‘EL HONOR DE LOS PINEDA’ EN IGUALA; LA METÁSTASIS DEL NARCO HIZO DE UN VENDEDOR DE SANDALIAS

Todo parecía perdido. Pero el tiempo devolvió algunas cosas a su sitio. Murió a tiros el Jefe de Jefes, y Los Pelones emergieron reconvertidos en Guerreros Unidos. Salomón salió de la cárcel y se integró en el nuevo cártel. Y la hermana vio ascender con el dinero del crimen a su marido hasta la alcaldía de Iguala. Así estaban las cosas cuando la tarde del 26 de septiembre de 2014 un centenar de estudiantes de magisterio entraron en la ciudad…

Ya por la noche del 26 de septiembre, Ernesto Guerrero, de 23 años, vio como el cañón de un Colt AR-15 le apuntaba. “Vete o te mato”. En aquel momento no lo supo, pero el agente le había librado de una muerte segura. No fue por azar ni por piedad, sino por pura y simple saturación. Como Ernesto recordaría semanas después, los policías municipales tenían a decenas de compañeros de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa tumbados boca abajo en el asfalto y se los estaban llevando en camionetas a la comisaría. Iban hasta los topes. Tan ocupados estaban, que habían pedido ayuda a los agentes de la vecina localidad de Cocula, y cuando Ernesto, armado de valor, se acercó a preguntar por la suerte de sus amigos, ya no disponían de tiempo ni espacio para uno más. Directamente le apuntaron con el fusil y le conminaron a irse. “Vi alejarse por la avenida a mis compañeros”, rememora. Esa fue la última vez que supo de ellos.

Los normalistas no eran bienvenidos, había atacado el ayuntamiento tras el asesinato y tortura del líder campesino Arturo Hernández Cardona

Aquel 26 de septiembre, Ernesto había llegado a Iguala, junto con casi un centenar de alumnos de magisterio, en unos autobuses procedentes de Ayotzinapa. Radicales y revoltosos, los estudiantes iban a recaudar, como otras veces, fondos para sus actividades. Esto significaba pasar el bote por sus calles más céntricas, entrar en unos pocos comercios e incluso cortar alguna avenida. Su desembarco no había pasado inadvertido. Los halcones del narco, según la reconstrucción de la fiscalía mexicana, habían seguidos sus pasos y alertado a la central de la Policía Municipal. Los normalistas no eran bienvenidos. En junio del año anterior, tras el asesinato y tortura del líder campesino Arturo Hernández Cardona, los estudiantes habían culpado del crimen al alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y atacado el ayuntamiento.

Los sicarios y los policías, que en Iguala vivían en perfecta simbiosis, creyeron que iban a repetir la algarada, pero esta vez no contra el regidor, sino contra alguien aún más poderoso: su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. Ella, como apuntan las investigaciones policiales, dirigía las finanzas del cartel de Guerreros Unidos en la ciudad. El vínculo con el narco le venía de lejos. Era hija de una antigua operaria de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, y sus propios hermanos habían creado por orden de este capo el embrión de la organización criminal con el objetivo de enfrentarse a Los Zetas y a La Familia Michoacana. Cuando ambos fueron ejecutados y arrojados a una cuneta de la carretera de Cuernavaca, ella tomó las riendas en Iguala, protagonizando junto con su marido un fulgurante ascenso social que ahora quería completar con su última ambición: ser elegida regidora en 2015. Para ello, ese 26 de septiembre había preparado un gran acto en el zócalo de la villa. Era el inicio de su carrera electoral.

El alcalde del PRD ordenó entregarles a Guerreros Unidos, se les persiguió con la saña con que se mata a sicarios de cárteles rivales

La irrupción en la ciudad de los normalistas, encapuchados, rebeldes, con ganas de protesta, les hizo temer que fuesen a reventar el discurso. El alcalde exigió a sus esbirros que lo impidiesen a toda costa y, según algunas versiones, que los entregasen a Guerreros Unidos. La orden fue acatada ciegamente. Las fauces del horror se abrieron de par en par. Posiblemente nunca se llegue a saber cómo la barbarie llegó a tal extremo, pero lo que las pesquisas policiales han logrado sacar a la luz es que a los normalistas, que seguramente no sabían cuál era la naturaleza del poder municipal en Iguala, se les dio trato de sicarios, se les persiguió con la saña con que se mata a los cárteles rivales. En sucesivas oleadas, la policía atacó a sangre y fuego a los estudiantes. De nada les valieron sus desesperados intentos de huir en autobuses tomados a la fuerza. Dos murieron a tiros, otro fue desollado vivo, tres personas ajenas a los hechos perdieron la vida a balazos al ser confundidas con normalistas. En la cacería, decenas de estudiantes fueron detenidos y conducidos a la comandancia policial de Iguala. Nadie dio orden de parar. El reloj siguió adelante.

