En una conferencia de prensa el secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo, declaró que la actual administración del estado ha iniciado acciones para recuperar el dinero dilapidado de Roberto Borge, anterior gobernador del estado.
Del Pozo declaró que la actual gestión ha encontrado irregularidades en el precio de predios que son propiedad del estado de Quintana Roo. “Hemos encontrado enajenaciones e irregularidades en los precios de venta de muchos predios”.
El secretario declaró que el precio en el que la administración de Borge vendió muchos predios es irreal, algunos ni si quiera llegaron al 1 por ciento del valor real que estos tenían.
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“En la lista de compradores aparecen familiares del exgobernador Borge. Las enajenaciones en predios tienen un total de 9 mil 500 hectáreas, que son equivalentes a 95 millones cuadrados; esto es más de seis veces de la superficie total de la zona hotelera de Cancún”, explicó del Pozo.
El secretario especificó cuánto fue el total de la reserva territorial enajenada o vendida a precios irreales. El 7 por ciento de Bacalar, el 10 por ciento de la zona del aeropuerto, el 20 por ciento de Tulum, el 23 por ciento de Cozumel, el 26 por ciento de Benito Juárez, el 52 por ciento de Solidaridad y más del 60 por ciento de Puerto Morelos fueron vendidos a precios irreales.
Rafael Antonio del Pozo también investiga a accionistas de una empresa naviera relacionada laboral y profesionalmente con el exgobernador Borge.
“Autoridades competentes se encuentran investigando y tratando de comprobar la procedencia de recursos de esta empresa, para determinar si dichos accionistas tenían la posibilidad económica de adquirir predios y barcos en el precio en el que fueron adquiridos”, declaró el secretario que a la vez indicó que dicha empresa relacionada con Borge realizó la compra de un barco en más de 7 millones de dólares.
Rafael Antonio del Pozo finalizó la conferencia diciendo que la actual gestión recuperará el dinero dilapidado por Borge, dinero que le pertenece al pueblo de Quintana Roo.
MILLONARIA DEVOLUCIÓN
Derivado de las observaciones hechas por la Auditoría Superiordel estado y de la Federación (ASF), el gobierno federal podría solicitar a Quintana Roo la devolución de tres mil 600 millones de pesos, por la incorrecta aplicación de recursos correspondientes al ejercicio fiscal del 2014, informó el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Rafael del Pozo Dergal.
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“Tengo observados por la Auditoría Superior del estado y de la Federación, nada más observados, tres mil 600 millones de pesos; eso no quiere decir que los vamos a regresar, porque nuestra responsabilidad es cuidar ese dinero.
Existe la posibilidad de que se tenga que devolver, pero todavía están abiertos los procesos de solventación. Tengo que ver si se aplicó el recurso y comprobarlo o si sólo se integró mal un expediente, lo que haría una gran diferencia”, dijo, en entrevista con El Universal.
Otros 700 millones de pesos fueron observados también por la Secretaría de la Función Pública (SFP), añadió, aunque insistió en que eso no significa que devolverán el dinero, aunque admitió que podrían ser obligados a reintegrarlo.
El funcionario explicó que la ASF revisó la aplicación de recursos federales, encontrando algunas irregularidades, tales como el incumplimiento de las reglas de operación o no se acreditó que existan obras que respalden el gasto hecho, por ejemplo.
“Esto implica la obligación de reponer, de reintegrar el dinero a la federación, si lo aplicaste mal; evidentemente tienes derecho a solventar y defenderte. Si la Auditoría no da por solventado el tema, se inicia un procedimiento de responsabilidad ante las irregularidades y te requiere el reintegro del dinero”, detalló.
Los tres mil 600 millones de pesos apenas responden al ejercicio del 2014, porque existe un “retraso” por parte de la ASF en cuanto a la revisión y resultados de auditorías del ejercicio fiscal 2015 y el 2016 está por concluir.
“Si la federación determina que no se logró acreditar la aplicación del recurso como lo establece el programa, puede pedirte el reintegro del dinero y tienes que regresar la lana, más los intereses, lo que implica un daño patrimonial, porque el estado no tiene por qué pagar esos excedentes.
“Una cosa es regresar el dinero que no se aplicó, que no se acreditó haber aplicado y otra que además se tengan que pagar los intereses. Eso lo debe hacer el servidor público”, expresó.
Auditorias en proceso
Del Pozo Dergal presentará este martes en la Ciudad de México, avances sobre las auditorías practicadas a la administración del exgobernador del estado, Roberto Borge.
“Lo que hemos encontrado habla de un desaseo y de un desorden; de un desprecio terrible por las cosas públicas”, comentó.
Hasta el seis de noviembre se encontraban en proceso 25 auditorías a los Órganos Internos de Control de las dependencias y organismos descentralizados del gobierno estatal.
En la lista figuran el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del estado (IPAE), la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC), el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPyC), la Administración Portuaria Integral (APIQROO) y VIP Servicios Aéreos Ejecutivos (Vip saesa).
También se realizan nueve auditorías a los propios auditores y se tienen proyectadas otras 35 auditorías más.
La obra póstuma de Borge
Entre las revisiones que están en proceso, figuran también las que atañen a algunas obras, como el “Auditorio del Bienestar”, cuya construcción costó al gobierno de Borge Angulo, 245 millones de pesos. El recinto no padece de problemas estructurales, pero su operación es inviable, lo que representa un daño patrimonial.
“Aparentemente el recinto se puede llenar y permanece estable; no está en peligro su integridad, según los ingenieros; sin embargo, se construyó con ‘las patas’”, señaló.
El edificio carece de vestidores y regaderas, aunque está pensado para encuentros deportivos y espectáculos artísticos, mencionó; no hay dónde guardar las tres mil butacas que pueden moverse para ampliar el espacio, por lo que quedan al intemperie y no hay posibilidad de instalar aires acondicionados, porque el diseño del inmueble no lo permite, por ejemplo.
“Tenemos un problema de protección civil muy importante, porque no hay hidrantes; en el caso de un incendio no hay dónde conectarse, porque los cancelaron. No hay salidas, sólo una entrada y salida de un coche a la vez.
“Es un problema de diseño del proyecto, lo que implica un problema de responsabilidad, de carácter resarcitorio, porque hace que el inmueble no sea funcional y eso acarrea responsabilidades de carácter patrimonial para los que hicieron la planeación”, expuso.
Otra peculiaridad es la temperatura, que al interior del recinto llega a los 40 grados, en condiciones normales, pero al llenarse con 12 mil personas –su aforo- alcanza casi los 50 grados en la parte superior del edificio.
Las gradas por su diseño, constituyen un peligro, lo que sumado a los elementos antes descritos constituyen un daño patrimonial que debe ser sancionado, de acuerdo a la descripción hecha por el funcionario.
“Se aprobó un proyecto sin el rigor necesario, que no sirve para lo que se hizo”, sostuvo. (Primeraplana/EL Universal)
