74% de los encuestados tiene la impresión de que el crimen organizado posee el control de las prisiones; 61% piensa que la riña en Topo Chico fue producto de la negligencia
La corrupción en los penales estatales es vista como la principal causa de motines en ese tipo de prisiones, como el ocurrido en la cárcel de Topo Chico, en Nuevo León. Para la opinión pública, el crimen organizado es quien controla las prisiones del país. Si bien se ve que las revueltas de presos es un problema recurrente, la población no está dispuesta a pagar más impuestos para reforzar el sistema penitenciario ni acepta que se sacrifique gasto social para reasignarlo a este fin, según se observa en la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
La amplia mayoría de la población se enteró de los recientes motines en los penales de Topo Chico en Nuevo León y de Ciudad Victoria (75%). La población tiene la impresión de que estos enfrentamientos en las prisiones estatales son generados más por la mayor facilidad para la corrupción en esos penales locales que por la falta de recursos para prisiones para reclusos muy peligrosos o de espacios de reclusión para este tipo de presos en las cárceles federales de alta seguridad (gráfica 1). Debido a estos sucesos y otros ocurridos en el pasado reciente, predomina la impresión de que es el crimen organizado y no el gobierno quien tiene el control del funcionamiento de las cárceles en el país (74%) (gráfica 2).
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En el caso del enfrentamiento en Topo Chico, se coincide con que la pérdida del control de este centro penitenciario se debió principalmente a la corrupción de las autoridades de la cárcel y a la existencia de un sistema ineficiente de prevención y procuración de justicia. De hecho, se piensa que el motín fue producto más de la negligencia de las autoridades que permiten la existencia de bandas (61%) que del interés del crimen organizado por controlar las cárceles (17%) (gráfica 3).
Se acepta en mayor o menor medida la versión de las autoridades locales, en el sentido de que en la riña en Topo Chico hubo complicidad de los encargados de la seguridad y administración del penal con reos peligrosos, miembros de Los Zetas y otros cárteles (le cree/le cree en parte, 68%). En cualquier caso, se desaprueba la manera como el gobierno neoleonés de Jaime Rodríguez, El Bronco, enfrentó la crisis causada por el motín (desacuerdo/ desacuerdo en parte, 47%) (gráfica 4).
Existe amplio consenso con que la falta de control en cárceles como la de Topo Chico es algo que ocurre con frecuencia (85%) y tiende a pensarse que es un problema que se presenta desde gobiernos anteriores al de Peña (52%). Asimismo, en lo tocante a las prisiones estatales, se cree que ocurren porque las administraciones de los estados no asignan los recursos necesarios al manejo de los penales (63%). Sólo 20% se inclina más a la idea de que se deben a que el gobierno federal no previó la necesidad de más espacio para reclusos peligrosos en las prisiones como resultado de su lucha contra el crimen organizado.
Para evitar las revueltas de presos en las cárceles estatales, la opinión pública prefiere más que se construyan nuevos penales federales de alta seguridad (54%) que promover dar más dinero federal a los estados para reforzar sus centros penitenciarios (24%) (gráfica 5). Aunque se califica desfavorablemente al sistema penitenciario del país (mal 71%, pésimo 9%) (gráfica 6), la gente no está dispuesta a pagar más impuestos para mejorar el funcionamiento de las cárceles existentes y construir nuevas (nada dispuesta, 72%) (gráfica 7) ni tampoco acepta que se quite gasto social para asignarlo a la construcción de penales para reos de alta peligrosidad (67%).
En cambio, para aflojar la presión causada por la sobrepoblación en penales del país, la población respalda la propuesta de disminuir el tiempo de prisión a reclusos sentenciados por delitos no violentos (61%) y quitar la pena de cárcel a delitos de bajo impacto social y sustituirla por otro castigo (77%) (gráfica 8).
Fuente: Excelsior
