La Decimoquinta Legislatura solicitó al Órgano de Fiscalización Superior, que amplíe la revisión y fiscalización de las cuentas públicas 2015 de al menos 63 entes fiscalizables del estado y los municipios, pues muchas de ellas sólo registraron avances de entre un 50 y 75 por ciento, en sus revisiones tanto financieras como física de las obras públicas.
A través de un punto de acuerdo presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, avalado por las fracciones parlamentarias del PAN, PRD, Nueva Alianza, Encuentro Social, MORENA y los diputados independientes Juan Carlos Pereyra Escudero y Juan Ortiz Vallejo, también se solicitó una revisión y fiscalización de la deuda pública estatal, desde el inicio de su contratación hasta el cierre del ejercicio fiscal 2015.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta aseguró que se busca complementar la revisión al 100 por ciento, de los informes de resultados de las cuentas públicas del 2015.
“De ninguna manera se busca violentar la ley ni aperturar cuentas que ya fueron aprobadas, se trata de completar la revisión de los informes que se quedaron en un 50 por ciento de avances, aún cuando se completó la revisión documental”, agregó.
En cuanto a la revisión de la deuda pública, Ramos Hernández explicó que se trata de determinar el objeto para la cual fue contratada, si la misma se destinó para inversión productiva, además para saber a detalle en qué obra pública de tipo productivo se utilizó el recurso y si se cumplió a cabalidad con las leyes, decretos y demás normatividad aplicable.
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En tribuna, la diputada Santy Montemayor Castillo expuso el razonamiento de los diputados del PVEM para votar en contra del acuerdo, basándose en que los argumentos de la Comisión de Hacienda responden a asuntos políticos y no a criterios técnicos ni jurídicos.
Montemayor Castillo agregó que si bien su fracción parlamentaria ha avalado otros acuerdos por considerarlos viables jurídicamente, en este asunto en particular considera que la Legislatura pretende extralimitarse en sus funciones, y concluyó afirmando que “la primera responsabilidad pública de un gobernante honesto es respetar la ley”.
Por su parte, el presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila, aseguró que no se trata de hacer revisiones excepcionales sino de que dichos informes cumplan con lo que marca el artículo 23 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, “la legislatura anterior aprobó informes sin tener la certeza mínima requerida”.
La diputada Laura Beristain Navarrete del PRD, cuestionó que el informe de la cuenta pública del municipio de Solidaridad sólo haya registrado un 50 por ciento de avances, cuando existen muchas irregularidades en torno a diversas obras que no se realizaron en el municipio, como el nuevo palacio municipal o los arcos detectores de metales en vehículos.
La diputada Mayuli Martínez Simón, coordinadora de la bancada del PAN, consideró grave que la cuenta pública del Poder Ejecutivo sólo se haya revisado en un 54 por ciento, “cómo es posible que los informes de los Servicios Estatales de Salud y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, sólo se hayan revisado en un 50 por ciento”.
En tanto, el diputado Jesús Zetina Tejero del PAN, dijo que hoy la ciudadanía se da cuenta quiénes quieren señalar las ilegalidades y el desfalco cometidos en contra de Quintana Roo y quiénes no, “aunque se justifiquen diciendo en que sí estamos de acuerdo pero no estamos de acuerdo que se haga fuera de la legalidad”.
Finalmente, el diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Mesa Directiva del actual periodo de sesiones, se refirió al caso específico del municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuyo informe de la cuenta pública sólo se completó en un 50 por ciento, señalando a los tres últimos alcaldes priístas como los más ricos del municipio a costa del erario.
El acuerdo firmado por los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, señala que los informes de resultados que fueron soporte para que la XIV Legislatura del Estado apruebe las 63 cuentas públicas de los entes fiscalizables, tuvieron un alcance auditado en materia financiera y en obra pública con porcentajes muy bajos, mismos que no permiten otorgar elementos suficientes para que se lleve de manera confiable, veraz, pero sobre todo de forma exhaustiva, la revisión y fiscalización de las cuentas públicas.