El jefe de los sicarios, Gildardo López Astudillo, avisó al líder supremo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado. En sus mensajes, siempre según la versión de la fiscalía, le informó de que los responsables de los desórdenes de Iguala pertenecían a Los Rojos, la organización criminal contra la que libraban una salvaje guerra. Sidronio dio orden de “defender el territorio”.

En una operación de exterminio bien diseñada, fruto posiblemente de experiencias anteriores, los estudiantes fueron recogidos de la comandancia de Iguala por agentes de Cocula, quienes, cambiando las placas de sus matrículas, les entregaron a los liquidadores del cartel en la brecha de Loma de Coyote. Todo estaba preparado para no dejar huellas. Lo que sigue es la reconstrucción a partir de los primeros testimonios recogidos por la fiscalía…, ahora cuestionada por un informe de 608 páginas, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que abandonará México este próximo sábado, añadiendo más dudas al caso de los 43 normalistas, una hoguera que sigue oscureciendo México.

La desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa le ha vuelto a estallar en las manos al Gobierno priista de Enrique Peña Nieto

“En una noche sin apenas luna, hacinados como ganado en un camión y una camioneta, los normalistas fueron conducidos hacia el basurero de Cocula. Fue un viaje al infierno. Muchos estudiantes, posiblemente una quincena, malheridos y golpeados, murieron de asfixia en ese recorrido. Al llegar al paraje, los supervivientes fueron bajando uno a uno. Con las manos en la cabeza, les obligaban a caminar un trecho, tumbarse en el suelo y contestar a sus preguntas. Querían saber por qué habían acudido a Iguala y si pertenecían al cartel rival. Los normalistas, según las confesiones de los detenidos, respondían aterrorizados que ellos eran estudiantes y que no tenían nada que ver con el narco. De poco les sirvió. Acabado el interrogatorio, siempre según la versión del ministerio público, recibían un tiro en la cabeza. El núcleo del comando ejecutor, aunque contó con la ayuda de más sicarios, lo formaban Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje. Con bestialidad metódica, mataron a todos los normalistas y, a lo que ya venían muertos, los arrastraron, cogidos de las piernas y los brazos, fuera de los vehículos.

Como en un ritual bárbaro, prepararon una inmensa pira en aquel basurero. Sobre una cama de piedras circular, según los detenidos, apiñaron primero una capa de neumáticos y luego otra de leña. Ahí encima colocaron los cadáveres. Los rociaron de gasolina y diésel. La hoguera prendió la noche más oscura de México. Las llamas fueron alimentadas durante horas. Los sicarios, en su impunidad, reconocen que incluso se marcharon a la espera de que el fuego se consumiese solo. Pasadas las cinco de la tarde, tras arrojar tierra encima, se acercaron a los restos. Los desmenuzaron y los metieron en ocho grandes bolsas de basura negras. Al atardecer, los asesinos abandonaron el paraje. En su viaje de vuelta, arrojaron las bolsas a la corriente del río San Juan. México aún tardaría algunos días en despertar al horror”.

La noche de Iguala no encuentra amanecer. La desaparición y muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa le ha vuelto a estallar en las manos al Gobierno de Enrique Peña Nieto. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tras la negativa del Ejecutivo a prorrogar sus investigaciones, se ha despedido con un informe que pone en duda no sólo la versión oficial de la matanza, sino la credibilidad misma del Estado mexicano. A lo largo de 608 páginas, este equipo, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla las dilaciones, obstrucciones y bloqueos que sufrieron, pero sobre todo denuncia que, más allá del alcalde de Iguala y sus policías municipales, las “conductas omisivas de los funcionarios públicos” han quedado sin investigar. Un obús que tiene como blanco al intocable Ejército mexicano.

En un país acostumbrado a los seísmos, la despedida y cierre del GIEI responde a una escala de magnitud desconocida. Cuando el Gobierno de Peña Nieto, en plena crisis de confianza, abrió las puertas a esta comisión para que brindara su asistencia técnica en el caso Ayotzinapa, el gesto fue interpretado como el inicio de una nueva era en el sangrante capítulo de las desapariciones. El equipo, formado por cinco personalidades iberoamericanas conocidas por su lucha a favor de los derechos humanos, parecía asegurar la transparencia y las buenas prácticas en la investigación.

