Los cancunenses están sufriendo. Durante los últimos días han manifestado por igual su miedo y coraje de muchas maneras. Un grupo se reunió este domingo en Malecón Tajamar para exigir justicia por María Fernanda Vargas Sánchez, “Marifer”, la menor de 13 años violada, apuñalada y encontrada muerta en un paraje cercano a su casa, en la Región 251. Sin duda, el terrible caso seguirá conmoviendo a quienes se enteren en todo México.
La protesta convocada en redes sociales fue la oportunidad ideal para repudiar otros feminicidios ocurridos en Cancún, Quintana Roo y el país, lo cual representa una expresión solidaria pocas veces vista en los habitantes de esta ciudad, los que, en su mayoría, han sido criticado por su desunión, indolencia y desinterés, incluso en asuntos trascendentes como este.
El reclamo generalizado -exhibido en múltiples plataformas- sirve para fortalecer el arraigo; para reflotar los casos impunes; para “oxigenar” un contexto cargado de tópicos electorales al presentarse como “apartidista” y, sobre todo, para alertar que en cualquier colonia y a cualquier hora puede aparecer otra “Marifer”. Esto merece especial atención, dadas las estadísticas que desfavorecen al Estado.
Recientemente, en este mismo espacio publiqué algunos datos muy pertinentes en esta ocasión, que conviene reproducir: Solidaridad (Playa del Carmen) y Benito Juárez (Cancún) son el primer y el tercer municipio del país con más violaciones, de acuerdo con el “Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 2014”, difundido por la organización no gubernamental Seguridad, Justicia y Paz.
El dato duro es que en Quintana Roo se comete el triple de violaciones sexuales respecto de la media nacional. La tasa registrada aquí es 28.56 por cada 100 mil habitantes y en Solidaridad y Benito Juárez es de 48.78 y 40.04, respectivamente. Desde hace años Playa del Carmen y Cancún figuran entre los primeros de la lista. Se estima que una cifra elevada permanece sin revelarse ya que la víctima o quienes conocen el hecho no denuncian.
Como se ha constatado en las últimas horas, este problema multifactorial tiene consecuencias inimaginables y provoca reacciones espontáneas o premeditadas, pero que en el fondo reflejan una realidad peor: la sospecha de que lejos de reducirse, aumenta; que tanto los programas preventivos como las sanciones son insuficientes, y quienes más necesitan ayuda desconocen las acciones de apoyo proporcionadas por diversas instancias.
Entre las causas figura una que alarma: muchos abusos son cometidos por familiares cercanos de los menores debido a las extensas jornadas laborales de sus padres, que obligan a encargarlos con parientes o desconocidos, y a que el uso de ropa ligera por el calor en los espacios reducidos de las casas estimulan el contacto físico, dejando secuelas insuperables en todos los involucrados, aseguran especialistas.
Hay padres de familia que reaccionan equivocadamente, imponiendo el silencio en la víctima o motivando a que sienta culpa; y por lo mismo, los maestros son quienes generalmente detectan cambios en la actitud y tratan de alertar, aunque sin la eficacia requerida, atribuible a la cerrazón de los tutores o de quienes retiran a los menores de la escuela, que podrían ser los mismos agresores o al menos los que pueden sospechar.
Insisto, son innumerables las causas y consecuencias, así como son múltiples los esfuerzos de las autoridades de los tres niveles de gobierno por reducir la incidencia, aun cuando los números reflejen lo contrario. En este sentido, se comprende que debe prevalecer la voluntad de todos, y no solamente de los servidores públicos, para evitar más aberraciones en nuestro Estado.
Con estos antecedentes, el llamado es urgente, pues aterra pensar que en cualquier minuto podría ocurrir una tragedia o varias como la de “Marifer”.
