Democracia cara, lujosa e insatisfactoria

Ante la elevada producción de pobreza y reproducción de miseria a lo largo y ancho del país, es ofensivo constatar el alto costo de los procesos electorales. Para este año, en el cual 13 entidades desarrollarán elecciones locales, 12 de ellas a gobernador, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó un presupuesto de 15 mil 473 millones de pesos, el cual le fue otorgado por el Congreso, con lo cual incrementó su presupuesto en 65 por ciento más en comparación con el de 2010. Esos recursos le permitirán al INE construir su nuevo complejo inmobiliario, cuyo costo está calculado en mil 84 millones de pesos, el cual se pretende inaugurar el primer trimestre de 2017. El monto total de financiamiento público 2016 para partidos políticos asciende a 4 mil 031 millones 121 mil 882 pesos con 76 centavos.

El costo del voto por entidades de la República es sin duda alto, pero depende tanto de los recursos asignados por las autoridades electorales a cada estado, el número de ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores, y la participación ciudadana que se presente durante la jornada electoral, además de las asignaciones privadas permitidas para los partidos políticos y candidatos. El pasado mes de marzo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) estableció el monto de 76 millones 770 mil pesos como límite del financiamiento privado para los partidos políticos durante el ejercicio 2016, de conformidad con lo estipulado por el Reglamento de Fiscalización, el cual señala: las aportaciones de militantes tendrán el limite anual equivalente al dos por ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias y precampañas en el año de que se trate.

Con esas consideraciones se puede establecer a las entidades donde el sufragio ciudadano es el más costoso para este proceso electoral: Quintana Roo e Hidalgo, donde supera fácilmente los 500 pesos cada voto. En Quintana Roo, 1 millón 85 mil 639 electores podrán acudir a las urnas este año para elegir nuevo gobernador, 10 ayuntamientos, 15 diputados de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. El presupuesto asignado para estos comicios es de 259.2 millones de pesos, con lo que el costo unitario del voto sería de 238 pesos, en caso de acudir todos los electores a las urnas. Sin embargo, considerando el abstencionismo de 56.42 por ciento en la pasada elección de gobernador y esperando uno similar en la próxima, el costo unitario del voto se elevaría a 555 pesos, sin considerar los recursos aportados por militantes y simpatizantes a los partidos y candidatos participantes en los comicios.

Y en Hidalgo, 2 millones 26 mil 584 ciudadanos podrán elegir a nuevo gobernador, 84 ayuntamientos, 18 diputados de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. La inversión asignada para esta elección es de 531.8 millones de pesos, así el costo unitario del voto sería de 262 pesos, de acudir el 100 por ciento de ciudadanos a las urnas. Sin embargo, el abstencionismo superó el 52% en la pasada elección para gobernador, por lo cual se estima, con una participación similar, un costo unitario del voto de 546 pesos, sin contar con los recursos utilizados provenientes de las aportaciones privadas de simpatizantes y militantes a los candidatos participantes.

En el siguiente nivel en cuanto a costos por sufragio se encuentran los estados de Zacatecas, Sinaloa, Durango, Tlaxcala y Chihuahua.  En Zacatecas, 1 millón 133 mil 267 ciudadanos podrán acudir a las urnas para elegir nuevo gobernador, 58 ayuntamientos, 18 diputados de mayoría relativa y 12 representación proporcional. El presupuesto asignado para esta elección es de 319.8 millones de pesos, con lo que el costo unitario del voto seria de 282 pesos, si el 100 por ciento de electores acuden a las urnas. Sin embargo, en la pasada elección de gobernador el abstencionismo llegó a 43%, y esperando una participación ciudadana similar, el costo unitario del voto se elevaría a 495 pesos.

Sinaloa cuenta con un padrón electoral total de 2 millones 67 mil 383 ciudadanos podrán acudir a las urnas para elegir gobernador, 18 ayuntamientos, 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 de representación proporcional. El presupuesto asignado para esa elección es de 583.1 millones de pesos, con lo cual el costo unitario del voto se estimaría en 282 pesos. Sin embargo, considerando el abstencionismo en la pasada elección de gobernador de 42 por ciento, y esperando una participación similar para estos comicios, el costo unitario del voto se elevaría a 486 pesos.  En Durango, un millón 237 mil 378 ciudadanos podrán elegir a nuevo gobernador, 39 ayuntamientos, 15 diputados de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. El presupuesto asignado para estos comicios es de 274.3 millones de pesos, por lo cual el costo unitario del voto sería de 221 pesos. En esa entidad, durante la pasada elección estatal para gobernador, acudieron a las urnas sólo el 52 por ciento de los electores. Si esperamos un abstencionismo similar, el costo unitario del voto se elevaría a 432 pesos.