Si no había incendio en el vertedero, entonces los testimonios de los sicarios perdían credibilidad y la investigación al completo

Su trabajo empezó en marzo de 2015 y, al igual que las familias de las víctimas, no tardó mucho en distanciarse de la línea oficial. La ruptura se evidenció en septiembre pasado, cuando la comisión presentó su primer informe. Aunque admitía la colusión entre el cártel de Guerreros Unidos y la Policía Municipal de Iguala, su prospección iba mucho más allá. Para escándalo de los sectores más conservadores, ponía en entredicho el papel del Ejército. Y con el objeto de indagar los motivos de su pasividad en la noche de Iguala, solicitaba que se practicasen nuevas pruebas y que se interrogase al 27 regimiento. La petición fue rechazada de plano. Por el alto mando y por el propio presidente. Nadie dudó del motivo: en una nación inmersa en una brutal guerra contra el narco, con más de 100.000 muertos a sus espaldas, el GIEI pretendía abrir una puerta a lo desconocido, a una posible incriminación de la columna vertebral del Estado. Pero el informe guardaba más sorpresas.

Basándose en el trabajo de un especialista internacional, negaba que los cuerpos de los estudiantes hubiesen sido eliminados en una hoguera en el basurero de Cocula. Esta hipótesis, aunque afectaba sólo a una rama colateral del sumario, suponía un reto mayúsculo para la versión oficial. Si no había incendio en el vertedero, entonces los testimonios de los sicarios que lo habían descrito perdían credibilidad. Y la investigación al completo, como un árbol contaminado, quedaba en entredicho. Nuevamente, estalló la bomba. Y aunque meses después un grupo de expertos en fuego volvió al planteamiento inicial, la confianza había quedado irremediablemente dañada. La salida del GIEI ya sólo fue cuestión de tiempo. Cuando llegó la hora de prorrogar su permanencia en México, el Ejecutivo, sin perder la sonrisa, optó por darles el billete de vuelta para el próximo día 30.

El GIEI lamenta que su trabajo sea elemento de “polarización” política y lo atribuye a una “actitud soberanista” ante un “grupo de extranjeros”

La respuesta ha sido el informe presentado en la mañana de este pasado domingo en la Ciudad de México. Su lectura conduce al nudo gordiano del caso: Ayotzinapa refleja el fracaso del Estado mexicano y no sólo la barbarie del narco. El texto, aunque sin decirlo explícitamente, ronda una y otra vez este punto. No hay resquicio que se libre de la crítica. A ojos de los expertos, la investigación misma revela los males que aquejan al país. Lentitud procesal, burocracia paralizante, excesivo formalismo, falta de pruebas objetivas, apresuramiento en las detenciones, ausencia de garantías, carencias periciales, debilidad de los indicios incriminatorios, filtraciones interesadas… El rosario de males descrito por el GIEI supone un varapalo al sistema policial mexicano, pero carecería de pólvora, si no fuera porque da un paso más y entra en el campo de la acusación. “La investigación tuvo dificultades que no son imputadas de manera exclusiva a la simple complejidad del caso. La lentitud en las respuestas a las solicitudes del GIEI, la demora en la práctica de muchas pruebas, las respuestas formales y no sustanciales a muchas de las inquietudes, la no investigación de otras líneas de investigación, no pueden leerse como simples obstáculos improvisados o parciales. Muestran barreras estructurales”, señala el informe.

Para los expertos, este obstruccionismo aumentó a medida que avanzaban las pesquisas hasta el punto de sufrir “un claro bloqueo”. Los ejemplos citados son numerosos. Entre ellos destaca el blindaje de la información referida al Ejército. “Independientemente de que el Grupo no haya podido entrevistar a los militares del 27 Batallón que estuvieron presentes en los hechos […] Los reportes de inteligencia, las bitácoras, las fotografías y los vídeos vinculados a los hechos no han sido incorporados a la investigación”, indica el texto. En esta línea, el GIEI sostiene que en el caso Ayotzinapa “las conductas omisivas de los funcionarios públicos prácticamente no han sido investigadas” y ello pese a que “ciertos agentes del Estado tienen una posición de garante, como es el caso de las fuerzas policiales y militares, que tienen el deber de proteger a los ciudadanos y cuya omisión puede constituir una violación de los derechos humanos”.

