“Aunque usted no lo crea”, resulta que ayer el “joven” alcalde de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba, se reunió con el director general de Aguakan en Cancún, empresa que tiene la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado en el polo turístico más importante del país, a quien el edil reiteró la disposición de su gobierno de mantener la estrecha relación con la concesionaria, peroooo, ¡permítame tantito!
Sí, tal como usted lo lee, el munícipe se fue a poner a la orden de la empresa que más quejas por el mal servicio y cobros excesivos tiene, y de la que, en campaña se comprometió a que, de llegar a ser presidente municipal, la metería en cintura.
En la “reunión”, ayuntamiento y la empresa castradora, no perdón, concesionaria de agua y drenaje, acordaron seguir la obra de introducción de la red de drenaje sanitario en la supermanzana 510, cosa que a Aguakan, como la encargada del suministro de servicio, debe hacer, ya que de lo contrario, demostraría falta de capacidad, lo que le podría costar la pérdida de su contrato.
Para que los habitantes de Cancún se quejen más a gusto, el ayuntamiento instalará un módulo de atención de Aguakan en el edificio, y que personal de esa empresa reciba cientos de quejas.
La actitud sumisa del alcalde ante el director general de Aguakan, Roberto Robles, es como una bofetada a los habitantes de Cancún, pues si bien, no se espera que de una manera beligerante Remberto Estrada arremeta contra la empresa concesionaria por el pésimo servicio que da a la población, bien se podría establecer la exigencia de que las quejas de los usuarios sean resueltas, que se mejore el servicio, que no cobren por el aire que inyectan en lugar de líquido, que no corten el suministro a las personas de bajos recursos, porque el agua es un derecho humano, entre muchas otras cosas que, seguro a usted mi estimado lector, se le vienen a la mente.
Llama la atención que en lugar de que Aguakan busque el encuentro con Remberto Estrada para ponerse a la orden de los habitantes de Cancún, sea el propio edil el que le reitere a la empresa, a la que los ciudadanos las ven con malos ojos y prácticamente odian, que el gobierno está a sus órdenes. ¡Virgen del Perpetuo Socorro!
A paso firme
La empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A., mejor conocida como Aguakan, que da servicio de agua potable y alcantarillado en tres de los 11 municipios del estado: Solidaridad, Benito Juárez e Isla Mujeres, inició su servicio con el aval del Congreso local en octubre de 1993 y tiene en su poder un contrato hasta el 2053, ya que en Cancún la pasada administración encabezada por Paul Carrillo, renovó la concesión con ocho años de antelación, en un acto turbio.
Al menos en Benito Juárez es la empresa que más quejas por su servicio tiene en la Profeco; amparos legales abundan en su contra por cortes injustificados de servicio; fue utilizada como estandarte de los candidatos en la pasada elección. Todos aseguraban: “¡Vamos a sacar de Quintana Roo a Aguakan!”, los que menos afirmaban que tenían la fórmula para hacer que la concesionaria dejara de cometer abusos.
Sin embargo, hasta el momento no existe nada que indique que la revocación vaya a ser una realidad. En el Congreso, los legisladores alegan que tienen que recibir una iniciativa del gobierno del estado a solicitud de los alcaldes de los municipios donde opera la empresa, para que, con el pago de una penalización por mil millones de pesos, puedan dar marcha atrás en el contrato. ¡qué barato..!
Buscan los legisladores incumplimiento en las cláusulas que firmó Desarrollos Hidráulicos de Cancún, como medio para revocar el convenio. Sin embargo, tan seguros están en Aguakan que continuarán en Quintana Roo, que tienen planeada una inversión de mil 204 millones de pesos para ampliaciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes.
Reuniones sin resultados
Para consuelo de los habitantes de Cancún, donde en lo que va del año se ha ejecutado a 98 personas, actos relacionados con el crimen organizado, el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, José Luis Jonathan Yong -que no da una en el cargo- se reunió con regidores y directores municipales para refrendar su disposición a trabajar en conjunto con las fuerzas federales y estatales para la prevención y el combate al delito.
Además de las reuniones y decir cuáles serán las estrategias, lo que le urge a los ciudadanos es que Jonathan Yong dé resultados. El miércoles pasado, el secretario de la SSP en Cancún, anunció una estrategia para prevenir los robos a los pequeños comercios y en sus narices asaltaron cinco farmacias y una tienda de conveniencia, todo en menos de una hora, lo que significa que la prevención del delito es un rotundo fracaso. ¡Abu…elita tus chanclitas!
Parientes incómodos
Trascendió que el hombre ejecutado el miércoles pasado por la noche en la avenida Nichupté de Cancún, era el hermano incómodo de la ahora directora del DIF municipal en Benito Juárez, Erika Camacho Escalante. “El Toño”, como apodaban al hermano de la funcionaria, estuvo preso por narcotráfico y posesión de armas de fuego y fue el asesinato 98 relacionado con el crimen organizado.
Como es lo normal en Quintana Roo, hasta el momento nada se sabe de los agresores, quienes dieron muerte a “El Toño” con más de 40 impactos de bala, entre “cuerno de chivo” y escopeta. Los focos ya pasaron de color rojo a negro, como el futuro de la seguridad en el estado, donde cada día se parece más a Acapulco, sin que las autoridades, con sus pomposas estrategias den resultados.
Quejas “chafas”
Que el líder del Congreso, Eduardo Martínez Arcila, respondió a los empresarios que integran el Observatorio Legislativo, encabezados por Isaac Reza Martínez, quienes le enviaron un documento pidiéndole investigar al “diputransa” de Morena, Juan Ortiz y al resto de los legisladores que son señalados por haber recibido 7 millones de pesos a cambio de sus votos.
Les dijo que su petición es tan “chafa” como el audio en el que se escucha decir a Juan Ortiz que se sacó la lotería como diputado plurinominal y que había recibido varios millones por inclinar la balanza en el Congreso a favor del PAN y PRD, y con ello tener un Congreso a favor del gobierno del estado.
Eduardo Martínez informó a la organización, Observatorio Legislativo, que el Congreso no hace investigaciones, que vayan a la Procuraduría, y que, en la actual legislatura, no se va a dar pie a que se difamen a los íntegros legisladores locales, pues ahora es Juan Ortiz y después puede ser otro de los congresistas.
La respuesta del líder del Congreso es de lo más lógico, pues no va a ordenar se haga una investigación en la que todos puedan salir embarrados, jijijijiji. Pero como dice el dicho: el que nada debe, nada teme y los legisladores deberían de aplicar en los hechos lo que rezan en sus alegatos de transparencia. Pero, eso sería como pedirle peras al olmo. Tantán.
