EL BESTIARIO
La decisión del Tribunal Supremo de avalar los matrimonios homosexuales desata la ira de los obispos, “un hombre y una mujer, por su capacidad procreativa, garantizan la supervivencia de la sociedad”; Quintana Roo, junto a Coahuila y DF, se adelantaron a los magistrados, “no se pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”
SANTIAGO J. SANTAMARÍA
La Iglesia mexicana ha vuelto a la carga. La histórica decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los matrimonios homosexuales y dotarlos de plenos derechos ha desatado las iras de los obispos. En una calculada declaración pública, la conferencia episcopal clama por la finalidad procreativa de las bodas y niega a los jueces la capacidad para decidir sobre las nuevas formas de matrimonio. “Los obispos reiteramos nuestra convicción, basada en razones científicas, sociales y religiosas, de que la familia, célula de la sociedad, se funda en el matrimonio de un hombre con una mujer, que por su capacidad procreativa garantizan la supervivencia de la sociedad”, indica la nota. En su argumentario, los prelados se acogen a la “tradición bimilenaria de Occidente”, apelan al Código Civil de 1870 y llegan a comparar el rechazo a los matrimonios homosexuales con la prohibición del voto a los menores o a los extranjeros.
La Suprema Corte ha declarado la inconstitucionalidad de cualquier norma que establezca que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como unión entre un hombre y una mujer. Con este paso, los jueces han puesto fin a la dispersión legal que reina en México, donde sólo en tres estados (Coahuila, Quintana Roo y el Distrito Federal) es legal y de pleno derecho este tipo de unión. El resto del país ofrece un puzle normativo que va desde el rechazo al reconocimiento parcial. “Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de las autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, sostienen los magistrados.
Enorme frialdad por los grandes partidos políticos, responsables de las dubitativas legislaciones estatales
La resolución, de obligado cumplimiento en todo el territorio, ha supuesto un fuerte avance en la lucha por los derechos civiles. Con esta base jurídica, México se adelanta a Estados Unidos y se equipara a Argentina, Brasil y Uruguay. Pese a ello, el fin de la discriminación a los homosexuales ha sido acogida con enorme frialdad por los grandes partidos políticos, responsables de las dubitativas legislaciones estatales. Ninguna de las formaciones ha mostrado su apoyo oficial a la decisión de los jueces.
Frente a este silencio, la única declaración institucional de peso ha procedido de la Iglesia. Pero el texto, pese a la irritación que refleja, está escrito con mano fría. A diferencia de las explosivas notas de antaño, en sus líneas se aprecia la llegada a la Santa Sede de Francisco, impulsor de una nueva narrativa católica. Los obispos, cuya influencia aún es notable en las zonas más conservadoras del país, no sólo se muestran respetuosos con las “diversas formas de pensar y vivir” sino que intentan despolitizar sus palabras y llevarlas, aunque con dificultad, al terreno jurídico. En esta sentido, apelan en su escrito a la cultura “bimilenaria de Occidente” y a los códigos civiles de Benito Juárez (1870) y de Plutarco Elías Calles (1928).
Esta postura de la Iglesia mexicana, sometida a una constante pérdida de seguidores, dista de contar con un amplio apoyo popular
Bajo este paraguas tradicionalista, intenta soslayar la discriminación que supone impedir el matrimonio a los homosexuales comparándolo con la prohibición que tienen los extranjeros o los menores de votar. “En estos casos no se atenta a sus derechos sino que se salvaguarda la nación. La discriminación es una distinción injustificada, que en este caso no se da, ya que el matrimonio ha sido entre siempre entre personas de diferente sexo, hombre y mujer”, sostienen los obispos.
Esta postura de la Iglesia mexicana, una institución sometida desde hace décadas a una constante pérdida de seguidores, dista de contar con un amplio apoyo popular. Las encuestas del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación revelan que el 70% de la ciudadanía es favorable al reconocimiento de los derechos homosexuales. Y la realidad de los estados donde ya es legal muestra que su pleno reconocimiento es perfectamente asumible por una sociedad incardinada en el siglo XXI.