En su despedida, el GIEI lamenta que su trabajo haya sido utilizado como un elemento de “polarización” política y atribuye parte de la polémica que le ha rodeado al miedo de ciertos funcionarios públicos, que vieron cuestionado su trabajo, y también a una “actitud soberanista” ante un “grupo de extranjeros”. Como última recomendación, recuerda que la “comunidad internacional” puede ayudar en la investigación, pero que el papel central corresponde a “México, a su pueblo y sus instituciones”. El próximo sábado el GIEI dejará su misión en el país.

John Huston y su película surrealista ‘El Honor de los Prizzi” describe la familia, el honor, la venganza, la lealtad y los sentimientos mafiosos

Hablar de Cine de Mafia es hacerlo de títulos como “El Padrino”, “Uno de los Nuestros” o “Casino”. No es de extrañar, ya que probablemente son las mejores películas que jamás se han filmado en este popular género cinematográfico. Aún así, con permiso de Martin Scorsese y Francis Ford Coppola, yo dejaría un hueco entre las grandes, quizás en segunda fila, para una película que muestra la Mafia desde el punto de vista personal e intransferible de John Huston: “El Honor de los Prizzi”.

Charlie Pantana es sicario de los Prizzi, una poderosa familia mafiosa a la cual no pertenece por sangre, pero sí de corazón. Su máxima aspiración es pasar a formar parte de la misma, pero para ello deberá superar varios obstáculos. Entre ellos, las heridas sin cicatrizar de una antigua historia de amor con la nieta de uno de los jefes, y una nueva relación con una misteriosa mujer que acaba de conocer. Aunque Charlie no lo sepa, ambos comparten profesión y casualmente, el último trabajo que le han asignado a ella es liquidar a Charlie Pantana.

‘El Honor de los Prizzi” es una película muy especial; contiene secuencias en las que es difícil dilucidar si Huston se está tomando a sus personajes en serio. Pero que nadie se lleve a engaño; detrás de esos comportamientos y situaciones surrealistas, quizás impropias del cine de Mafia, permanecen inamovibles las constantes del género: la familia, el honor, la venganza, la lealtad y los sentimientos que caracterizan a cualquier ser humano, incluyendo los mafiosos. John Huston no bromea cuando trata estos temas.

Examinando el argumento, es fácil entender que el director americano pretende llevar al límite las situaciones que muestra en pantalla, incluso llegando a ridiculizarlas en algunos momentos. Sin embargo, nunca llega a perder el respeto a sus personajes ni a la historia que cuenta. Huston mantiene un equilibrio que protege a la película de caer en el esperpento. Quizás las causas de este milagro residan en el tratamiento tan humano, cálido y respetuoso que confiere a las relaciones ente todos sus personajes y los sentimientos que les mueven a comportarse tal y como lo hacen.

Jack Nicholson ofrece una interpretación inclasificable, dotando a Charlie Pantana de una vulnerabilidad insólita en un personaje de esa calaña. Angelica Huston y Kathleen Turner, las dos mujeres de Charlie, cumplen su cometido sobradamente, mientras que los Prizzi, padre e hijos, construyen un núcleo de poder verdaderamente inolvidable. Como ya hiciera a lo largo de su carrera con otros géneros, John Huston no sólo se atrevió con el cine de Mafia, sino que se adueñó de él y lo pasó por su filtro personal, creando una película única e imprescindible. Una vez más demostró que Huston es Huston y nadie más.

“¡Ya que tanto estás chingando, me voy a dar el gusto de matarte!”, gritó el alcalde al ingeniero Arturo antes de darle dos tiros en la cara y pecho

Nicolás Mendoza Villa lo recordaría meses después por escrito en una notaría de la Ciudad de México. A las seis de la tarde del 31 de mayo de 2013, el ingeniero Arturo Hernández Cardona y él vieron cómo dos sicarios empezaban a cavar la que iba a ser su fosa. Ambos estaban presos en un paraje desconocido de Guerrero. Un día antes, les habían secuestrado, pistola en mano, en la carretera hacia Tuxpan junto a otros compañeros de la Unidad Popular, un movimiento de defensa de los derechos de los campesinos. Durante horas les habían torturado con un látigo de alambre. El peor parado había sido su líder, Hernández Cardona. Ya de noche llegaron al lugar dos hombres bien conocidos. Andaban tranquilos y con una cerveza Barrilito en la mano. Eran el alcalde Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su jefe de policía, Felipe Flórez Vázquez. El regidor, con quien Hernández Cardona había mantenido agrias disputas, la última, dos días antes en su despacho municipal, se adelantó unos pasos y ordenó que torturaran otra vez a su adversario político. “¡Ya que tanto estás chingando, me voy a dar el gusto de matarte!”, gritó el alcalde.

