Amamantan impunidad

En cambio, los gobiernos de España, Francia, Australia, Holanda, Finlandia y otros abren indagatorias en torno al esquema en el cual 140 personalidades a escala mundial realizaron operaciones para evadir el pago de impuestos, evitar sanciones y realizar lavado de dinero en paraísos fiscales a través del despacho panameño Mossack Fonseca. Rusia, China, Gran Bretaña, Alemania, Ucrania, Argentina, España y Panamá se ven sacudidas por las filtraciones de la operación hechas el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICI, por sus siglas en inglés).

Curiosamente empresarios y políticos estadounidenses no aparecen por ningún lado como usuarios de los paraísos fiscales denunciados. Para el Kremlin la difusión de estas “conjeturas y suposiciones” forman parte de un ataque dirigido contra Putin y buscan desestabilizar la situación de Rusia de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre y las presidenciales de 2018; en China, los medios abordaron las revelaciones de los Papeles de Panamá sin mencionar a los personajes locales involucrados, al menos ocho miembros, antiguos o actuales, del Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino; en Islandia, el primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson, presentó su renuncia como exigieron miles de personas en Reikiavic; en España, las autoridades advirtieron que irán contra los que evadieron impuestos; en Argentina, aliados del presidente Mauricio Macri, le exigieron aclarar su participación en sociedades offshore; y en Panamá el gobierno abrió una investigación al despacho de abogados Mossack Fonseca.

En cambio, las investigaciones sobre evasión del pago de impuestos y el lavado de dinero no ocupan a las autoridades hacendarias de México, más preocupadas en cubrir la movilización de dinero a través de distintas redes financieras de varios países realizada por Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, el contratista favorito del presidente Enrique Peña Nieto, e investigado por la Función Pública por los casos de la llamada “Casa Blanca” del propio primer mandatario y de la residencia de Malinalco, Estado de México, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray. El manto de opacidad e impunidad también se amplia hasta el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y el vicepresidente de Finanzas de Televisa, Alfonso de Angoitia, poderosos aliados electorales del actual inquilino de Los Pinos. Tanto Salinas como de Angoitia se deslindaron ya de los señalamientos de presunta evasión de impuestos  por medio de paraísos fiscales, y aseguraron “las transacciones fueron legales”. Desde ahora les adelantamos: será ésta la versión prevaleciente al concluir las indagatorias del SAT.

POBRE DEL POBRE

Los escándalos estallan a la actual administración federal casi a la misma velocidad del remate de la riqueza energética del país por el temor de perder la elección presidencial del 2018 y la mayoría en el Congreso de la Unión, mientras se incrementa la producción de pobres en la gestión del mexiquense y, como se lo señalamos en estas mismas líneas ayer aquí,  obliga al régimen a armarse contra la protesta social por ello se avanza en el entramado jurídico de legalización de la represión oficial y la suspensión de garantías individuales.

El traspaso de la riqueza energética del país a un puñado de inversionistas privados, cercanos al primer círculo en el poder, va viento en popa en el gobierno neopriísta (tenocrático salinista). Al mismo tiempo, durante el primer bienio de esta administración el número de pobres en el país se incrementó en cerca de 2 millones, y en más de 3 millones si la medición se realiza por el lado del patrimonio, hasta sumar, al cierre de 2014, 55.3 y 63.8 millones de personas en cada caso, de acuerdo al más reciente informe del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social).

Tanto la reducción del ingreso del hogar entre 2012 y 2014 como la dinámica demográfica fueron factores en el incremento de la pobreza en ese periodo. El ingreso corriente total promedio trimestral por hogar se redujo en términos reales en 3.5 por ciento entre 2012 y 2014. De acuerdo con los mismos datos del Coneval, en el año 2000 existían 23.7 millones de mexicanos en pobreza alimentaria y 52.7 millones en pobreza patrimonial. Para el cierre del 2014, reportó la existencia de 24.6 millones de mexicanos en pobreza alimentaria y 63.8 millones en pobreza patrimonial.

También la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) confirmó en el documento “Panorama Social de América Latina 2015”, en el cual se exceptúa  a en México y Costa Rica: “de 2010 a 2014 en la mayoría de los países hay caída o disminución de la pobreza”. El informe destaca: la pobreza en México avanzó a 51.6% de la población del país en 2012 a 53.2% en 2014, mientras que la indigencia creció 0.6%, al afectar a 20.5 por ciento. A través de una videoconferencia desde Santiago de Chile, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la ONU, explicó el aumento de la pobreza en México como algo más estructural que coyuntural, porque hay erosión de los salarios mínimos y una alta tasa de natalidad entre la población marginada. Además, los programas de transferencias como Prospera no logran compensar la caída de ingresos de los pobres e indigentes.