Supone en la práctica su legalización y sitúa a México en la órbita de Argentina, Brasil o Uruguay, por delante de EE UU
México ha dado un paso de gigante en el reconocimiento del matrimonio homosexual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una decisión histórica, ha respaldado estos enlaces y los ha equiparado plenamente a los heterosexuales. La medida del alto tribunal, acogida con frialdad por las fuerzas políticas, pone fin a la dispersión legal en torno a esta cuestión y considera inconstitucional cualquier norma que establezca que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como la unión entre un hombre y una mujer. Esta doctrina supone en la práctica su legalización y sitúa a México en la órbita de Argentina, Brasil o Uruguay.
En México cada estado regula el matrimonio a través de su propio código civil. Hasta la fecha, el enlace homosexual sólo está legalizado en Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo. El resto de territorios ofrece un poliédrico cuadro normativo que, al no reconocer plenos derechos a los gays, se ha convertido en una fuente de recursos de amparo.
El principal punto de conflicto radica en que las leyes estatales sostienen, en muchos casos, que la finalidad de la boda es la procreación. Un aspecto que niega la Suprema Corte. En su tesis jurisprudencial, que busca la unificación de doctrina ante los recursos de amparo, los magistrados recuerdan que el verdadero objetivo es “la protección de la familia como realidad social”. “Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión sea heterosexual, ni que se enuncie como entre un solo hombre y una sola mujer. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión […] pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales”, indica el texto.
Para López Obrador, legalizar los matrimonios gay, no es tan importante, “lo importante en México es que se acabe con la corrupción”
El Supremo mexicano lanza también un varapalo a quienes vinculan los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales. “Ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de las autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”, concluyen los jueces, entre cuyos ponentes figura juristas de gran prestigio como José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar.
Establecidas estas premisas, el alto tribunal considera inconstitucional cualquier ley que entienda que la finalidad del enlace es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer. “De este modo, en todo el territorio queda avalado el matrimonio homosexual, aunque las normas estatales digan lo contrario”, explica la directora de estudios de la Suprema Corte, Leticia Bonifaz. La decisión, sin embargo, no invalida las normas discriminatorias, dado que la vía pertinente para lograrlo no es el amparo, sino el recurso de inconstitucionalidad. Aun así, la doctrina emitida tendrá que ser obligado cumplimiento en los tribunales mexicanos.
La toma de postura de la Suprema Corte fue bien recibida por las organizaciones involucradas en la lucha por los derechos civiles. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CNPD) calificó la medida de “histórica” y como un paso fundamental para derribar legislaciones vejatorias. “Es un avance en la lucha por proteger y visibilizar los derechos fundamentales de todas las personas”, señaló en un comunicado.
Mucho más fría fue la acogida en el universo político. Aunque el reconocimiento de los derechos homosexuales ha avanzado con fuerza en los últimos años en México (el 70% de la población se declara a favor, según CNPD), numerosos políticos rehúyen aún la cuestión por miedo a los prejuicios y la erosión electoral. En el caso del derechista Partido de Acción Nacional (PAN), este distanciamiento está generalizado. Más confusa resulta la posición del PRI, el PRD o Morena. En estas formaciones la tolerancia ha ganado terreno, pero aún se registran profundas resistencias.
Un caso paradigmático es el de Andrés Manuel López Obrador, exjefe de Gobierno del DF y dos veces candidato presidencial con el PRD. El eterno aspirante de la izquierda, de profundas convicciones religiosas, siempre ha soslayado pronunciarse abiertamente a favor del matrimonio homosexual. “Lo fundamental es la honestidad, eso (legalizar el aborto y los matrimonios gay), con todo respeto y autenticidad, lo considero como algo no tan importante, lo importante en México es que se acabe con la corrupción, nada ha dañado más a México que la deshonestidad”, respondió recientemente.