Acto seguido, su jefe de policía levantó al ingeniero del suelo y, siempre según esta versión ante notario, lo arrastró unos diez metros hasta la recién terminada fosa. Ahí, el alcalde de Iguala le disparó primero a la cara, luego al pecho. El cadáver quedó al descubierto, mientras el cielo oscuro de Guerrero se rompía y empezaba a llover. Otros dos dirigentes de Unidad Popular fueron asesinados.

El hombre que asegura haber visto todo esto y pudo escapar para contarlo fue Nicolás Mendoza Villa, chófer del ingeniero asesinado. Mendoza prestó testimonio ante notario, la esposa del ingeniero presentó denuncia, la prensa aireó el caso y algunos conocidos políticos mexicanos exigieron responsabilidades. La Procuraduría respondió acumulando ocho tomos de diligencias. Pero, como tantas veces sucede en México, nada ocurrió. El alcalde de Iguala siguió gobernando como antes, inaugurando centros comerciales y posando alegre con sus camisas ceñidas y desabotonadas hasta la mitad del pecho. Unas fotos almibaradas donde siempre aparece su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. “Desde entonces reina el miedo en Iguala”, afirma Sofía Mendoza Martínez, concejal del PRD y viuda de Hernández Cardona; una de las pocas personas capaces de romper el círculo del terror y acusar al alcalde mucho antes de que se convirtiese en el hombre más buscado de México por la matanza de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en un oscuro enfrentamiento con la policía y el narco el 26 de septiembre.

José Luis Abarca, informado de la algarada con los normalistas, pidió un escarmiento, entonces fue cuando alguien llamó a la muerte

El municipio, de 130.000 habitantes, es la tercera ciudad de Guerrero, histórica cuna de la bandera mexicana y un enclave estratégico para los movimientos del narco. En una tierra con una tasa de homicidios tres veces mayor que la mexicana la participación de la esposa del alcalde en los asuntos políticos, según admiten dirigentes del PRD, fue cada vez mayor, hasta el punto de que ya pensaba postularse como candidata a la alcaldía en 2015. Para ello había logrado ser elegida consejera estatal del PRD y dirigía el denominado Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Nada parecía capaz de frenarla. Eso era lo que se pensaba hasta la noche del 26 de septiembre. Ese viernes tenía que ser un día grande para ella. Presentaba el informe de actividades del DIF en la plaza de las Tres Garantías, en el zócalo de Iguala, un espacio reservado para las grandes ocasiones. El pistoletazo de salida de su carrera electoral.

El acto empezaba a las seis de la tarde, justo a la hora en que dos autobuses procedentes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un semillero de la izquierda radical mexicana, entraban en el municipio. El grupo, formado por estudiantes de magisterio de 18 a 23 años, acudía a la ciudad a recaudar fondos para sus actividades. La policía municipal estaba esperándoles. Un informe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) avanzado por El Universal señalaba que la esposa del alcalde pidió al director de la policía municipal, Felipe Flórez Velázquez, que impidiera la llegada de los jóvenes. La orden, cómo no, fue obedecida. No tardó en darse el primer encontronazo entre los agentes y los normalistas. Hubo gritos y algún enfrentamiento físico. Lo habitual. Los estudiantes se retiraron hacia la estación de autobuses. Allí se apoderaron de tres vehículos para volver a su escuela. Pero a la salida les esperaban los agentes. Esta vez hubo tiros. Los normalistas se defendieron a pedradas y lograron romper el cerco. El alcalde, informado de la algarada, pidió entonces, según el citado informe, un escarmiento. Fue entonces cuando alguien llamó a la muerte.

