Este día sesiona el Consejo de Administración de la CAPA, y será clave su postura en el caso de este nuevo municipio, que no tiene compromisos con Aguakan; Laura Fernández ya hizo su parte; ¿Quién mete al orden a empresas de seguridad privadas?
Este jueves la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), a cargo del perredista Gerardo Mora Vallejo, deberá tomar una posición definitoria con relación a la permanencia de la concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado en Puerto Morelos, el más joven de los municipios del estado.
Es necesario poner en perspectiva histórica este asunto. La empresa Aguakan, que obtuvo esa concesión para Cancún e Isla Mujeres en tiempos de Mario Villanueva, fue ensanchando sus intereses y sus ganancias en la medida que venían nuevos gobiernos. En la reciente campaña electoral, fueron exhibidos los abusos de Aguakan de diversas maneras. Desde la mala calidad del agua, reconocidamente no apta para consumo humano, hasta un cobro de tarifas exorbitante. La exigencia de que se de por terminada la relación con ese grupo empresarial fue tajante.
El caso de Puerto Morelos era excepcional en el esquema de zonas concesionadas a Aguakan. El hecho de que se trate del `nacimiento´ de un nuevo municipio, lo colocaba aparte de la discusión sobre la permanencia o no de Aguakan, porque sencillamente no hay ningún contrato entre la nueva demarcación municipal y la concesionaria.
Hoy, sin embargo, se sabe que la empresa promovió una serie de amparos y echó a andar a un equipo de abogados, con miras a permanecer en Puerto Morelos, alegando que se trata de una concesión con énfasis `territorial´, y no municipal.
Incluso, el servicio lo sigue prestando Aguakan prácticamente `de facto´, debido a que no hay ningún proceso legal ni documento alguno que soporte esa situación.
La presidenta municipal de Puerto Morelos viene realizando su trabajo, en lo que respecta a este asunto, desde la campaña electoral. Asumió ese sentido compromiso con la comunidad, y una vez que ganó el proceso, puso manos a la obra para hacer lo que le correspondía.
En las reuniones con representantes de Aguakan y de Capa, demostró firmeza y dejó en claro que su intención, en lo que corresponde a su jurisdicción, es promover la creación de un órgano municipal operador del servicio de agua potable y alcantarillado, como marcan las responsabilidades de cualquier ayuntamiento.
Este día, a partir de las 11 de la mañana, se reunirá el Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), y uno de los punto de mayor interés, será precisamente la definición del tema Puerto Morelos.
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADAS, SUPLANTAN A LA AUTORIDAD
En los últimos días hemos escuchado varias historias que involucran a empresas de seguridad que son contratadas para cuidar fraccionamientos. Es una práctica recurrente que se obligue a los visitantes a que se identifiquen con un documento, que debe ser oficial, y el cual es retenido durante todo el tiempo que dure la estancia del invitado.
Allí hay un problema con el uso de documentos personales: Sin embargo, a últimas fechas se viene agravando el asunto, porque se está aplicando una revisión de los vehículos, que incluye la apertura obligada de la cajuela. Esto representa una invasión de la privacidad, que incluso si se tratara de alguna autoridad, debería mediar una orden judicial o la sentida sospecha de la comisión de un delito.
Son `detalles´ que revelan la preocupación de la ciudadanía, en este caso de los propietarios en esos residenciales, pero que no justifican que una empresa privada asuma facultades constitucionales que aplican únicamente para autoridades. En este caso para cuerpos de seguridad del estado.
A ese paso, los residenciales pronto van a organizarse para tener su propio presidente municipal, su policía y sus cárceles. En la medida que se van dejando pasar estos `pequeños detalles´, se debe entender que la inseguridad avanza, el malestar ciudadano crece, y se registran este tipo de casos espantosos de ajusticiamientos por propia mano. Es la ausencia de la autoridad y el empoderamiento de intereses que no se deben permitir. Que cada quien haga su parte. No obstante, es urgente que las empresas de seguridad privada sean sometidas al orden.