En tanto la pobreza crece en el territorio nacional, de acuerdo con los datos más recientes del Banco de México, a diciembre de 2015 había en el exterior alrededor de 55 mil 413.22 millones de dólares de mexicanos depositados o invertidos en instrumentos financieros. No obstante, un reporte del 2012 de la Red para la Justicia Fiscal, una coalición independiente de investigadores y activistas preocupados por los delitos de evasión de impuestos y paraísos fiscales, revela que ciudadanos mexicanos han transferido más de 417 mil millones de dólares hacia paraísos fiscales, más del doble de la reserva internacional de divisas del país. Los recursos son movilizados en su mayoría a través de instituciones de banca privada.

México es el sexto país donde más recursos se canalizan hacia los paraísos fiscales en un ranking que compara a naciones de América Latina,  Europa del Este y Asia, de acuerdo con el único cálculo a la fecha –extraoficial- del flujo de dinero de mexicanos hacia dichos paraísos fiscales.  Pero para Aristóteles Núñez, jefe del SAT, no es ilegal tener recursos en el extranjero o en paraísos fiscales, lo ilegal –añadió- es que si esos recursos generaron dividendos no se paguen los impuestos correspondientes. Además, hizo el recordatorio sobre la apertura existente un programa de incentivos para regularizar el pago de impuestos de capitales depositados en el exterior, el cual concluye en junio próximo, bajo la jurisdicción de ese órgano fiscal.

REFUERZAN IMPUNIDAD

El único camino localizado por la administración de Enrique Peña Nieto a fin de hacer prevalecer la impunidad en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y eludir la implicación de las fuerzas armadas del Estado, es defender contra viento y marea la “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam, emitida sin ningún fundamento científico y basada sólo en especulaciones y mentiras. Para ello se aferró en promover y llevar a cabo un tercer peritaje en el basurero de Cocula porque en los dos anteriores se negó la posibilidad de que allí se hubiera incinerado persona alguna; en desacreditar a los padres de los normalistas desaparecidos e intentar ligarlos con el cártel del narcotráfico Guerreros Unidos, y para desviar la atención, reactivar la narconovela de El Chapo, con un nuevo capítulo sobre las infiltraciones de la DEA al cártel de Sinaloa.

Derivado de las investigaciones efectuadas en torno a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 20914, se habían realizado dos peritajes. El primero, en septiembre de 2015, con base en un estudio elaborado por José Torero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) descartó tajantemente la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que en el basurero se hubieran incinerado a los normalistas. Ello era “científicamente imposible”, y el medioambiente del sitio era el “más ineficiente” para llevar a cabo esa acción, aseguró el especialista peruano. Para incinerar los 43 cuerpos, precisó, se requerían 30 mil 100 kilos de madera o 13 mil 300 llantas durante 60 horas.

En este año, el pasado 9 de febrero, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) difundió el resultado de un segundo peritaje con la conclusión: no hubo incendio en el basurero. “No se respalda la hipótesis de que hubo fuego de la magnitud requerida y de la duración informada en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 que habría arrojado como resultado la incineración en masa de los 43 estudiantes”, señaló este estudio el cual terminó de echar por tierra la “verdad histórica” de la PGR.

Ahora, tal y como se esperaba, el Grupo Colegiado de Expertos en Fuego determinó, en un estudio aún no concluido, la existencia de “evidencia suficiente, incluso observable físicamente, para afirmar la existencia de un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el basurero de Cocula”, y al menos 17 seres humanos adultos fueron quemados en el lugar. Ricardo Damián Torres, un investigador certificado en incendios y técnico de recolección de evidencias, dio a conocer los resultados iniciales de este tercer peritaje.