En sucesivos ataques, la policía, con apoyo de sicarios de Guerreros Unidos, inició una salvaje persecución de los jóvenes. A tiros mataron a dos, a otro lo desollaron vivo y le vaciaron las cuencas de los ojos. Tres personas más, entre ellos un chico de 15 años, murieron a balazos al confundir sicarios y agentes un autobús que transportaba a futbolistas de Tercera División con normalistas. Y otros 43 estudiantes fueron secuestrados por los policías y supuestamente entregados a una fracción ultraviolenta de Guerreros Unidos llamada Los Peques. El pánico se apoderó de Iguala. Bares y comercios cerraron sus puertas. Pero de todo ello, el alcalde y su esposa, según su propio testimonio, nada supieron. Ellos acudieron a una fiesta y bailaron juntos rancheras mientras fuera, en una noche sin apenas luna, la barbarie rugía.

Nadie les creyó. Pero tampoco nadie les detuvo. A los dos días de la matanza, tras pedir licencia del cargo y asegurarse mediante un juez federal de que como aforado no podía ser arrestado hasta nueva orden, Abarca y su esposa se esfumaron. Lo mismo hizo el jefe de la Policía Municipal. México, desde entonces, se ha visto cara a cara con la negrura de 43 desaparecidos y unas fosas repletas de cadáveres. Felipe Flórez Vázquez sigue fugitivo. Y el asesinato del ingeniero Hernández Cardona, sin culpable, a pesar de estar prisionero el exalcalde de Iguala, al igual que su esposa, paradójicamente ‘desaparecidos’ de las crónicas periodísticas e informes oficiales.

La Procuraduría de México responde al GIEI: “El caso Ayotzinapa no concluirá hasta que el último culpable sea juzgado”

Nadie quedará impune. Con este mensaje respondió la Procuraduría General de la República al demoledor informe final presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) sobre las investigaciones del caso Ayotzinapa. Frente a las acusaciones de haber obstruido las pesquisas y evitado que se indagara en el papel del Ejército, el ministerio público tomó aliento y ofreció un largo y detallado recordatorio de todas las medidas tomadas en el sumario “penal más exhaustivo de la historia en México”. “La investigación no concluirá hasta que el último responsable sea sancionado por los jueces”, remachó el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos.

A diferencia del malestar mostrado por el GIEI, cuya abrupta salida ha supuesto un demoledor golpe a la credibilidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto, los fiscales mexicanos mantuvieron la calma y trataron con guante de seda a los expertos internacionales. Siguiendo la instrucción de presidente, que expresó su agradecimiento al GIEI y anunció que se analizará su informe, el organismo público evitó el enfrentamiento y puso la respuesta en manos del subprocurador Betanzos, conocido por su moderación y conocimiento del gigantesco sumario.

Betanzos arrancó recordando que la presencia del GIEI fue un “acto de apertura al escrutinio internacional” decidido por el Gobierno y que en todo momento se brindó a la comisión internacional “las mayores facilidades y el pleno acceso” a la información. “Esta Procuraduría ha recibido y atendido 941 peticiones del GIEI, de las cuales el 85% ha sido cumplidas en su totalidad y el resto se encuentran en vías de serlo”, indicó.

En un detallado recuento, el subprocurador insistió en que a lo largo de las pesquisas se han detenido a 123 sospechosos (54 agentes de Iguala, 19 de Cocula y 50 supuestos integrantes de Guerreros Unidos) y que los casos de tortura denunciados por el GIEI están siendo estudiados por iniciativa de la propia Procuraduría.

Más beligerante se mostró el subprocurador al tratar la espinosa cuestión del Ejército en la noche de Iguala. El GIEI sostiene en su informe final que las autoridades mexicanas han dejado sin investigar a las fuerzas armadas pese a que su conducta omisiva durante la persecución de los normalistas puede constituir una “violación de los derechos humanos”. Betanzos insistió en que “permitir las entrevistas a militares en los términos en que pretendía el GIEI vulneraba el debido proceso”, dado que, a su juicio, la responsabilidad de este tipo de pesquisas recae en la Procuraduría. “Cabe comentar que en la indagatoria constan más de 50 declaraciones ante el ministerio público de elementos militares del 27 Batallón de Infantería. La Procuraduría las ha ampliado según ha sido necesario para esclarecer los hechos, de modo que algunos de sus integrantes han comparecido hasta cuatro veces, sin que se haya encontrado evidencia que los incrimine”, afirmó.

En sus conclusiones, el subprocurador de Derechos Humanos reiteró la voluntad del Gobierno del llegar hasta el final en este vertiginoso caso. “Los hechos de Iguala han representado una de las más grandes ofensas y uno de los más grandes desafíos para el Estado mexicano. Reiteramos nuestro compromiso con la apertura y la transparencia. La investigación está abierta”, concluyó.

