Ayotzinapa, principio del fin

Sólo eso explicaría la determinación de la administración de Peña Nieto de confrontarse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en un escenario internacional. La aversión a la gestión del mexiquense por parte de la ciudadanía es ya inocultable, ante la ineptitud de su gabinete, la corrupción y su naturaleza depredadora de la riqueza del país, y sobre todo la cubierta de total impunidad construida en su entorno.
La determinación del gobierno federal de hacer prevalecer la versión de la “verdad histórica”, lo llevo a sacar de su encierro al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, a quien presentaron ante la comisión de diputados encargada de coadyuvar a la investigación en el caso Iguala. Frente a ellos, el ex funcionario defendió una vez más su versión, la cual sostiene el incineramiento de los cuerpos de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el basurero de Cocula. En una reunión privada a la cual llegó y se retiró en secreto, el ex procurador señaló: el tercer peritaje del basurero de Cocula los acerca a esa postura, así como los resultados científicos alcanzados en la Universidad de Innsbruck, los cuales revelaron a los restos hallados cerca del basurero como pertenecientes a dos de los 43 estudiantes.
Son relevantes las declaraciones de Murillo Karam ante los legisladores federales para eximir de responsabilidad a los elementos del Ejército acuartelados en Iguala o a los agentes de la Policía Federal. No existen indicios en torno a la policía o el Ejército como responsables, subrayó e insistió: el Ejército no debió haber actuado, “así fue mejor, porque si no, hubiera sido fatal”.
JUEGAN CON SUFRIMIENTO DE FAMILIAS
Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), el reciente anuncio del gobierno mexicano sobre los resultados de un nuevo análisis forense en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente no sólo no prueba nada, sino juega con el sufrimiento de las familias, negándoles su derecho a la verdad y la justicia. El tercer peritaje señala la existencia de fuego o una serie de fuegos en el basurero de Cocula en algún punto de la historia. En ese lugar han sucedido incendios durante casi una década, y “maquillar esos resultados para presentarlos como algo innovador es un enfoque totalmente burdo”.
Guevara criticó a las autoridades mexicanas por atreverse a calificar estos hallazgos como conclusivos. El mundo tiene derecho a la verdad, destacó y recordó: el peritaje fue realizado por las autoridades después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentara resultados refutando la teoría gubernamental sobre la incineración de los cuerpos de los estudiantes en el basurero de Cocula.  El propio GIEI censuró la divulgación de hallazgos preliminares y consideró roto el acuerdo con el gobierno en este aspecto de la investigación forense.
ESCÁNDALO INTERNACIONAL
En Washington, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a través del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, rechazó nuevamente que viva una crisis de derechos humanos y sostuvo: la violencia la generan los criminales y no el Estado. Sin embargo, estas declaraciones son refutadas por la propia realidad. No sólo el caso de Ayotzinapa sigue sin resolverse por la necedad de las autoridades federales, sino se suma a los de Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y Villa Purificación, por mencionar los más relevantes. Además, son inocultables las deficiencias en el sistema penitenciario del país; las desapariciones de los menores de edad; así como las fallas inherentes al sistema de administración y justicia. En la misma problemática se encuadra el acoso a la prensa y el asesinato de periodistas.
El jueves pasado, en una sesión ríspida, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron severamente al gobierno mexicano por los ataques directos en contra de uno de sus funcionarios y, sobre todo, por la reacción negativa al informe crítico sobre la grave situación actual en el país en materia de derechos humanos. El comisionado Enrique Gil Botero indicó: desconocer la existencia de situaciones de violación a estos derechos que quebrantan el principio de realidad. Esta actitud, subrayó, “es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia”. A su vez, el comisionado Paulo Vannuchi denunció un “fuerte ataque de autoridades públicas de México” a la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, y el “daño irreparable” infligido a su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.
Con el recurso de la negación el gobierno mexicano busca refutar los informes documentados de organismos internacionales como la CIDH sobre la situación real de los derechos humanos en territorio mexicano. Ruiz Cabañas señaló: “no estamos de acuerdo con el diagnóstico por una sencilla razón: porque no es el Estado mexicano el causante de la violencia, son las organizaciones criminales, y el Estado mexicano ha debido reaccionar haciendo uso de los recursos que tiene a su disposición”.
AMENAZAN LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Dentro de la compleja problemática resentida por los derechos humanos en el país, el periodista y escritor mexicano Juan Villoro advierte: en México “no se garantizan las libertades”; en los últimos años “se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo”; la libertad de expresión está amenazada.
La situación actual de las libertades en México y las numerosas y poderosas amenazas sobre la libertad de expresión, fueron resaltadas por Villoro, quien recordó: “hoy en día la principal periodista de la radio mexicana, Carmen Aristegui, carece de un espacio para ejercer su trabajo. Hace poco más de un año tenía el mayor rating del país, pero eso no garantizó su permanencia ante los micrófonos. Su contrato fue rescindido después de que su equipo de investigación informara de la llamada Casa Blanca, mansión de la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, la cual recibió por su compensación por la rescisión voluntaria de su contrato con Televisa. El entramado de la Casa Blanca apuntaba a un tráfico de influencias entre la presidencia, el consorcio televisivo y la constructora Higa, la cual ha obtenido numerosas licitaciones desde los tiempos de Enrique Peña Nieto como gobernador del Estado de México”.
