero aún con los malos resultados de sus gestiones frescos en la memoria de los electores, varios de los personajes que participaron en esos polémicos gobiernos aliancistas buscan de nuevo revivir los acuerdos electorales fundamentalmente entre el PAN y PRD para volver por sus fueros en Quintana Roo.
Y para cumplir con sus objetivos, los de ganar elecciones claro, no la construcción de gobiernos plurales y eficientes, son capaces de lo que sea necesario y ante la falta de figuras propias o de representantes de la sociedad civil aptos a la aventura, están dispuestos a postular -como en Puebla, Oaxaca y Sinaloa- a algún priista inconforme.
De hecho, hace unos días Alonso Ventre Sifri, presidente del Consejo Político del PRD en Quintana Roo, aseguró que la alianza con el PAN está autorizada, pero no firmada y que el candidato más probable sería “un priista que no está participando en el proceso de selección de candidatos del PRI”, es decir, del ex subsecretario de Turismo federal Carlos Joaquín González.
Sin embargo, a pesar de que las dirigencias nacionales del PAN y PRD ya aprobaron la alianza en Quintana Roo, ésta todavía no se concreta y no se descarta que siga el mismo camino del fracaso por el que se fueron acuerdos similares pactados para Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
Y es que los integrantes de las directivas, las únicas que sacan provecho de las alianzas, podrán estar de acuerdo, pero en las bases se registra una creciente inconformidad, fundamentalmente porque quienes por su militancia se sienten con derechos suficientes a una candidatura ven amenazadas esas posibilidades ante las condiciones que pretende imponer Joaquín González.
La información proveniente de panistas destacados señala que para aceptar la alianza el ex alcalde de Solidaridad exige para priistas allegados a él las presidencias municipales más importantes y varias diputaciones.
Así, por ejemplo, para la capital del Estado quiere como candidata a la presidencia municipal a la ex alcaldesa Cora Amalia Castilla Madrid, prima de Mario Villanueva Madrid, que tiene y es todo lo que es gracias al sistema priista.
Además, Joaquín González también pide que Benito Juárez sea para Jesús Pool Moo; Tulum para el tabasqueño Jorge Portilla Manica; Solidaridad para Juan Carlos Pereyra e Isla Mujeres para los de siempre, para Atenea Gómez Ricalde, hija de la dos veces ex alcaldesa panista Alicia Ricalde Magaña.
Asimismo, también quiere que Luis Torres Yáñez sea candidato a diputado en el Distrito XIV, otras cuatro posiciones en el Congreso, una diputación plurinominal segura y puestos en los ayuntamientos de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, donde la población ya experimentó gobiernos provenientes del PAN y PRD.
O sea, casi el carro completo, marginando a panistas y perredistas de abolengo de la posibilidad de participar en la contienda electoral.
Como ocurrió en 2010 en otras entidades que ahora tienen la posibilidad de rectificar, la alianza que se propone en Quintana Roo es sólo una coalición electoral pragmática, sin un proyecto claro y sólido, que no responderá a las expectativas de la población y despojará a auténticos panistas y perredistas del poco patrimonio político que aún poseen.
¿Se dejarán despojar?
Platea
Bibian Castillo, que muy joven, incluso antes de graduarse como abogada, inició su carrera policial en la PGR, está en franca consolidación de su historia profesional ahora como directora de la Policía Turística, en la que con el apoyo del gobernador Roberto Borge Angulo y del presidente municipal de Benito Juárez, Paul Carrillo de Cáceres, ha impuesto su propio estilo, uno en el que enfatiza la proximidad social.
Un jefe policiaco, los agentes mismos no tienen por qué ser mal encarados para ejercer la autoridad y tampoco bloquear una comunicación directa con la ciudadanía. Ambos conceptos lo entiende bien Bibian Castillo, quien tiene la delicada tarea de coordinar los esfuerzos de una policía que, además de imponer el orden, tiene que hacerlo con el tacto suficiente para evitar que el turista se sienta incómodo ante la presencia de la autoridad.
Además de ello, la Policía Turística también implementa acciones de protección de jóvenes estudiantes que se van “de pinta” en la zona hotelera y que, cuando son detectados, son resguardados y entregados a sus padres con el exhorto de no poner en riesgo a sus hijos menores de edad.
Durante el año pasado se registraron 45 casos de ese tipo y en lo que va de 2016 ya suman 15.
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