No llegó la sangre al río, como querían algunos. Después que el Congreso aprobó la Ley de Movilidad, los sindicatos de taxistas, movidos por la defensa de intereses sectarios e intereses ajenos –y contrarios- a la comunidad, organizaron movilizaciones que causaron graves daños a la economía y la imagen de los destinos turísticos del Caribe mexicano, particularmente en Tulum, Playa del Carmen y Cancún.
La gran mayoría de la población reprobó las acciones desestabilizadoras de los taxistas. Y muchas voces le pidieron e incluso le exigieron al gobierno del estado aplicar mano dura contra los transgresores de la ley. Sin embargo, Carlos Joaquín González mantuvo la sangre fría e invitó a los dirigentes taxistas al diálogo sin cortapisas.
El diálogo se celebró y se acordó que la Ley de Movilidad se analizaría con detenimiento y que, si hubiera que modificar algo, se haría sin menoscabo del interés comunitario. Pero la Ley ya está aprobada, y de acuerdo con su artículo transitorio, no se aplicará sino hasta dentro de tres meses para informar a las organizaciones de taxistas y de la sociedad civil sus alcances y su impacto en la vida colectiva.
No hubo represión. Hubo respecto a la libertad de manifestación, a pesar de los perjuicios que sufrió la gente, los trabajadores y los turistas.
No hubo represión, pero si se debe reconsiderar la relación de las instancias gubernamentales con las élites que han manejado a los sindicatos de taxistas. Se tienen que reconsiderar la vigencia de las concesiones.
El turismo no puede estar a merced de grupos que manejan a los sitios de taxis en los hoteles. Porque allí está el verdadero negocio. U suculento negocio. Los dirigentes de los taxistas no están defendiendo el interés de los “martillos” u operadores, sino el negocio de los sitios de taxis en la zona hotelera. Este negocio, para colmo, no lo manejan los dirigentes de los taxistas, sino otros intereses.
El Congreso tiene que organizar mesas de información a la sociedad sobre el tema. Información amplia y detallada. Porque en realidad no es el gobierno el que tiene que dar cuentas a la sociedad sobre la Ley recientemente aprobada, sino los diputados. Se supone que leyeron la iniciativa antes de aprobarla por unanimidad.
¿ELOY POR CHANITO?
Hoy será un día clave para saber si Chanito va como candidato de la Coalición PAN-PRD, o si el candidato será el dirigente empresarial Eloy Peniche. La afectación al PAN, al PRD y de refilón al PRI, es grave.
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