EE UU pide a México que estudie cuidadosamente las recomendaciones de los expertos de Iguala y que los responsables sean juzgados

La reacción de Estados Unidos al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es muy breve. Apenas tres párrafos en un comunicado firmado por el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby. Pero el mensaje, no por conciso es menos inequívoco: México haría muy bien en leer cuidadosamente todas y cada una de las 608 páginas del informe. Y haría mejor aún si implementara, con más cuidado todavía, las recomendaciones que hacen los expertos independientes, a los que el Gobierno de Enrique Peña Nieto no quiso prolongar un mandato que contaba con el visto bueno de Washington.

“Confiamos en que las autoridades mexicanas considerarán cuidadosamente las recomendaciones del informe», reza la reacción oficial del Gobierno de Barack Obama en boca de Kirby. Washington espera también que las autoridades mexicanas «evaluarán las acciones sugeridas para atender la cuestión de las desapariciones forzadas, proporcionarán apoyo a las familias de las víctimas y continuarán sus esfuerzos para resolver este caso trágico”. En la breve nota hay espacio también para manifestar el apoyo explícito de EE UU al trabajo del GIEI, cuya presencia, recuerda el Departamento de Estado, “fue solicitada por el Gobierno mexicano”.

La cautela con que EE UU manifestaba sus opiniones sobre México al inicio del Gobierno de Peña Nieto ha ido transformándose en una lenta pero creciente muestra de inquietud ante los continuos casos de violaciones de derechos humanos por parte del crimen organizado, pero en los que muchas veces también, demasiadas, surgen señalamientos contra elementos del Estado.

EE UU ha seguido muy de cerca el caso Ayotzinapa, que menciona en el capítulo mexicano de su último informe sobre derechos humanos, publicado hace dos semanas. En él, el Departamento de Estado vuelve a dejar clara su preocupación por la participación de agentes y militares en “abusos graves” de derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales a torturas y desapariciones, así como la “impunidad y corrupción” instaladas en las instituciones que debieran impedir y juzgar esos abusos. Temas que vuelve a abordar el GIEI en su informe final, presentado este domingo en la capital mexicana.

No es el único toque de atención de Washington a México. En octubre del año pasado, el Departamento de Estado bloqueó una parte de la ayuda de la Iniciativa Mérida al denegar la certificación que debe enviar al Congreso de que el Gobierno beneficiario, en este caso el mexicano, respeta los derechos humanos. Aunque el monto fue mínimo -cinco de los 148 millones de dólares presupuestados- el mensaje resonó alto y claro.

Los llamamientos a que México tome nota de las recomendaciones de los expertos convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegan también desde el Capitolio. Un grupo de congresistas demócratas instó este lunes al gobierno mexicano a garantizar una investigación “honesta y transparente” de lo sucedido en Iguala. “Esta investigación ha revelado problemas de larga data que amenazan el compromiso del Gobierno mexicano de defender los derechos humanos y los valores democráticos básicos”, dijo el congresista por California Alan Lowenthal. “Espero que el informe del GIEI sea el punto de partida para que el Gobierno de México aborde estos difíciles problemas, se involucre en un diálogo productivo y proteja a sus ciudadanos”, agregó en un comunicado en el que también se pronunciaron los congresistas demócratas Luis Gutiérrez, Jared Polis y Norma Torres.

‘Bus Heroine’ en la ruta Iguala-Estados Unidos, los sicarios de Guerreros Unidos lanzaron un salvaje ataque para recuperar la droga

No hay suelo firme en el caso Ayotzinapa. Ni siquiera la muerte de los 43 estudiantes es aceptada. Sus familiares la niegan y siguen exigiendo al Estado su devolución con vida. En este universo de confusión y tumbas abiertas los puntos negros se multiplican. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) les da un intenso repaso. Aquí se destacan cinco.

El teléfono del más allá. Los celulares suelen ser una prueba incontrovertible en cualquier caso. Pero en Ayotzinapa todos fueron destruidos por los sicarios. Eso mantiene la versión oficial. Tras su secuestro por la Policía Municipal, los normalistas fueron asesinados y sus teléfonos enviados a la hoguera. El GIEI lo pone en duda. En su análisis, los expertos internacionales sostienen que algunos aparatos estuvieron activos “unas horas o días después de lo sucedido”. Una intrigante cuestión alcanza el rango de misterio en el caso del normalista que envió un mensaje a su madre pidiéndole una recarga telefónica a las 1.16 de la madrugada, es decir, una hora después de su asesinato en el basurero de Cocula. O el celular estaba activo o se comunicó con su madre desde el más allá.

