Dictadura en tránsito

En futuros procesos electorales, locales y federales, en donde sin duda habrán de participar, no podrán alegar desconocimiento o inocencia en la aprobación de las modificaciones al Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, o argumentar que lo hicieron para adecuar la justicia militar al nuevo sistema penal acusatorio, próximo a entrar en vigor. Su acción legislativa ahora permite a los militares efectuar cateos en domicilios particulares, así como en oficinas del gobierno federal, de los poderes legislativo y judicial y de órganos desconcentrados. No podrán justificar desconocimiento de la facultad otorgada a los ministerios públicos militares para inmiscuirse en tareas de inteligencia, de intervenir comunicaciones telefónicas y darle la facultad de ordenar la presentación de civiles en juicios militares.

La aprobación de esta reforma en lo general y lo particular, perpetrada a la una y media de la madrugada de ayer, también suprime los consejos de guerra, se crean los juzgados militares de control y tribunales militares de juicio oral, además de transformar a la Procuraduría de Justicia Militar en la Fiscalía General de Justicia Militar. En el debate legislativo de más de cuatro horas, donde la mayoría del PRI-PAN rechazó la moción suspensiva propuesta por el senador Alejandro Encinas,  el senador del PT, Manuel Bartlett, les pidió a los legisladores del PRI y PAN: “no cometan esta fechoría que nos pone en riesgo a todos los mexicanos. Es una decisión peligrosa. El Ejército ya está en todos los estados y ahora le van a dar más instrumentos para continuar con una función inconstitucional”.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, del PRD, advirtió: organismos internacionales dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos, cometidos por el Ejército, al actuar en el combate al crimen organizado. Para la senadora perredista, Dolores Padierna,  con la aprobación de tales modificaciones, México está desafiando las recomendaciones y sentencias de organismos internacionales de protección a los derechos humanos, en materia de fuero militar y se abre la puerta a que los efectivos castrenses pudieran ser juzgado y sentenciados en un proceso penal militar por una conducta sólo de desobediencia.

Padierna acusó: ”nuevamente se pretende imponer por vía fast track una reforma contraria al artículo primero constitucional, nuevamente se quiere garantizar la impunidad para militares que cometen delitos vinculados a la disciplina militar y violaciones a los derechos humanos”. Y subrayó: al ser sentenciados por un fuero castrense, están imposibilitados para ser juzgados por el fuero civil, lo cual asegura la impunidad para los militares que cometan delitos contra civiles.

El video que se filtró en donde se muestra el modus operandi de cómo elementos el Ejército torturan a una mujer en Guerrero -dijo el perredista Armando Ríos Pitter- debería obliga a los legisladores a no aprobar una reforma que da más facultades a los militares para el cateo de los domicilios de las personas, así como la invasión de sus comunicaciones privadas y aspectos graves como la comparecencia de civiles en la jurisdicción militar, así también como aquellos actos de investigación tan amplios que no requieren de control judicial.

Ayer mismo, el Senado también aprobó por 90 votos a favor y cuatro en contra la nueva Ley para Sancionar y Prevenir la Tortura y Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes. Horas antes se aprobó en comisiones y se dictaminó rápidamente. Los legisladores ni siquiera tenían el conocimiento del contenido de la ley de referencia, como destacó la petista Layda Sansores.

En la Cámara de Diputados, el coordinador de los priístas, César Camacho, advirtió: sería irresponsable que las minutas enviadas del Senado a San Lázaro se pretendan llevar al pleno sin antes haber pasado por las comisiones. Hasta el mediodía de ayer, y a unas horas de concluir el periodo ordinario de sesiones, la presidencia de la Cámara de Diputados informó que no le habían sido remitidas las minutas aprobadas por el Senado en la madrugada, entre ellas la que modifica la justicia militar para permitir cateos en domicilios y dependencias.

En torno a la posibilidad de la aprobación de esas iniciativas antes de concluir el periodo el 30 de abril, Camacho Quiroz dijo:  “sería una irresponsabilidad que sin tocar baranda en las comisiones ordinarias, se traigan al pleno, se discutan y se voten”.

ANTICORRUPCIÓN, PENDIENTE

El periodo ordinario de sesiones del Senado de la República se cerró las primeras horas de ayer. No hubo acuerdos en torno a la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción y las reformas del presidente Enrique Peña Nieto en torno al mando único policial y la liberación de la mariguana para fines terapéuticos.

