Obligará a servidores públicos, empresas y personas físicas a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
Sin modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la llamada ley 3de3 que obligará no solo a servidores públicos sino también a empresas y personas físicas a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
A pesar de las protestas de las fracciones de la oposición, la mayoría PRI-PVEM y sus aliados ratificaron las modificaciones de última hora que realizó el Senado para limitar el carácter público de las mencionadas declaraciones.
Luego de una sesión de 10 horas, entre señalamientos de las bancadas de PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano sobre la redacción de los artículos 32 y 29 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos que integra la llamada Ley 3de3, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general con 338 votos a favor, 110 en contra y cero abstenciones dicha minuta.
Se realizaron 74 reservas, por lo que el voto particular fue de 241 votos a favor, 212 en contra y cero abstenciones.
La discusión del artículo 29 fue sometida a votación nominal, con una cerrada diferencia de 19 votos, 208 a favor y 228 en contra; con ello PRI-PVEM frenó el debate de dicha disposición, con la ausencia de los nueve diputados que integran la bancada de Encuentro Social (PES), quienes regresaron al salón de sesiones segundos después de haberse cerrado el sistema electrónico.
Al ingresar al pleno, los legisladores del PES pidieron ejercer su voto, sin que les fuera aprobado por el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano, ante los señalamientos de legisladores de Morena y PRD, quienes los acusaron de ‘traidores’.
Contra corporativos
La ruta para llegar hasta la aprobación de ésta, la única iniciativa ciudadana de siete propuestas que conforman el paquete anticorrupción, fue tortuosa, sobre todo la víspera de su discusión en el pleno de San Lázaro la tarde-noche, de este jueves.
Hasta hace tres días la ruta hacia su aprobación había sido tersa, pues consideraba únicamente como sujetos a los servidores públicos. Sin embargo, la madrugada del miércoles el tema se complicó cuando el legislador independiente Manuel Cárdenas (quien por cierto sustituyó en el Senado a Mónica Arriola, la fallecida hija de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, quien ocupaba un escaño por Nueva Alianza), presentó una propuesta de adición al proyecto de dictamen.
Luego de una andanada de críticas, que en días anteriores los empresarios habían lanzado contra el Congreso por lo que consideraban como lentitud o inoperancia por parte de los legisladores para sacar el paquete anticorrupción, el senador por Sinaloa argumentó: ‘La mayoría de los mexicanos exigimos un ya basta a los servidores públicos que, cometiendo ilícitos, se encuentran fuera del alcance de la ley, (pero) también un ya basta a particulares y empresarios que legalmente se benefician al entrar en vinculación legal con el patrimonio de todos los mexicanos y obtienen ilícitamente beneficios en contubernio con burócratas y servidores públicos’.
La propuesta encontró terreno fértil en la mayoría de los senadores y los primeros en sumarse a ella fueron los panistas, a los que después apoyaron los demás partidos; sin embargo, esto fuera del ámbito legislativo, particularmente entre el empresariado, fue interpretado como una revancha a la intensa campaña que los patrones desataron contra el Congreso por su falta de acción en el tema.
Esta iniciativa pasó sin mayores dificultades por el pleno del Senado, pero no todo fue tan terso en el tema referente a la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que da pie a la creación de dos comités, uno Coordinador y otro de Participación Ciudadana; el primero está conformado por representantes de todos los órganos fiscalizadores del Estado y presidido, de manera rotatoria, por los ciudadanos que integran el otro comité de Participación Ciudadana.
Propuesta
En la propuesta se acordó que los integrantes de este comité serán elegidos por otro comité seleccionador, de nueve integrantes, que a su vez será designado por el Senado, en consulta con instituciones académicas y especializadas.
Habrá además un secretariado ejecutivo que operará como apoyo técnico del Comité Coordinador.
Pero el problema vino durante la sesión, en la que imperaron los desacuerdos, sobre todo entre los bloques del PRI y el PVEM y el conformado por el PAN y el PRD. Al final se impuso el primer bloque por una mayoría, salpicada por la suspicacia, pues aun cuando solo votaron a favor 51 senadores, principalmente priistas y del Verde, ganaron por nueve votos, pues a la hora de que se llevó a cabo el recuento había 18 legisladores fuera del salón de plenos, entre ellos los petistas Layda Sansores y Manuel Bartlett, el perredista Fidel Demédecis y los panistas Héctor Larios y Jorge Luis Preciado.
Al final y de forma accidentada esta iniciativa también pasó a San Lázaro. Este jueves se esperaba que estas dos iniciativas se convirtieran en la nota de discordia en un paquete anticorrupción que transita de forma tranquila, sin embargo, y a pesar de que por la mañana la singular protesta de dirigentes de Coparmex le puso pimienta al tema, las expectativas de debates airados no prosperaron.
El ánimo de los diputados se vio reflejado en la respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, quien rechazó la idea de una venganza contra la Coparmex.
‘Los mismos preceptos que se establecen para funcionarios públicos, para que no incurran en actos de corrupción, deben también establecerse para quienes realicen contratos de servicio o de cualquier tipo con las instituciones del gobierno, y me refiero a los empresarios, no a los trabajadores, sino a los corporativos’.
Fuente: Sipse
