Cualquier acción que atente contra menores de edad representa un agravio no solo para las víctimas…
Cualquier acción que atente contra menores de edad representa un agravio no solo para las víctimas, también para toda la sociedad; sobre todo, cuando es frecuente, descarada, cometida o autorizada por familiares, y consentida por quienes ven, pero callan.
Durante el periodo vacacional, tanto en Solidaridad como en Benito Juárez las autoridades han detectado menores explotados en comercios o buscando apoyo, algunos provienen de otros estados y unos cuantos aprovechan el «tiempo muerto” de asueto para ganar unos pesos.
Pese a operativos, leyes y programas, el problema persiste. Erradicarlo parece una ilusión. Constan los múltiples esfuerzos para mitigarlo, pero no logran prevenirlo desde su origen. Incluso, la delegación de la Procuraduría General de la República alertó hace años que bandas organizadas traían menores desde Chiapas con fines de todo tipo, tras lo cual emprendieron labores conjuntas con instancias de entidades vecinas. No fue suficiente, claro está.
Cuando se les cuestiona la causa, los visitantes admiten venir con parientes o amigos en busca de mejores oportunidades, las cuales son brindadas por comerciantes sin escrúpulos, aunque saben –según el caso– que la ley prohíbe o limita el desempeño de los muchachos.
Evidentemente es una culpa compartida entre estos y los testigos, quienes al no denunciar se convierten en cómplices por omisión, más cuando las condiciones son precarias, incluso inhumanas, como se ha comprobado en la Quinta Avenida de Playa del Carmen o la Avenida Tulum de Cancún, por nombrar dos sitios.
¿Qué hacen al respecto las autoridades?
En Solidaridad, la primera dama Cinthya Osorio asegura que se multiplican las inspecciones para verificar las condiciones en que trabajan, las cuales son desplegadas por brigadas los 365 días, sobre todo en lugares turísticos donde es posible encontrarlos en plena faena durante periodos vacacionales. Durante los encuentros se les conmina a retornar a sus lugares de origen para evitar que la problemática pudiera agravarse.
A quienes son residentes, el DIF municipal los reinserta en planteles educativos y les da seguimiento para prevenir la reincidencia. Por lo mismo, se les ofrecen actividades deportivas, los educan en tanto se reincorporan al ciclo lectivo obligatorio y se planea capacitarles próximamente en una tarea productiva para facilitar su ingreso al mercado laboral. Además, imparten pláticas en escuelas a manera de prevención.
La administración de Mauricio Góngora obtuvo un premio nacional por esta iniciativa, por lo cual el compromiso es mayor, ineludible e impostergable a la vez.
En Benito Juárez, personal de Seguridad Pública, DIF, Comercio en Vía Pública, Fiscalización y regidores aplican operativos ocasionales, aunque el arribo de “nuevas víctimas” es imparable: la entidad ostenta la tercera tasa más alta de crecimiento de población con 3.1%, superior a la media del país de 1.8%. El 54% de la población no nació en Quintana Roo.
El secretario del Trabajo, Patricio de la Peña, explica que la migración con fines laborales se debe a las cifras óptimas de empleo en el estado: es el tercero con mayor porcentaje en la tasa neta de participación y el quinto donde mejor pagan.
Con todo, en Solidaridad hay mejores resultados en este y otros ámbitos relacionados debido a la participación ciudadana y la denuncia. “En Solidaridad son más alegres, más optimistas y más conscientes que en Cancún”, sostiene convencida Teresita Cruz Moreno, responsable del Programa de Adicciones en la Jurisdicción Sanitaria 2 de Cancún, quien imparte charlas motivacionales en ambos destinos. Esa afirmación es clave.
La solución pasa por articular mejor las estrategias, por que las acciones preventivas sean permanentes, no coyunturales, así como por sensibilizar al ciudadano y fomentar siempre la denuncia.
