La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel del Altiplano en julio del año pasado coincidió con una investigación en curso sobre su entorno financiero. Las autoridades buscaban determinar qué personas y empresas formaban la red de lavado de dinero.
Las investigaciones las realizaban la PGR y el Cisen, y varias hebras llevaban a desarrollos inmobiliarios para clientes de altos ingresos, cadenas de establecimientos comerciales y franquicias en Puebla, relacionadas con empresarios y políticos, entre los cuales se tienen indicios de vinculaciones con, cuando menos, un exgobernador. Cuando se extrajeron los datos del teléfono de uno de los abogados de Guzmán tras su evasión, el camino de la conspiración para sacarlo de la cárcel los regresó a Puebla.
Las primeras investigaciones sobre la red de lavado de dinero en Puebla surgieron hace casi una década en Estados Unidos, y nombres de personas involucradas en aquellos delitos documentados en la Corte Sur de Distrito en Florida –donde el gobierno estadounidense ha radicado una vez más la pesquisa sobre Guzmán y los posibles crímenes en los que pudiera haber estado involucrada la actriz Kate del Castillo– reaparecieron el año pasado. El Cisen fue captando información a partir de las escuchas de El Chapo Guzmán en la cárcel del Altiplano después de su captura en febrero de 2014, que era una de las razones por las que se oponía a su extradición en aquél entonces.
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La información del Cisen probó, sin embargo, no ser suficiente para encontrar la principal pista al financiamiento de la evasión. Esta se logró cuando la PGR pudo extraer todos los datos de los teléfonos del entonces principal abogado del narcotraficante, Manuel Gómez Núñez, que condujeron a la identificación de Manuel Rodolfo Trillo Hernández quien, de acuerdo con las autoridades, financió la fuga que tuvo un costo estimado de 53 millones de pesos, de los cuales poco más de dos millones los aportó el Cártel Jalisco Nueva Generación, fundado por Guzmán cuando entró a disputar la plaza a Ignacio Coronel, tío de su segunda esposa, que murió en un enfrentamiento con el Ejército en 2010. Con ellos compraron el terreno donde se edificó una casa de donde partió el túnel por donde escapó, adquirieron el equipo y las herramientas que se utilizaron para excavarlo, así como el traslado de expertos alemanes –de un lugar aún desconocido– que entrenaron a los mineros mexicanos que lo construyeron.
Trillo Hernández, de acuerdo con la investigación, había lavado cuando menos 22 millones de dólares de Guzmán entre enero de 2012 y abril de 2015. Los investigadores dijeron que cuando se requirieron fondos para la fuga, el cuñado de Guzmán, Édgar Coronel, fue a solicitárselo. Según los funcionarios, le llevaron un mensaje de El Chapo, que en esencia era el siguiente: nunca te he pedido nada, pero hoy es cuando tienes que darme algo de los millones que te di a ganar. El empresario poblano soltó los recursos, y fue capturado por las autoridades en octubre del año pasado. Desde que ingresó a la cárcel, añadieron las autoridades, Trillo Hernández no ha dicho nada que pudiera imputar a Guzmán.
El empresario llevaba años bajo sospecha de ser lavador de dinero de Guzmán y del Cártel del Pacífico luego de que en 2007, por presiones del gobierno de Estados Unidos, se intervino la Casa de Cambio Puebla, señalada en Washington como parte de instituciones financieras en la red de lavado de dinero para Guzmán y el Cártel del Pacífico. Uno de los 18 socios de esa casa de cambio –entre cuyos accionistas había políticos priistas y panistas–, que tenía su casa matriz en la Ciudad de México, era su hermano Miguel Ángel Trillo Hernández, a quien la PGR señaló como uno de los presuntos operadores de la logística en la primera fuga de El Chapo en 2001, que fue financiada por el jefe del cártel sinaloense, Ismael El Mayo Zambada, compadre de Guzmán.
Las autoridades estadounidenses llevan amplia ventaja sobre las mexicanas en la investigación sobre lavado de dinero, que se empezó a retrasar, de acuerdo con fuentes en el sector financiero, desde que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con funcionarios mexicanos, el gobierno de Estados Unidos ha sido reticente en proporcionarles detalles de sus pesquisas sobre Guzmán, su entorno y el Cártel del Pacífico. Es decir, la información que tienen actualmente en la Corte en Florida no les ha sido compartida por razones que, si bien no se han aclarado, refleja la desconfianza que la actual administración genera en Washington.
Las redes de vínculos financieros que estaba trabajando el Cisen se han ido complementando con los resultados de las investigaciones de la PGR tras la evasión de Guzmán. Funcionarios federales dijeron que existen indicios de que desarrollos inmobiliarios de lujo en la capital poblana de prestanombres de políticos –incluido presuntamente un exgobernador– y empresarios, fueron impulsados con dinero de Guzmán y el Cártel del Pacífico, que llevan años lavando dinero en el estado. Las pistas hacia un exgobernador son previas a la fuga de Guzmán en julio del año pasado, pero cada vez que los investigadores querían profundizar en ellas, los frenaban en la PGR. Las condiciones han cambiado desde entonces, aunque no se sabe si también la voluntad política para ir hasta el fondo, sin importar lo que duela al sistema.
Fuente: El financiero