El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Éber Omar Betanzos Torres, señaló: “en cumplimiento con los objetivos y plazos establecidos en el acuerdo para la realización del nuevo estudio del fuego en el basurero de Cocula, formalizado el 25 de enero de 2016 y con una agenda suscrita el 12 de febrero, la noche del domingo pasado la PGR y el GIEI recibieron del grupo de especialistas internacionales –John DeeHaan, Frederick W. Mowrer, James D. Quintiere, Ricardo Torres, José Torero y Mario Saldaña- el informe sobre un posible incendio los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

La Procuraduría General de la República  difundió los resultados preliminares del nuevo peritaje al basurero de Cocula, a pesar de la existencia de un pacto de confidencialidad y de consenso en su presentación, ante lo cual el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró roto el acuerdo sobre el particular con la PGR. Por esa razón aseguró: “reconsiderará su trabajo en función de estas respuestas y llevará a cabo las acciones que considere necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) consideró: los resultados preliminares del tercer peritaje sobre el incendio en dicho basurero no determinan “si el evento de fuego de grandes dimensiones al que hacen alusión podría estar relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa”. Subrayó: “no hay una respuesta concluyente, por el momento, del panel de expertos en fuego sobre si fue o no posible la incineración de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Por tanto, dicha conclusión no afirma ni niega la hipótesis de la Procuraduría General de la República”.

Sobre la afirmación de que al menos 17 personas fueron incineradas en el lugar, el EAAF destacó en bases a sus investigaciones, y luego de la recolección de miles de fragmentos óseos recuperados en el basurero, se estableció la presencia de mínimo 19 individuos, mientras los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR fijó en su dictamen un mínimo de 17 seres humanos. Pero hasta la fecha no hay “ninguna identificación de restos de los 43 estudiantes desaparecidos realizada sobre restos que se hayan recuperado del basurero”.

En tanto, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos  y su equipo de abogados determinaron dar a conocer su posicionamiento una vez se reúnan –este miércoles- con los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  “No hay una respuesta concluyente, por el momento, del panel de expertos en fuego sobre si fue o no posible la incineración de 43 estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014. Por tanto, dicha conclusión no afirma ni niega la hipótesis de la PGR”, señalaron.

Ante el rompimiento entre el GIEI y la PGR hay una posición política del Estado mexicano de “querer cerrar el caso, querer terminar y no permitir que el grupo de expertos siga en el país trabajando con las líneas de investigación”, consideraron los padres de los estudiantes desparecidos. Agregaron: el gobierno federal pretende confrontar al GIEI “imponiendo un resultado político: decir que los estudiantes fueron incinerados en el basurero”.

Por otro lado, en diarios capitalinos se difundió que a través de un video circulado en las redes sociales, atribuido al grupo criminal Los Rojos, uno de los que disputa el control de Iguala, Guerrero, se busca exhibir la existencia de presuntos nexos entre los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos con el cártel Guerreros Unidos, antagónico a Los Rojos.

Un factor de distracción adicional se desarrolla con la narconovela de El Chapo, en un capítulo referido a los gemelos Margarito y Pedro Flores, quienes pactaron con agentes antinarcóticos de Estados Unidos entregar información que llevará a la captura de líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de conmutar penas de cadena perpetua por sentencias de 14 años. Estos hermanos se convirtieron en agentes encubiertos desde 2008 y recabaron pruebas que contribuyeron a la posterior captura de 54 narcotraficantes avecindados en Estados Unidos.

DE LOS PASILLOS

Sin duda debe revisarse la estrategia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para facilitar la conclusión de la educación básica. De acuerdo con ésta, cualquier adulto que haya cursado de manera escolarizada algún grado de primaria o secundaria o participado en algún curso del INEA, ahora podrá aplicar un examen para acreditar esos niveles educativos. A través del Programa Especial de Certificación de Saberes Adquiridos (PEC) se pretende que este año obtengan su certificado un millón 500 mil personas. Así de facilito, tanto como lo es conectar la luz a todas las escuelas en el país, acuerdo suficientemente publicitado por el titular de la SEP y el responsable de la CFE en pleno Siglo XXI, en tiempos en los cuales el apagón analógico es la panacea de las comunicaciones para el avance del país al primer mundo. Así lo ven, así lo entienden, así lo imponen…

La decisión de cambiar al embajador de México en Estados Unidos, Miguel Basañez, quien tenía apenas menos de nueve meses en el cargo, no se deriva de su mal desempeño, sino de una “estrategia” para fortalecer la red consular de ese país, explicó el presidente Enrique Peña Nieto. El nuevo representante diplomático mexicano en Estados Unidos es Carlos Manuel Sada Solano, quien se desempeñaba desde abril del 2013 como cónsul general de México en Los Ángeles.  También fue removido el subsecretario para América del Norte, Carlos Pérez Verdia, quien fue sustituido por José Paulo Carreño King. ¿Estrategia y entrega son sinónimos?

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