El país de los charros, los machos y el tequila no es un territorio del todo amistoso para los gays, líder en crímenes homófobos
La Zona Rosa del Distrito Federal es uno de los barrios más emblemáticos para la comunidad gay de México. Pero pese a que en la capital mexicana los matrimonios entre personas del mismo género son reconocidos con los mismos derechos que tienen las uniones entre heterosexuales, el país de los charros, los machos y el tequila no es un territorio del todo amistoso para los gays. México, junto con Brasil, encabeza el listado latinoamericano en crímenes homófobos. Esta semana, en la propia Zona Rosa, dos veinteañeros paseaban cogidos de la mano. De la ventana de uno de los coches que atravesaba una avenida se asomó un hombre. Y un grito: “¡Putos!”.
La anécdota mexicana es un ejemplo de las paradojas que enfrentan los colectivos LGTB en América Latina. Las leyes que protegen sus derechos enfrentan obstáculos, avanzan con timidez pero no dan marcha atrás. Desde 2010, tres países han aprobado en todo su territorio el matrimonio igualitario: Argentina, Uruguay y Brasil. Pero eso no quiere decir que el camino se haya convertido en un sendero de rosas. Varios sectores de la región, tradicionalmente católica y ahora terreno fértil para el cristianismo aún más conservador, son firmes opositores de cualquier cambio a la ley que indica que el matrimonio solo es posible si es entre un hombre y una mujer. En Argentina, el país pionero en la legislación, una pareja gay fue atacada en marzo. “El Papa es argentino, no puede haber putos argentinos”, les gritó el agresor.
En México, de acuerdo con los colectivos LGTB del país, han sido unos buenos años, desde el retorno del PRI al poder. Se crearon figuras legales en dos estados mexicanos, Jalisco y Colima, que permiten a las parejas del mismo sexo tener uniones amparadas por la ley. En México, una república federal que funciona en un sistema de gobierno similar al de EE UU, la discusión sobre las uniones gay debía avanzar estado por estado. En varios congresos estatales se habían comenzado la discusión. La decisión del Tribunal Supremo es un viaje de no retorno…
También fue elegido en Fresnillo, una ciudad de 200.000 habitantes a 650 kilómetros al noroeste de la capital mexicana, el primer alcalde abiertamente gay. Benjamín Medrano, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), había ocupado un escaño en el Congreso nacional y asumió la alcaldía. No obstante, causó una fuerte polémica a unos días de su elección, cuando en una entrevista con el periódico El Universal afirmó que nunca había apoyado el matrimonio homosexual como diputado. Unos días después, aseguró que sus palabras habían sido sacadas de contexto. “Sólo dije que mi pueblo no está preparado para el matrimonio gay, porque el catolicismo está muy arraigado”, declaró.
Medrano insiste que la posible discriminación sexual en su contra es una de sus últimas preocupaciones. Denunció que habían atentado dos veces en su contra, pero no los atribuyó a la homofobia, sino al crimen organizado. Tiene un punto: los alcaldes mexicanos son uno de los blancos más débiles del narcotráfico. Cuatro de cada 10 han sido amenazados y más de 1.200 funcionarios municipales han sido asesinados en los últimos cuatro años.
Para el homófobo presidente de los Derechos Humanos en Brasil, una “maldición divina” hace los habitantes de África “negros y pobres
Uruguay, que también ha aprobado reformas de marcado tono progresista sobre el aborto y el consumo de marihuana, se convirtió en el duodécimo país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario y el segundo de la región después de Argentina. El premio Nobel Mario Vargas Llosa aplaudió las iniciativas del Gobierno de José Mujica y afirmó que otros países deberían “seguir su ejemplo”. Brasil, un mes después, se sumó a la lista y es el tercer país de la región en autorizar la unión igualitaria en todo su territorio. Pero la paradoja continúa. Paralelamente a la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, el legislador Marco Feliciano se convirtió en el presidente de la Comisión de DD HH del Congreso.
