CORRE LA VOZ
Por: Jorge Castro Noriega
MÁS DE MIL miembros de los 17 sindicatos de taxistas y transportistas de los 11 municipios de Quintana Roo tomaron prácticamente por asalto anoche la sede del Congreso en Chetumal, para pedir no sólo que se niegue la autorización a la competidora Uber para operar en el estado, sino que ésta vez fueron más allá y lograron imponer en la orden del día de la sesión –no estaba considerada– una iniciativa que busca judicializar la prestación del servicio de transporte de pasajeros a quienes, llanamente, no tengan una concesión del Gobierno.
De aprobarse la iniciativa, como todo apuntaba a que ocurriría anoche mismo, los cientos de socios de Uber y sus contratantes, los promotores de la propia aplicación, podrían ir ponderando la posibilidad de despedirse definitivamente del estado, pues una cosa es pagar una multa para sacar un vehículo del corralón y otra, más de pensarse, es terminar en la cárcel por violar lo que sería un nuevo precepto en el Código Penal que se pretende adicionar como Delitos contra la Prestación del Servicio Público de Transporte.
Detrás de la natural defensa al patrimonio de los taxistas, que es la bandera que hasta el momento han enarbolado las organizaciones sindicales que se oponen a que Uber les coma el mandado –y vaya que han dado motivos–, se asoma también un intento de politización del movimiento para capitalizar el suculento botín electoral y de recursos económicos que representan en conjunto esas 17 agrupaciones de socios y choferes de vehículos de alquiler, que hasta hace poco eran bastiones de inquebrantable lealtad al PRI y a sus gobiernos.
No es muy difícil interpretar el trasfondo del asunto, cuando el impulsor de la iniciativa que a gritos llegaron a exigir su inclusión en la sesión cientos de socios, “martillos” y familiares, fue el diputado perredista Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda en la XV Legislatura, cuyo hermano, Alejandro, es coincidentemente el director de Transporte de Sintra, la estatal dependencia que se ha dado vuelo y gusto cazando autos de Uber´s para mandarlos al corralón y desanimar su expansión con severas multas y deliberados retrasos en su liberación.
Soldados fieles del PRI por varios sexenios, al que proveyeron de votos y recursos económicos en todos los procesos electorales, con el cambio de Gobierno los taxistas quintanarroenses no sólo perdieron el cobijo que les brindaba el ex partidazo en correspondencia, sino que de pronto vieron amenazada su propia sobrevivencia ante la llegada de un servicio más moderno y eficiente, apoyado en tecnología de punta y que, además, la ciudadanía vio con buenos ojos y sigue apoyando su permanencia. ¿Qué hacer entonces, si no pactar un acuerdo con los nuevos dueños del poder?
Así, con uno de los Ramos cazando Uber´s y el otro empujando en un Congreso dominado por el PRD y el PAN una propuesta que da la apariencia de ser la estocada final a la polémica aplicación digital, al penalizar el servicio de transporte de pasajeros sin concesión o permiso, los sindicatos de taxistas ganarán quizá esta lucha aunque a cambio, seguramente, serán obligados a cambiarse la deslavada camiseta tricolor por unas nuevas de vivos colores amarillo y azul, para camuflarse con los que ahora controlan dos de los tres Poderes del Estado. Porque deben estar conscientes, suponemos, que favor con favor se paga.
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OPINIONES MÁS MESURADAS señalaban ayer que si bien el control del monopolio ruletero no es nada despreciable para la mancuerna PAN-PRD que lleva mano en la propuesta y aprobación de leyes en la actual Legislatura, pues es desde ahora codiciado filón político teniendo a menos de dos años el siguiente proceso electoral, también existe la posibilidad de que les estén “dorando la píldora” a los taxistas haciéndoles creer que están de su lado y que echarán a Uber so pena de cárcel a quienes cachen operando.
Porque conociendo lo taimados que son los hermanos Emiliano y Alejandro Ramos Hernández, cuyos cargos parece que se los diseñaron a la medida para este fin, más valdría a los trabajadores del volante reservarse algunas dudas y ser un poco cautos en cuanto a la iniciativa de penalización presentada anoche en la sesión cameral.
Y es que si bien la propuesta del diputado Ramos consiste en adicionar al Código Penal del Estado de Quintana Roo la denominación Delitos contra la Prestación del Servicio Público de Transporte, en donde contempla sanciones que van de 2 a 5 años de prisión y de 30 a 150 días de multa a los infractores, en su interpretación el propio Emiliano reconoció que la medida va tendiente a erradicar “el problema de los taxis y transportes pirata”… y Uber propiamente no lo es.
Generalizando todavía más, sin que la ruidosa turba taxista que abarrotó el recinto legislativo se percatara, Ramos Hernández explicó que si bien la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo establece una serie de sanciones administrativas para el caso de inobservancia de dicha ley, éstas no han sido suficientes para erradicar el problema de los “taxis pirata” y “transporte pirata”. Luego entonces, para desencanto de los hombres del volante, la dichosa iniciativa no lleva precisamente dedicatoria exclusiva para los de la aplicación digital que tanto les preocupa.
Cuestión de enfoques y de tiempos. O la dupla PAN-PRDlos apoya y les quita la competencia de encima a cambio de servirles ahora a ellos dándole la espalda al PRI, o solamente les están dando atole con el dedo apostándole a que se sigan dividiendo y depreciando los sindicatos, para hacer finalmente con ellos lo que les venga en gana.
