La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los mexicanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo.

El gobierno de México, en medio de los acontecimientos de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, es señalado como uno que no cumple en materia de derechos humanos.

México será revisado por primera vez por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, este lunes 2 de febrero inicia la comparecencia que concluirá el 13 de febrero, en Palacio Wilson, en Ginebra.

México no se encuentra listo y mucho menos dispuesto para responder por el caso Ayotzinapa.

“La verdad jurídica es que siguen desaparecidos. Faltan líneas de investigación antes de que quieran dar el carpetazo al caso.

El Comité, compuesto por 10 expertos independientes en derechos humanos de distintas nacionalidades, monitorea la implementación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Con un sombrío telón de fondo por la desaparición y masacre de 43 estudiantes en Iguala, una audiencia a la que también acudirán familiares de las víctimas.

La desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre a manos de policías municipales coludidos con sicarios de un cártel narcotraficante en Iguala ha concentrado la atención de esta audiencia, que estaba prevista antes de que los jóvenes fueran atacados.

«Frente a las aseveraciones de que la investigación está cerrada habremos de decir que la investigación no está cerrada. Frente a las aseveraciones de que las autoridades ya los declararon muertos habremos de decir una y otra vez que hoy la verdad jurídica es que siguen desaparecidos y que sólo el juez habrá de decidir». Los padres de los estudiantes y sus abogados expresaron su decisión de acudir a Ginebra luego de que la fiscalía federal sostuvo por primera vez esta semana que, con base en las investigaciones, cuenta con la «certeza legal» de que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un aislado basurero de Cocula, municipio vecino de Iguala, y sus restos arrojados a un río. Las autoridades de México «dan protección a los autores intelectuales del crimen, omitiendo declaraciones de sobrevivientes y testigos», declaro Felipe de la Cruz, vocero de los padres.

El viaje a Ginebra se da en medio de fuertes cuestionamientos a las conclusiones de las investigaciones de organizaciones de derechos humanos como Human Rigths Watch (HRW) o Amnistía Internacional, que pide que se abra una línea de investigación sobre los señalamientos de omisión de auxilio o participación del ejército en el crimen, algo negado tajantemente por la fiscalía.