La deuda pública que ‘ahoga’ a Playa del Carmen, Quintana Roo, llegó al Congreso de la Unión.
Los diputados federales Ivanova Pool Pech y Omar Ortega Álvarez, del PRD, inscribieron ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a no avalar el refinanciamiento bancario por 1,030 millones de pesos (mdp) autorizado por el Congreso de Quintana Roo al municipio de Solidaridad, al considerar que violenta la Constitución y la nueva Ley de Disciplina Financiera.
Dicho préstamo fue solicitado para reestructurar una serie de créditos solicitados por los alcaldes en los últimos 15 años.
Los legisladores acusaron que dicha localidad turística generó un déficit en gasto corriente en los últimos cinco años, provocado intencionalmente para gastar más de lo que ingresa.
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El documento sometido a consideración de los diputados y senadores del órgano legislativo advierte sobre un supuesto esquema de las autoridades locales para gastar los presupuestos que les correspondían ejercer a las últimas dos administraciones y comprometer el gasto público de los próximos 20 años contemplando las participaciones federales al 100%.
El cabildo de Solidaridad aprobó el pasado 9 de junio de 2016 autorizar al Municipio de Solidaridad contratar dichos financiamientos, pero regidores de oposición denunciaron que esa sesión no se llevó a cabo con la formalidad requerida legalmente, y que además el gobierno municipal les ofreció 200,000 pesos por avalar el préstamo. Así consta en un audio en poder de Expansión en el que se escucha al director de la Unidad Técnica Jurídica ofrecer dicha dádiva a la regidora del PRD Carmelita Cruz.
El pasado 6 de julio, el Comité Financiero para la Evaluación del Crédito del Municipio de Solidaridad determinó adjudicar el financiamiento con un plazo máximo de 20 años a Bansi.
“Ni el Ayuntamiento de Solidaridad, ni la Legislatura del Estado debieron autorizar el refinanciamiento de obligaciones que formalmente tuvieron que ser liquidadas como lo estipula la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución, pues pretenden adquirir deuda al final del encargo, para refinanciar y mantener en la opacidad el desempeño de sus administraciones”, destacó en un comunicado la legisladora quintanarroense Ivanova Pool Pech.
La polémica sobre la deuda pública de Solidaridad —que en menos de 15 años creció 1,222%— , se dio a notar a nivel nacional cuando el gobernador, Roberto Borge, solicitó el mencionado crédito por 1,030 mdp, como parte de una serie de iniciativas que, según especialistas y la oposición, pretendían «blindarlo» de posibles investigaciones sobre corrupción, y que se conoció como «paquete de impunidad». La constitucionalidad de algunas de estas medidas fueron impugnadas por la Presidencia de la República ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La entidad tiene el pasivo per cápita más alto entre las 32 entidades del país, con 14,441 pesos por cada uno de sus ciudadanos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde además cuenta con el municipio con la mayor deuda per cápita del país, Solidaridad, en la que cada habitante de debe 11,000 pesos sólo de créditos al municipio.
Cuando Borge asumió el Gobierno de Quintana Roo, el 5 de abril de 2011, el estado reportaba una deuda pública de 9,791 millones de pesos. Hoy, casi cinco años después, ese pasivo se ha convertido en el más alto del país, medido por el número de personas, con más de 22,000 pesos de deuda.
FUENTE: CNNEXPANSIÓN