El Ejército omiso. Supieron, vieron y no hicieron nada. El papel de las Fuerzas Armadas en Iguala está en el ojo del huracán. Soldados y oficiales presenciaron la salvaje cacería que acabó con seis muertos y 43 desaparecidos. La respuesta oficial a esta inacción nunca ha logrado tranquilizar a las familias. Tampoco al GIEI. El Ejército sostiene que la ley impide a los militares actuar fuera de sus cuarteles si no es bajo petición de la autoridad civil, algo que no ocurrió esa noche, y que de haber pasado habría puesto a los soldados bajo el mando del alcalde de Iguala, un apéndice del cártel de Guerreros Unidos.

Esa es la explicación dada por alto mando. Pero a nadie le enorgullece. La distancia mantenida por los militares, sea o no penalmente investigable, pesa como un baldón en su historial. En la noche más triste de México, sostiene el GIEI, el Ejército no movió un dedo para salvar a los normalistas. Es más, las declaraciones de dos miembros de la inteligencia militar, muestran cómo el 27 Batallón de Infantería recibió información de primera mano de la vorágine y, pese a ello, dejó que la Policía Municipal, a manos del narco, apresase a los jóvenes. “No te acerques mucho ni te arriesgues”, llegó a decirle un oficial de inteligencia a un agente en uno de los ataques.

Policía Federal implicada. El GIEI apunta también a la Policía Federal. Este cuerpo, dependiente del Gobierno central, tuvo conocimiento detallado de los movimientos de los normalistas desde su salida de Chilpancingo (capital de Guerrero) hasta su llegada a Iguala. Cuando se desató la vorágine, recibieron orden de la Procuraduría General de la República (PGR) de investigar. Se personaron en uno de los escenarios del crimen, se coordinaron con los agentes locales para desviar el tráfico e incluso se reunieron con el jefe de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores (ahora prófugo y considerado uno de los principales cerebros de la matanza), quien les dijo que estaba todo en orden. Los federales volvieron a su cuartel y, según el GIEI, en su reporte de la noche señalaron que no había muertos ni heridos.

El quinto autobús y la heroína. La gran incógnita del caso es la violencia desencadenada por el narco. ¿Por qué mataron a 43 estudiantes? ¿Cuál fue el motivo de tal sangría? Los investigadores del GIEI han elaborado una hipótesis muy sugerente. Uno de los autobuses, el quinto y menos investigado, habría transportado un alijo de heroína con destino a Estados Unidos sin que los jóvenes lo supieran. Cuando los normalistas tomaron los vehículos, los sicarios de Guerreros Unidos, creyendo que se lo estaban robando, lanzaron un salvaje ataque para recuperar la droga y castigar a los ladrones, identificados erróneamente como integrantes de Los Rojos, el cártel rival. “Esta línea de investigación no está cerrada ni puede cerrarse”, señala el GIEI, para quien las autoridades han intentado bloquear las pesquisas. “Ni hay certeza de que el conductor que ha declarado sea el auténtico ni que el vehículo corresponda al quinto autobús. Alguien miente claramente”, señalan los expertos.

Tortura. El GIEI concluye que en 17 casos hay indicios de torturas. Los malos tratos se registraron no en el momento de la detención, sino en el periodo de custodia. A la mayoría de los arrestados, además, no se les efectuó una fe de lesiones al tomarles declaración. Tampoco, siempre según el GIEI, en las entrevistas psicológicas se inquirió sobre posibles torturas.

‘El Honor de los Pineda’ en Iguala; la metástasis del narco hizo de un vendedor de sandalias, Jose Luis Abarca y su esposa María Ángeles, los nuevos ricos de esta villa de Guerrero y protagonistas del ‘Holocausto de Ayotzinapa’; la ‘alcaldesa’, hija de una antigua operaria de Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes, y sus propios hermanos habían creado por orden de este capo el embrión de la organización criminal con el objetivo de enfrentarse a Los Zetas y a La Familia Michoacana; tras un fulgurante ascenso social, quería satisfacer su última ambición: ser elegida regidora perredista; ese 26 de septiembre del 2015 se iniciaba la carrera electoral en el zócalo, la pareja bailó entre cadáveres hasta el amanecer.

@SantiGurtubay

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