En Puerto Morelos están pasando cosas interesantes. La más reciente trasciende sus fronteras: justo cuando se pensaba que la ofensiva contra Aguakán había sido un amague para generar expectativa, el gobierno municipal encontró respaldo para crear un organismo operador de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado.
Con ello es prácticamente un hecho que la concesionaria deberá “abandonar” el otrora territorio de Benito Juárez, cuyas autoridades heredaron el servicio, aun cuando la presidenta Laura Fernández Piña ya sostuvo: “Este es un municipio que nació sin ataduras ni concesiones heredadas”. Y en eso precisamente radica lo “interesante”.
¿Por qué? El tema Aguakán fue bandera de lucha durante la campaña, por lo cual la propuesta de tumbar a la empresa en Benito Juárez, Solidaridad, Isla Mujeres y Puerto Morelos, se tomó a la ligera. Pero ha sido en este último municipio donde se ha avanzado con rigor pese a lo complejo del proceso.
Con este precedente legal en marcha, la consigna recobra vigencia. Y no sólo por el mal servicio, los cobros excesivos o la pésima calidad del vital líquido, sino porque los procedimientos fueron violados, lo cual confirma vicios de origen muy difíciles de soportar con una presión tanto ciudadana como mediática.
La presidenta y su equipo tienen la justificación ideal: es una exigencia ciudadana. En un contexto en que los servidores públicos deben responder a las necesidades de la gente, es impensable supeditarse a las de empresarios; menos aún, cuando estos fueron privilegiados por un régimen desacreditado.
En el primer aniversario de la creación del municipio, la semana pasada, Fernández Piña enfatizó: “Entendemos que la responsabilidad que nos confirió la comunidad tiene un eje fundamental, que es servir para avanzar, administrar los recursos públicos con transparencia, actuar con apego a la legalidad y nunca traicionar los compromisos”.
Dicho así, la acción en favor de CAPA y no de Aguakán tiene lógica y respaldo, incluso más allá de la demarcación, ya que ese mismo día fue apoyada por algunos homólogos del estado, diputados locales, miembros del gabinete estatal y usuarios inconformes.
Deberá responder cueste lo que cueste. Desde que asumió sabe que revisan sus acciones con inusitado interés; porque además de haber sido funcionaria de la anterior administración estatal y de un partido ajeno al que ostenta el poder, conoce ese terreno desde que fue colaboradora del gobierno benitojuarense de la priista Magaly Achach Solís (1999-2002).
Lo anterior, dicen sus allegados, le valió sopesar el valor de lo que hoy es su casa, y después, como secretaria de Turismo, presumir al mundo: decenas de kilómetros de envidiable costa -incluida la milla de oro-, además de la Ruta de los Cenotes; esa exuberante vía llena de bellezas naturales que conecta con Leona Vicario.
“Aquí los ciudadanos son los que tienen el poder de decisión. El Ayuntamiento es un intérprete y servidor de las aspiraciones colectivas, es sólo el articulador institucional de lo que gente desea y demanda”, explicó durante el acto protocolario del aniversario.
Lo dicho: está comprometida y deberá cumplir.
Desorbitado
Con la misma versión de cuando respondieron a las acciones emprendidas en Solidaridad, la concesionaria giró boletín mediante el cual asegura no haber sido notificada, ni por las autoridades ni por CAPA, de las gestiones en Puerto Morelos. Sin embargo, “reitera el compromiso de seguir operando con base en lo estipulado en el título de concesión y con apego a la ley, confiando en que prevalezca el Estado de Derecho”.
No podía expresar lo contrario. A ver qué prospera en los próximos días.