En Tlaxcala, 881 mil 229 ciudadanos podrán acudir a las urnas para elegir a nuevo gobernador 60 ayuntamientos, 15 diputados de mayoría relativa y 10 de representación proporcional. El presupuesto asignado para estos comicios es de 254.9 millones de pesos, con lo cual el costo unitario estimado del sufragio sería de 289 pesos, de acudir el 100 por ciento de electores a votar. Sin embargo, en la pasada elección el abstencionismo alcanzó el 30 por ciento, y esperando una participación ciudadana similar, el costo unitario del voto se elevaría a 413 pesos.  Y en Chihuahua, 2 millones 646 mil 659 ciudadanos podrán elegir a nuevo gobernador, 67 ayuntamientos, 22 diputados de mayoría relativa y 11 de representación proporcional. El presupuesto asignado para estos comicios locales es de 509 millones de pesos, por lo cual el costo unitario del voto estimado es de 192 pesos, si todos los electores acuden a las urnas. Pero, éste sin duda será más elevado pues el abstencionismo en la entidad, en los pasados comicios fue cercano al 62 por ciento, lo que elevaría el costo unitario del voto hasta 400 pesos, sin contar los recursos que recibirán los partidos por aportaciones privadas de militantes y simpatizantes.

Sobre un tercer piso se encuentra el resto de las entidades donde se renovarán este año gobiernos estatales: Oaxaca, Veracruz, Aguascalientes, Tamaulipas y Puebla. En Oaxaca, un total de 2 millones 790 mil 843 ciudadanos podrán elegir gobernador, 570 ayuntamientos, 25 diputaciones de mayoría relativa y 17 de representación proporcional. La inversión asignada para esta elección es de 612.7 millones de pesos, con lo cual el costo unitario del voto sería de 219 pesos, de acudir todos los electores a las urnas. El abstencionismo en la pasada elección para gobernador superó el 44 por ciento. Así, esperando una participación similar en los próximos comicios, el costo unitario del voto se elevaría a 392 pesos, sin contar los recursos privados aportados por militantes y simpatizantes en las campañas políticas.

En Veracruz, donde se espera una reñida elección, un total de 5 millones 682 mil 801 ciudadanos podrán salir a votar por nuevo mini gobernador, 30 diputaciones de mayoría relativa y 20 de representación proporcional. El presupuesto asignado para esta elección es de un mil 163 millones de pesos, con lo cual el costo unitario del voto se estimaría en 204 pesos. Sin embargo, en la pasada elección de gobernador el abstencionismo alcanzó el 47 por ciento, y esperando una participación ciudadana similar en los próximos comicios, el costo unitario del voto se elevaría a 386 pesos. En tanto, en Aguascalientes, alrededor de 900 mil electores (879,647 registrados hasta el pasado mes de enero) podrán elegir el próximo 5 de junio a nuevo gobernador, 11 ayuntamientos y 18 diputados locales de mayoría relativa y 9 de representación proporcional. El presupuesto asignado para estas elecciones estatales es de 153 millones de pesos. Sin considerar los recursos derivados de las aportaciones privadas, de militantes y simpatizantes a partidos y candidatos durante las campañas electorales,  el costo estimado del voto sería de 173 pesos si votará el 100 por ciento de ciudadanos inscritos en el listado nominal, pero considerando una participación similar a la de la elección pasada, del 54% del total (un estimado de 488 mil personas), el costo unitario del sufragio se elevaría a 322 pesos.

Son dos millones 561 mil 42 ciudadanos tamaulipecos quienes podrán acudir a las urnas a elegir a nuevo gobernador, 43 ayuntamientos, 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. El presupuesto asignado para estos comicios es de 319 millones de pesos, por lo cual el costo unitario del voto se estima en 124 pesos de acudir el 100 por ciento de los electores a las urnas. Sin embargo, en la última elección para gobernador en esta entidad el abstencionismo se elevó hasta el 68 por ciento. Así, considerando una participación ciudadana similar, el costo unitario del voto se elevaría a 296 pesos, sin contabilizar los recursos que militantes y simpatizantes de partidos y candidatos aportarían en las campañas electorales. Y en Puebla, 4 millones 298 mil 082 ciudadanos podrán salir a las urnas para elegir nuevo gobernador. El presupuesto asignado para estos comicios donde se habrá de elegir un mini gobierno es de 658.5  millones de pesos, por lo cual el costo unitario del voto sería de 153 pesos, en caso de acudir todos los electores a las urnas. Pero como en la pasada elección para elegir gobernador se registró un abstencionismo de 42.26 por ciento, y esperando una participación similar para estos comicios venideros, el costo unitario del voto se elevaría a 268 pesos.

