Desde 1978 México vive un proceso de cambio político, que ha consistido en la modificación de las estructuras y procesos administrativos que habían caracterizado al régimen gubernamental mexicano desde los años cincuenta.
Ese cambio empezó a registrarse con reformas que permitieron que los partidos políticos pequeños tuvieran representación en el Congreso de la Unión.
Durante casi 40 años el proceso no ha sido sencillo, pero ha habido alternancia en la presidencia de la República y más de la mitad de los estados son gobernados por políticos que provienen de partidos políticos diferentes al del Presidente.
Aún así, el desmantelamiento de viejas estructuras que fueron creadas para responder a tiempos convulsos del país, de operación ineficiente en la actualidad, no ha concluido y no son pocos los que piensan que en 40 años ha habido estancamiento y otros sienten hasta retrocesos.
Pero así son los cambios. No se pueden dar de la noche a la mañana. No se concretan a base de decretos. Arrancan con la voluntad de unos cuantos que deben perseverar para contagiar a más y continúa con tesón por lo menos en las siguientes tres o cuatro generaciones sin caer en la desesperación por el hecho de no ver resultados tangibles de manera rápida.
Si a nivel nacional no se ha logrado consolidar el cambio iniciado en 1978, no puede esperarse que a pesar de la voluntad de quienes hoy la gobiernan se consolide en menos de dos años en la entidad un proceso de grandes dimensiones.
El gobernador Carlos Joaquin no iba a llegar con una varita mágica para cambiar todo, incluyendo al aparato de justicia, de manera inmediata.
Es imposible y ello debe entenderse y comprenderse.
La gente que le apostó a Carlos Joaquin esperaba, sobre todo, que hubiera acciones inmediatas en contra de quienes participaron en la fiesta del saqueo.
La desesperación está sobre todo entre quienes buscan venganzas, pero el Gobernador ha reiterado varías veces que es la justicia la que debe imperar.
Y la justicia da lo que corresponde a cada quien. Si se comprueba que el acusado se enriqueció, deberá devolver lo robado y estar en la cárcel el tiempo que corresponda.
Pero también debe salir libre, con el honor restañado, aquellos que comprueben que no delinquieron.
La sociedad debe ser madura y aceptar cualquiera de esos escenarios. Solo así, con paciencia, madurez y tolerancia se puede transitar en la consolidación del cambio.
Así como ocurre a nivel nacional, en el estado muchas instituciones apenas inician su transformación y aún se enfrentan a resistencias del pasado.
En ese caso se encuentra la Fiscalía que tiene la responsabilidad de investigar y aprehender a quienes son acusados del saqueo.
La Procuraduría cambió de nombre y procedimientos, pero la estructura y las carencias siguen siendo las mismas de hace años. Hay resistencias, pero se avanza.
Adicionalmente se encuentra ante disposiciones legales que debe seguir de manera estricta, sin desviaciones que permitan a los acusados evadir la acción de la justicia y generar más impunidad.
Los procesos son largos, complejos, tienen que apegarse a derecho y por tanto los resultados se verán a largo plazo, como parte de una estrategia legal para hacer valer la justicia.
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