La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles sujetos a enajenaciones irregulares durante la administración del anterior gobierno del estado de Quintana Roo.
Lo anterior por considerarse objeto o producto del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
FUERON ENAJENADOS
Dicha medida precautoria fue decretada por el Ministerio Público de la Federación, como parte de la Carpeta de Investigación iniciada con motivo de la denuncia interpuesta por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, en la cual se hizo del conocimiento que durante el periodo de abril de 2011 y abril de 2014, fueron enajenados, de manera irregular y a un precio muy por debajo del valor comercial, múltiples inmuebles propiedad del Gobierno del estado de Quintana Roo.
SE VENDIERON 6% DE SU VALOR COMERCIAL
Por lo anterior, el Ministerio Público Investigador ordenó se realizaran todas y cada una de las diligencias necesarias para la correcta investigación de los hechos, con lo que se pudo concluir, de manera provisional, la existencia de irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, además de que se logró corroborar que, en su totalidad, los inmuebles, en promedio, se vendieron, aproximadamente, al 6 % de su valor comercial.
Por ello, con la finalidad de evitar la destrucción de elementos de convicción y de salvaguardar la eficacia patrimonial del estado de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República decretó el aseguramiento precautorio de 25 inmuebles, cuyo valor comercial rebasa los cinco mil millones de pesos.
CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES
Por su parte el presidente de la Gran Comisión de la Decimoquinta Legislatura del Congreso del Estado, Eduardo Martínez Arcila, declaró que se continuará realizando las investigaciones correspondientes para llegar al fondo. Lo anterior, tras darse a conocer del resguardo de más de 25 predios en el Estado. Agregó, que todas las irregularidades predios, los tuvo que señalar en su momento los órganos auditores que tiene el Congreso, sin embargo, al no hacerlos, se podría sospechar de complicidad.
FUENTE: LA VERDAD NOTICIAS