¿Por qué la polémica? Ocurre que Feliciano es pastor evangélico y es el líder del ala más dura del conservadurismo brasileño. Los evangélicos, que ya suman 42 millones en Brasil, representan una cuarta parte de la población. Y Feliciano ha dejado claro que, para él, no puede existir “un tercer sexo”. Está en contra también de la laicidad del Estado, del aborto, del estudio de las células madre y de la legalización de las drogas. También ha dicho que el continente africano es víctima de una “maldición divina” que hace a sus habitantes “negros y pobres”.
Cerca de 260 personas han sido asesinadas en Brasil por su orientación sexual, según el colectivo Arco-iris. Dos jóvenes estrangularon en Campo Grande (suroeste del país) a Lawrence Correa Biancão, de 20 años. “Para mí, los gays son alimañas”, dijo a la policía uno de los asesinos.
La discusión continúa en el resto de países. En Colombia, en octubre pasado, una decisión judicial anuló en octubre el primer matrimonio gay celebrado en el país. Por cierto, el responsable, el procurador (fiscal) Alejandro Ordoñez es también el hombre que destituyó al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La vecina Venezuela, que junto con Paraguay es el único miembro de Mercosur que no reconoce ningún tipo de unión homosexual, apenas ha entrado a la discusión.
En Chile, el penúltimo país occidental en aprobar el divorcio (en 2004), la socialista Michelle Bachelet, presidenta electa, ha puesto el tema sobre la mesa. Una encuesta de la Universidad Autónoma de Chile muestra, no obstante, que la mitad de los votantes no está de acuerdo con la iniciativa. Este año también fueron condenados los responsables del asesinato Daniel Zamudio. Al chico, de 24 años, le propinaron golpes y patadas, le estrellaron una piedra en la cabeza, le cortaron una oreja, lo quemaron con cigarrillos y marcaron su espalda con una esvástica que trazaron con una botella rota. El chico murió 24 días después tras una larga agonía. Los asesinos, también veinteañeros, recibieron penas de entre ocho años hasta cadena perpetua.
El Gobierno conservador de Sebastián Piñera aprobó la Ley Zamudio, que castiga la discriminación por origen étnico, orientación sexual, género y creencia religiosa. La legislación, que enfrentó la oposición del sector más duro de la derecha chilena, fue promulgada tras siete años de discusión legislativa. Un paso.
Los obispos tienen el derecho a opinar pero no lo hacen ante otros temas que agobian a los ciudadanos como la impunidad y la inseguridad
No estaría mal que los obispos, prestos a redactar en apenas unas horas una declaración contra la decisión de los magistrados sobre los matrimonios homosexuales en México, se guiaran por lo que dice el líder Morena y ejercieran su derecho a opinar también sobre otros temas ‘no tan importantes’ como dice ‘El Peje’, como son la corrupción, la inseguridad ciudadana, la falta de trabajo para los jóvenes, la discriminación de los migrantes, la impunidad con la que se mueven los ‘narcos’, los casos de pederastia en el seno de la propia Iglesia… Creo que es respetable y necesario que se decanten ante temas ‘sensibles’ para ellos pero también sobre otros asuntos que agobian en este 2015 a otros millones de ciudadanos. Se olvidan, nos olvidamos de las víctimas de la violencia, de la desigualdad, de la pobreza, de la prepotencia de las autoridades, del no acceso a la educación y a la salud…
De todas maneras, este asunto de las bodas gays está provocando nerviosismo en el seno del ‘aparato’ que dirige Francisco. El sí de la católica Irlanda al matrimonio homosexual ha sentado como un tiro en el Vaticano. Su más alto funcionario, el secretario de Estado, Pietro Parolin, un diplomático con muchos años de experiencia y fama de moderado, se ha referido así al resultado del referéndum: “No solo se puede hablar de una derrota de los principios cristianos, sino de una derrota de la humanidad”.