EL PODER POR EL PODER

Además del escandaloso costo del voto en cada entidad federativa donde este año se realizarán comicios, es totalmente decepcionante la ausencia de proyectos y programas de gobierno enfocados a atender las demandas, requerimientos y necesidades de la población por parte no sólo de los partidos políticos en general sino de cada uno de los candidatos en particular. La información sobre el desarrollo de las campañas generados por los propios aspirantes a los cargos de elección popular constatan hasta el desconocimiento de sus propios documentos básicos y principios partidistas y confirman la ausencia de altura de miras de los próximos gobernantes en el país.

Lamentable también es la inexistencia de un compromiso concreto de los aspirantes a los cargos de elección popular con la transparencia y la rendición de cuentas en un país donde impera la corrupción y la impunidad. De los candidatos registrados actualmente, 76, para contender en las elecciones para gobernador en 12 entidades, al escribir estas líneas solamente 13 aspirantes habían presentado su declaración 3de3: Lorena Martínez, Esteban Villegas Villarreal, Martín Orozco, José Rosas Aispuro, Benjamín Robles, Héctor Yunes Landa, Miguel Ángel Yunes Linares, Alejandro Tello, Blanca Alcalá, Adriana Dávila, Armando Méndez de la Luz, José Mauricio Góngora y Juan Bueno Torio. De estos aspirantes, seis corresponden al PRI, 4 al PAN, uno a Movimiento Ciudadano, uno al Partido del Trabajo y un independiente.

Los dirigentes nacionales del PRD y PAN, Agustin Basave y Ricardo Anaya, respectivamente, han manifestado en diferentes ocasiones su respaldo a la iniciativa 3de3 con el fin de que los aspirantes a cargos de elección popular presenten sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, los aspirantes perredistas no la han concretado en los hechos, y sólo la han presentado algunos abanderados del blanquiazul.  Este miércoles, cabe destacarlo, organizaciones de la sociedad civil entregaron al Senado de la República más de 300 mil firmas para respaldar la iniciativa ciudadana #Ley3de3, a fin de obligar a los funcionarios públicos a presentar sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflicto de interés.

Empresarios, académicos, investigadores y activistas consiguieron colocar ya en manos del Senado más de 600 mil firmas para impulsar la aprobación de un nuevo Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, y pidieron a los legisladores avanzar en una reforma profunda y no quedarse en la mediocridad. Ante el presidente de la Cámara alta, Roberto Gil, advirtieron: controlar la corrupción y erradicar la impunidad abre la puerta para acabar con otros males que arrastra el país como la pobreza, el bajo crecimiento económico y la desigualdad persistente.

Los aspirantes a los cargos de elección popular a definirse el próximo 5 de junio han exhibido la ausencia de proyectos y programas de gobierno sólidos orientados a atender las necesidades y requerimientos de la población en cada una de las 13 entidades donde se celebrarán comicios este año. Por ejemplo, en Hidalgo, el candidato a gobernador del PRD, José Guadarrama Márquez, insistió en retirar el Tuzobús, en caso de exigirlo la población; en Puebla, la aspirante perredista Roxana Luna Porquillo, se pronunció por revertir las leyes promovidas por el gobernador Rafael Moreno Valle, como la “Ley Bala” y la expropiaciones utilizadas para reprimir a los poblanos; en Sinaloa, el candidato del PRI-PVEM-Panal, Quirino Ordaz Coppel, dijo en Los Mochis que mientras la gente no perciba una mayor tranquilidad, las nuevas inversiones no llegarán; y en Tlaxcala, el candidato de la alianza PRI-PVEM-Panal-PS, Marco Antonio Mena, manifestó no apostarle a la organización de eventos multitudinarios sino al acercamiento con la ciudadanía. Sólo eso es lo que hay para los electores.

DE LOS PASILLOS

Como consecuencia de su inclusión en el caso denominado Papeles de Panamá, Aristóteles Núñez Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la existencia de investigaciones a al menos 20 empresarios mexicanos, a quienes les tiene abiertas auditorías fiscales. Aunque el funcionario declinó ofrecer los nombres de los implicados en investigaciones fiscales, reconoció indagaciones a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y al ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán…

De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizad por el Inegi, durante el pasado mes de marzo, el 69.9 por ciento de la población adulta del país consideró inseguro vivir en su ciudad. En Villahermosa, Tabasco, Ciudad de México y Acapulco, Guerrero, se localizan los mayores porcentajes (89.7%, 87.4% y 85.8%, respectivamente) de personas de 18 años y más que consideran inseguro vivir en su ciudad. Las urbes donde la percepción de inseguridad es menor son Tepic, Nayarit, Campeche y Mérida, Yucatán.

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