DESTRIPACUENTOS
Por Antonio Callejo
+ El investigador Rafael I. Romero Mayo advirtió del riesgo de disputa de tierras
+ Va Paul Carrillo por recuperar un despojo a Playa Delfines y a Cancún
El escándalo, ya de talla internacional, de la disputa violenta de terrenos de alta plusvalía en el municipio de Tulum, fue advertido de manera muy puntual por el investigador Rafael Ignacio Romero Mayo, quien se interesó desde hace varios años en plantearse una perspectiva sobre el crecimiento de la industria turística sobre terrenos que presentaban, igualmente desde hace décadas, titulaciones dobles, o que estaban subarrendados, pues el problema de la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra no se abordó de forma definitiva en ningún momento.
Romero Mayo, quien forma parte del equipo de transición del gobernador electo, publicó un amplio artículo sobre este tema, específicamente sobre la zona denominada Costa Maya, en el Sur de la entidad, pero que aplica con condiciones similares a la Riviera Maya, donde se impulsó un desarrollo turístico de presunto bajo impacto, igualmente en diversos predios cuya titularidad se mantiene en una o varias disputas legales.
En ese y otros textos, el doctor Romero Mayo ha advertido con todas sus letras, que problemas como este, entre otros como la escasa apertura para la participación social en el desarrollo turístico, son precisamente los mayores riesgos para la viabilidad del turismo en la entidad.
Un escándalo de este tipo obviamente genera una atención de países emisores de visitantes, y en este caso el tema dio como un dardo en los principales mercados turísticos de la entidad.
El punto es que nadie puede sorprenderse de que hubiera estallado este problema tan sensible, porque además de las advertencias del académico, por las cuales enfrentó en su momento la temible molestia del entonces gobernador, Mario Villanueva Madrid, algunos brotes de disputas ya tenían su antecedente muy evidente.
De hecho, a finales de la década de los 90, esos conflictos por la posesión de los terrenos, en el ahora municipio de Tulum, fueron evidenciados en los medios de comunicación. La zona de `Punta Piedra´ fue escenario de una cruenta disputa entre particulares. Un día esos predios eran tomados por la fuerza por un grupo y al otro despojados nuevamente por otro.
La diferencia actualmente es que ya no se trata de predios, sino de pequeños hoteles construidos en terrenos costeros de muy alta plusvalía. Esa situación ha llamado poderosamente la atención de medios como The New York Times, donde una pareja de estadunidenses explicó con detalle al representante de ese periódico cómo fueron desposeídos de su pequeño hotel, que era su inversión y patrimonio.
En el número cuatro de la Revista del Caribe, Romero Mayo publicó el texto denominado `Dilemas del turismo ecológico en el Caribe mexicano´. Al referirse al proyecto Costa Maya, advertía:
“… el problema no radica realmente en el desarrollar o no el proyecto Costa Maya, sino en la cuestión de quién o quiénes son los verdaderos propietarios de los predios ubicados dentro de dicho corredor, ya que por un lado el gobierno del estado considera suyas las 39 mil 500 hectáreas (dentro de su reserva territorial), o bien, patrimonio del estado; (…); pero por el otro, el decreto de cesión establece la exención de los terrenos con título de propiedad. Ello representa una situación que desde mi punto de vista podría definir el futuro de las posesiones, sobre todo si se considera que en el corredor Costa Maya sí existen, de acuerdo con el ordenamiento a particulares, lo cual les da derecho sobre los mismos”.
El caso es una réplica de lo que vino ocurriendo en el mismo corredor, pero en el tramo donde ahora se encuentra el municipio de Tulum y, sobre todo, en la zona de entrada a la reserva de la biosfera de Sian Ka´an, donde está el nudo del conflicto actual.
TUFO DE CORRUPCIÓN EN PLAYA DELFINES
Resulta por demás obvio que alguien pasó por alto leyes y reglamentos para otorgar una concesión en plena Playa Delfines, donde Ciaran Daniel Long Méndez, protegido del eternizado líder de la CTM en el estado, José Isidro Santamaría Casanova, inició con el armado de un `mega-mamotreto´, con la intención de establecer un negocio de “venta de artesanías, masajes, camastros y sombrillas”.
Es completamente absurdo que se entregue una concesión en esos términos, como si se tratara del tianguis de la 94, en una zona tan emblemática de la zona turística de Cancún, donde además de todo el gobierno municipal ha hecho un gran esfuerzo para alcanzar el galardón `Blue Flag´, precisamente por sus servicios de alta calidad.
Paul Carrillo, el presidente municipal, dio la instrucción para sustentar el pedido de cancelación de esa concesión a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues fue un área de esa dependencia la que otorgó tan singular como maloliente permiso.
Jorge Rodríguez Méndez, secretario general del Ayuntamiento de Benito Juárez, declaró que esta concesión, otorgada por la Semarnat a un particular para ofrecer servicios de masaje, venta de artesanías, renta de camastros, sombrillas y equipo para deportes acuáticos, así como venta de alimentos y bebidas y una torre para salvavidas, fue presentada el lunes pasado a la Dirección de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), dependencia encargada del manejo de estos espacios.
Lo anterior, sostuvo el funcionario municipal, contraviene el manejo de la zona costera que la Zofemat tiene en esta área para la protección de la duna, así como los intereses del propio destino al ponerse en riesgo la certificación internacional “Blue Flag”, y con ella la denominación de Cancún como la única capital de este galardón en México.
Rodríguez Méndez aclaró que la presente administración no ha dado ninguna autorización ni Constancia de Congruencia de Uso de Suelo para el aprovechamiento comercial de esta zona, al considerar que dicho permiso, otorgado en septiembre de 2013, perjudicaría la vegetación de esta región.
Finalmente, el secretario general aseguró que el Ayuntamiento se encuentra recabando la documentación necesaria para que, mediante la sindicatura, realice el trámite de solicitud de revocación de la concesión aprobada por la dependencia federal, al considerar que esta acción afectará la labor de la presente administración para la sustentabilidad del destino de playas líder en México y América Latina. @Antoniocallejo