El ‘aparato’ del Vaticano está “muy triste por el resultado’ de un referéndum en la católica Irlanda, un 62% de los votantes dieron el sí
El cardenal italiano Parolin añadió que se siente “muy triste por el resultado” -un 62% de los votantes apoyaron el matrimonio gay y un 37% apostaron por el no- y animó a la Iglesia a reaccionar. “El arzobispo de Dublín”, añadió el secretario de Estado durante un acto de la fundación Centesimus Annus, “ha dicho que la Iglesia debe tener en cuenta esta realidad, pero a mí me parece que la debe tener en el sentido de reforzar su esfuerzo por evangelizar. La familia tiene que seguir estando en el centro, y debemos defenderla, tutelarla y promoverla. El futuro de la humanidad y de la Iglesia depende de la familia. Golpearla sería como quitar los cimientos del edificio del futuro”.
Las palabras de Pietro Parolin llaman la atención por dos aspectos. En primer lugar, el actual secretario de Estado no suele prodigarse en público, y mucho menos con esa rotundidad. Su labor hasta ahora ha sido la de sostener de forma callada, casi invisible, los esfuerzos del Papa por renovar la Iglesia y, sobre todo, por poner la maquinaria diplomática del Vaticano al servicio de la paz. En segundo lugar, desde que el papa Francisco se refirió a la homosexualidad durante su vuelo de regreso de Brasil —“¿quién soy yo para juzgar a los gais?”—, la Santa Sede ha procurado actualizar los viejos clichés.
Si bien, hasta el momento, solo se ha tratado de una aproximación más respetuosa, si acaso más comprensiva hacia los homosexuales, pero dejando claro –como hace hoy el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, en una entrevista al diario La Repubblica—que la Iglesia se sigue negando a las uniones civiles. “Nosotros creemos”, advierte Bagnasco, “en la familia que nace de la unión estable entre un hombre y una mujer, potencialmente abierta a la vida; esta unión, que constituye un bien esencial para la sociedad, no es equiparable a otras formas de convivencia”. Tal vez las palabras de Pietro Parolin se puedan explicar por el temor de la Iglesia a que el resultado del referéndum irlandés pueda provocar un efecto dominó en el resto de Europa y en otros lugares del resto del mundo, como es el caso de México.
Quisiera terminar esta columna haciendo referencia a un debate habido en un programa radiofónico, donde una invitada, cercana al Partido Popular de la derecha española, tachó de ‘enfermos crónicos’ a los homosexuales y lesbianas y que encimase casan… Otro de los invitados a la tertulia, le reprochó amablemente lo que decía y a la vez que le avisaba que sus palabras podían provocar un infarto al presidente de España, el también ‘pepero’ Mariano Rajoy. “Imagínese que los gays se creen eso de que tienen una enfermedad crónica. Inmediatamente van a exigir al Estado, al menos, una paguita o una pensión vitalicia. Esto va a provocar que el resto de la ciudadanía se sienta tentada por acceder también al apoyo estatal. Igual, en apenas unos meses, podemos ver la Puerta del Sol a los 45 millones de españoles exigiendo una paguita, declarándose enfermos crónicos y aceptando su homosexualidad. Ahora, que estamos a unos meses de las presidenciables, esto puede provocarle al bueno de Mariano un infarto, ahora que se cree que estamos saliendo de la crisis en España. Hasta los borbones van a instalar en La Zarzuela la bandera de arcoíris…”.
La decisión del Tribunal Supremo de avalar los matrimonios homosexuales desata la ira de los obispos, “un hombre y una mujer, por su capacidad procreativa, garantizan la supervivencia de la sociedad”; Quintana Roo, junto a Coahuila y DF, se adelantaron a los magistrados, “no se pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual”.
@SantiGurtubay
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