Esos tres pendientes se aprobarán en un próximo periodo extraordinario de sesiones aún por definir, el cual podría ser a principios de julio, después de las elecciones, aseguró el coordinador priísta, Emilio Gamboa,

Al mediodía del viernes fue instalada en el Senado la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual estará en funciones hasta iniciar el próximo período ordinario de sesiones de ambas cámaras en septiembre.  En fechas próximas, esta instancia determinará la convocatoria a un Periodo Extraordinario de Sesiones para aprobar las Leyes Reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el uso medicinal de la mariguana.

Pendientes también quedan un paquete de 12 iniciativas de ley enviadas el jueves por el presidente Enrique Peña Nieto al Congreso de la Unión, para dar solución pronta a conflictos generados en el ámbito civil, laboral, administrativo o de proximidad. En Palacio Nacional, el mandatario signó las iniciativas para crear el Sistema Nacional de Impartición de Justicia; una reforma en materia de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias; en el ámbito de Justicia Cívica Itinerante; en materia de Resolución del Fondo del Conflicto; crear un Código Procesal Civil y Familiar, así como homologar el actuar de los registros civiles.

También propuso crear el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; una Iniciativa de Reforma al Código de Comercio sobre Juicios Orales y Mercantiles; otra para reformar la Ley Federal del Trabajo en materia de Justicia Laboral; Ley General de Registros Públicos y Catastros; y a la Ley General de Salud para Fortalecer a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Asimismo, la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y de Catastros; y el Decreto en Materia de Conciliación de Controversias entre la Administración Pública Federal y los Particulares.

GIEI ENTREGA SEGUNDO INFORME

La mañana de ayer, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ingresaron en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR)  a fin de entregar su segundo informe de labores en torno a las investigaciones del denominado caso Iguala a la procuradora Arely Gómez.

Antes de entrar, Carlos Beristain, Francisco Cox y Claudia Paz destacaron corresponderá a la PGR atender sus señalamientos en cuanto a la falta de diligencias realizadas en el río Cocula. Los especialistas se reunieron con Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, y su equipo de trabajo. Es la última reunión entre el grupo y la PGR, pues los expertos culminan este sábado su mandato de colaboración con la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 Un día antes, el GIEI acusó al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, de “tergiversar” la realidad de los hechos ocurridos en el río San Juan, y pidió una indagación profunda, objetiva e imparcial.

Al mismo tiempo, personal de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también desmintió al director de la AIC, y aseguró que personal de la ONU nunca llegó al río la tarde del 28 de octubre de 2014, como aseguró el funcionario de la PGR.

También el Equipo Argentino de Antropología Forense aseguró no tener conocimiento ni acceso a ningún documento pericial o ministerial sobre las diligencias realizadas por la PGR, la cual involucrara la presencia de peritos médicos o antropólogos, en esa fecha.

DE LOS PASILLOS

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, acusó la existencia de intereses ocultos de gente armada y violenta en el bloqueo carretero del jueves en Chilpancingo, el cual se prolongó por más de 12 horas. Tras el desalojo de transportistas que exigían una audiencia con el gobernador, fueron decomisados vehículos robados, armas largas y más de mil cartuchos.  Pedro Almazán Cervantes, secretario de Seguridad Pública del estado, precisó: el saldo del boqueo fue de 73 ciudadanos detenidos, 31 vehículos decomisados, varios de ellos con reporte de robo y seis armas de uso exclusivo del Ejército, como un AK-47,  un fusil AR-15 con adaptación de lanza granadas, un rifle HK y una escopeta.

Para el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Rogelio Cerda, la fortuna del candidato del PAN a la Gubernatura de Puebla, Antonio Gali Fayad, exhibe una impudicia política. La situación económica del abanderado blanquiazul contrasta con la realidad del Estado, donde la pobreza es vergonzante, advirtió Cerda, quien retó a Gali Fayad a presentar su declaración patrimonial, pero también fiscal para que demuestre de dónde obtuvo sus bienes.

Medio millar de ex policías se manifestaron sobre Paseo de la Reforma para exigir restitución de cargos y mejores condiciones laborales dentro de corporaciones como la Policía Federal y capitalina. La “Primera Marcha con Gallardía y Valor para la Dignificación de la Policía”  partió del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. El grupo, en el cual se encontraban policías retirados, así como ex elementos que argumentan despidos injustificados, hizo una parada frente al Senado para entregar un documento a los legisladores.