El número de internos cuyos casos aún no se han resuelto ha disminuido.
En el último año se ha reducido el número de internos en las cárceles del estado que están procesados y no cuentan con una sentencia, al pasar de 80% al 65%, y se pretende acelerar las jornadas que realiza la Defensoría Pública para dar certeza a los presos del complimiento de sus condenas y a la vez mitigar la sobrepoblación que hay los penales.
Lino Magos Acevedo, director del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Quintana Roo, indicó que al crecer el número de sentenciados de 20% a 35%, algunos de quienes estaban presos han resultado libres al reconocerse su inocencia o al haber purgado condena.
Actualmente la población en las cárceles es de:
- 120 internos en Cozumel,
- 700 en Playa del Carmen,
- 973 en Chetumal y
- 2 mil 30 Cancún.
Todas las cárceles tienen sobrepoblación como en el caso de Cancún, cuyo centro penitenciario fue diseñado para 700 reclusos, en parte por la falta de sentencias que es lo que trata de resolver la Defensoría Pública.
“Estamos excedidos en población pero con el nuevo sistema (penal) y las jornadas de defensorías podrían reducir el número de internos”, aceptó Juan Pedro Mercader Rodríguez, secretario de Seguridad Pública en el Estado.
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¿Qué genera la falta de sentencias?
Mercader Rodríguez explica que mientras un interno esté procesado sin sentencia, es decir que se le finque responsabilidad por el delito que se le imputa y el tiempo de la condena, no se les puede obligar a realizar actividades que les permitan su reinserción social.
Otra problemática que se genera es que “cuando un interno está bajo proceso no lo puedo trasladar, y hoy día tengo en el Centro Municipal de Playa del Carmen a 700 internos que están por delitos del fuero común y no por faltas administrativas”, indicó el funcionario.
“En teoría debería llevarlos a un Centro de Readaptación Social, sin embargo como no están sentenciados y la ley señala que deben seguir su juicio en el lugar donde está radicado su asunto no los puedo mover, y muchos que saben que van a ser condenados alargan sus procesos para que no puedan ser trasladados”, explicó.
El funcionario agregó que además la sobrepoblación baja las calificaciones de derechos humanos, y convierte a la seguridad en algo complicado.
Lino Magos Acevedo dijo que con la implicación de la Defensoría en los procesos de manera puntual, los internos están más y mejor informados de su situación, lo que mejora su estadía al interior del penal.
“Sobre todo el estrés y la presión que ellos tienen por la indefinición de sus casos, el hecho de no saber qué va a pasar o cuándo cumplen su sentencia es un factor adicional que ocasiona problemas como algunos que se han dado”, puntualizó.
