La consulta ciudadana a la que se convocó para definir si se permite o no en Cancún la operación de empresas que ofrecen el servicio de taxi a través de plataformas digitales como Uber, es la mejor manera de democratizar una decisión y así lo deben entender los líderes de los sindicatos de taxistas.
Sin embargo, todo parece indicar que están lejos de ese razonamiento, pues los 17 sindicatos de taxistas que operan en Quintana Roo se organizan para bloquear por la fuerza la mencionada consulta. Es decir, se oponen a la sociedad.
No se trata de hacerlos a un lado. Se trata de que los usuarios del servicio de transporte cuenten con varias opciones bien reguladas, seguras y de calidad.
Si la sociedad aprueba la operación de esas empresas, éstas deberán cumplir con todos los ordenamientos legales establecidos y los que se establezcan para compañías de ese tipo. Tampoco deben darles exenciones de ningún tipo, ni convertirlos en una fuerza electoral. Allí están los sindicatos de taxistas como ejemplo de lo que no debe hacerse en ese sentido.
De acuerdo con la recién reformada Ley de Participación Ciudadana, para que la decisión que se tome en las urnas sea vinculante, se requieren por lo menos 211,258 votos, es decir, el 35% de una lista nominal de 603,596 electores, y la opción ganadora (el sí o el no) debe obtener la mitad más uno, es decir, 105,629 sufragios.
Esos votos que eventualmente obtenga el sí son cuatro veces más que las 25,000 personas que, dicen, componen la fuerza del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, la mayoría de ellos siempre inconformes por los abusos de sus directivos.
Sin duda, la fuerza social que representarían por lo menos 105,629 personas es un apoyo superior a acciones de gobierno que los que podría representar un gremio con prácticas caducas, al que le urge modernizarse en todos los sentidos para bien de sus propios agremiados.
Los tiempos en los que agrupaciones de ese tipo doblaban a los gobiernos ya debe ser cosa del pasado. Indudablemente esos grupos buscarán tensar la liga y amenazarán con romperla, pero no deben ir en contra de sus propios intereses, pero la administración de Carlos Joaquín González tendrá que demostrar de qué está hecho y hacer a un lado cualquier signo de debilidad.
Los taxistas operan con concesiones públicas y el gobierno tiene la potestad de retirarlas a quienes atenten contra la estabilidad y la gobernabilidad.
La impunidad ya no debe ser la divisa con la que actúen los líderes taxistas, un pequeño grupo habitualmente desajenado de su base social, que se cuece aparte.
Platea
La frase “¡Yo vengo a trabajar por la gente no a cuidar votos!” del gobernador Carlos Joaquín González es una confirmación de la nueva forma de hacer política en el estado, una que tiene desconcertados a quienes siempre han esperado línea y creen entender en cualquier gesto del Gobernador un mensaje y puede que haya uno, pero no el que se pretenda entender.
Luneta
Aunque no lo quieran ver los taxistas, la consulta tiene bondades también para ellos, pues si ganara el NO, el Poder Legislativo no podrá expedir durante los próximos tres años disposiciones normativas que contravengan el sentido de la opinión expresada en ese proceso. Lo dice la Ley de Participación Ciudadana.
Haciendo uso de las herramientas legales, como la propia ley de participación ciudadana, deben los taxistas demostrar su fuerza, no con amenazas de largas y bloqueos.
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