Tras recibir el premio de periodismo del Diario Madrid, Villloro expuso: “de acuerdo con la Federación Internacional de Periodistas, 120 informadores han sido asesinados en el país en los últimos 25 años. Tan sólo en el estado de Veracruz, 15 periodistas han muerto durante los cinco años de Javier Duarte, gobernador del PRI. Por su parte, la ONG Artículo 19 informa que en el último año hubo más de 300 agresiones de distinto tipo a los representantes de la prensa”.
Juan Villoro declaró: “este premio en el que se eleva la libertad de expresión lo dedico a los compañeros de trabajo en México que se han negado a cerrar los ojos y han tenido la valentía de descubrir aún en medio de tanto espanto, historia de compasión y solidaridad. Las buenas noticias no son noticias, dice el refrán. Contra ese lugar común los resistentes periodistas mexicanos confirman que en tiempos de terror la felicidad es una forma de la rebeldía”.
RED DE LAVADO
Mientras la atención mundial sigue el caso de los Papeles de Panamá, autoridades de Florida confirmaron el desmantelamiento de una “sofisticada” red de lavado de dinero del narcotráfico que tenía su sede en Colombia y era operada por miembros del Cártel de Sinaloa y sucesores del Cártel de Cali. La fiscal estatal en Miami, Katherine Fernández Rundle, reveló: el grupo lavaba un millón de dólares al mes a través de 11 negocios en Miami-Dave. La red operaba en los cinco continentes, en países como Estados Unidos, México, Canadá, España, Italia, Holanda, Panamá, Guatemala, Colombia,  Venezuela, Ecuador, Reino Unido, Australia y China.
El dinero del narcotráfico tuvo su origen en 14 estados de Estados Unidos, entre ellos Arkansas, California, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Massachusetts y Michigan, de acuerdo a la investigación. “El dinero sucio era lavado a través de cuentas de negocios asociados con algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo”, apuntó Fernández. La red utilizaba el “mercado negro” de cambio del peso en Colombia. El esquema se iniciaba con el cártel mexicano pagando en dólares para comprar la cocaína en Colombia y posteriormente enviarla a Estados Unidos. Los pagos se hacían a representantes en ese país del cártel colombiano, quienes a su vez ofrecían divisas a empresas importadoras en Cali a un precio más barato del cambio oficial para cubrir sus pedidos de equipos electrónicos, tecnología y otros bienes. De regreso a Colombia, esos negocios legítimos podían devolver el dinero a los agentes, quienes lo entregaban al cártel. Las autoridades de Florida presentaron fotografías de 22 integrantes de la red, de los cuales sólo tres han sido arrestados, dos de ellos en Miami.
Tratándose de casos como el Panama Papers o desmantelamientos como el reportado, es de resaltar que el vecino del norte no revele nombres y hable de los grandes capos latinoamericanos sin mencionar jamás a los auténticos jefes de la mafia beneficiados del dinero sucio, quienes tienen origen y residencia en los Estados Unidos. Curioso, ¿verdad?
DE LOS PASILLOS
En el puerto de Acapulco, Guerrero, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) protestaron en contra de la evaluación educativa que se aplica este viernes y sábado en el Fórum Mundo Imperial. De acuerdo con la Secretaría de Educación estatal, se pretende evaluar a 2 mil 410 docenes y se espera la asistencia de por lo menos 60 por ciento.
A un costado de la carretera hacia Playa Pascuales, a la altura de la colonia Ladislao Moreno, en el municipio de Tecomán, Colima, fue localizada una fosa clandestina con 6 cadáveres. Este municipio, durante los últimos tres meses, ha sido el más violento de la entidad registrándose el mayor número de asesinatos, hallazgos de cuerpos desmembrados y balaceras.
Durante el mes de marzo, el Índice de Confianza del Consumidor, el cual capta las expectativas sobre la condición económica del país esperada dentro de un año respecto a la actual, observó su segunda reducción mensual consecutiva. Reportó una baja de 1.78% a 89.64 puntos, de acuerdo con datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este indicador se ubicó en su menor nivel desde agosto de 2014, mes en el cual registró 89.47 unidades.
Al rechazar la negociación de la gubernatura de Tamaulipas con el PAN, Manlio Fabio Beltrones, dirigente nacional del PRI reconoció la dificultad para llevarse “carro completo” en las elecciones del 5 de junio donde se renovarán 12 gubernaturas. El sonorense aseguró que su partido realizará “una verdadera campaña política”, pero reconoció que “no hay elección fácil en México, ni en ninguna parte del mundo”.
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