En días recientes, a través de medios oficiales fueron publicados reportajes sobre la Biblioteca Javier Rojo Gómez de Chetumal, cuyo ruinoso edificio en pleno centro de la ciudad se encuentra abandonado y, más allá de acusaciones lanzadas “al aire”, no sabemos qué fue del acervo que acumuló desde finales de 1971.
No nos sorprende –ni nos parece del todo injustificada– la satanización de las autoridades del sexenio de Roberto Borge Angulo, pero a los quintanarroenses de muy poco nos sirve la descarga emocional de los señalamientos a los malosos de esta película. En este, como en otros temas, lo que requerimos son respuestas concretas a las muchas deficiencias de las que adolece la administración pública, y conocer con pelos y señales qué pasó con la biblioteca y los libros –entre muchos otros materiales propios de los servicios que brindaba–; es menester no sólo para poder formarse un juicio justo, sino eventualmente para fincar responsabilidades.
A la secretaria de Educación y Cultura Marisol Alamilla Betancourt le corresponde brindar respuestas concretas a las interrogantes, tarea que no debiera resultar tan difícil: no debiera haber lugar para el “nadie sabe, nadie supo” ni resuelve nada propiciar notas de linchamiento sin mayores explicaciones en las que se acuse al anterior titular José Alberto Alonso Ovando y a la ex subsecretaria de Cultura Lilián Villanueva Chan de haber abandonado el inmueble de la confluencia de las Primo de Verdad y Miguel Hidalgo y de algo más bien inverosímil: haberse robado los libros de mínimo, casi nulo valor económico que ahí se tenían, ya que en verdad desde la creación del recinto nunca se superó el estatus básico de una vocación limitada a primaria y secundaria.
De veras con el manejo informativo dado hasta ahora sólo cabe imaginar cuadros absurdos, como a Villanueva y Alonso saboteando la biblioteca para que se inundara y traficando en el mercado negro una rara edición de Mi Libro de Ciencias Naturales de 5º. Año.
Desde que las inusuales lluvias de 2015 revelaran que el edificio estaba estructuralmente desahuciado se dijo que el acervo de la Rojo Gómez se distribuiría en escuelas del estado, con remesas iniciales a una escuela de Calderitas y al Colegio de Bachilleres I y que se trabajaría en la digitalización de los ejemplares, así que no tendría por qué ser difícil para la gente de Marisol Alamilla seguir la documentación correspondiente a las donaciones, incluso averiguar si existe, dónde está y qué avance se logró con la famosa digitalización, pero parece más atractivo satanizar que responder. En las notas del 7 Más, por ejemplo, no se brindó la respuesta de la secretaria y en su lugar escuchamos especulaciones de empleados menores que no tenían la más remota idea de la situación.
Muy lejos estaríamos de pretender meter la mano a la lumbre por los funcionarios del sexenio anterior, ya que en muchas áreas sí se ha documentado daños catastróficos, daños patrimoniales y desvíos de recursos, pero una actitud omisa de Alamilla al no proporcionar información concreta no permitirá exonerar ni castigar en el asunto de la biblioteca, dejando un clima enrarecido que en nada abona al aseo de la administración de Carlos Joaquín González, que ya de por sí no obsequió la feria de sangre que el pueblo reclamaba tras su ofrecimiento en campaña de afilar la guillotina contra los integrantes del repudiado gobierno de Roberto Borge.
No creemos que sea con poses ni con indignadas notas vacías como se puedan resolver los problemas del estado. Si Marisol Alamilla calla porque no sabe nada, mal. Si lo hace para alimentar enconos gratuitos, peor.
Queremos que las actuales autoridades –poco a poco estamos dejando de decirles nuevas– corrijan el rumbo, como lo prometió Carlos Joaquín, mas no que simulen que lo hacen.
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