Siempre fue un contrasentido de nuestro sistema legal que la procuración de justicia, la fiscalía del Estado, dependiera del presidente –para el fuero federal– y de los gobernadores –para el común. 
Hay que recordar que el famoso “paquete de impunidad” legislativo destinado a blindar la salida de Roberto Borge Angulo de la gubernatura tenía como corazón el nombramiento de un fiscal a modo avalado por una legislatura más a modo aun, lo que la actual no pudo revertir ante la justicia federal porque, chicanas, mañas y triquiñuelas aparte, no había inconstitucionalidad en el nombramiento. En ambos órdenes de gobierno el fiscal del pueblo, por su sumisión al Poder Ejecutivo, funcionaba primordialmente como abogado del gobernador.
Sin embargo ahora se presenta una importante posibilidad de darle credibilidad y legitimidad al gobierno pues el presidente pide que el procurador general de la República no se convierta de manera automática en fiscal, lo que implicaría una reforma legal a fondo y desde luego un subsecuente proceso legislativo mucho más republicano que el actual, que se limita al levantamiento de dedos.
Enrique Peña Nieto, en efecto, plantea una reforma que elimina el “pase automático” para que el el abogado de la nación –que no debe ser del presidente–, Raúl Cervantes, se convierta en el primer fiscal general para un periodo de nueve años.
En Quintana Roo, en una postura emitida ayer, el presidente de la Gran Comisión Eduardo Martínez Arcila dijo que con la renuncia del fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, y la iniciativa de reforma constitucional que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado como un “acto responsable” que el fiscal del Estado, Carlos Arturo Álvarez Escalera, ponga a consideración del Ejecutivo y de la XV Legislatura su renuncia “en aras de generar confianza en la ciudadanía”.
El diputado local destacó que con el reciente decreto sobre la designación y remoción del fiscal general del estado, se garantiza a los ciudadanos que quienes presuntamente hicieron mal uso de los recursos públicos o cometieron algún acto de corrupción serán sujetos al proceso legal correspondiente.
Martínez Arcila señaló que el encargado de investigar los posibles actos de corrupción de la anterior administración debe estar libre de cualquier duda con respecto a su autonomía e independencia para ejercer sus funciones.
Le gustara o no la PGR debía mostrar su beneplácito con la iniciativa del presidente, por lo que dijo que espera que el Congreso de la Unión tome la mejor decisión con respecto a las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal en torno a esta modificación. Se espera pues, desde la óptica de la misma dependencia, una discusión tendiente a consolidar el Estado de Derecho en el país, y manifestó expresamente su disposición a coadyuvar con el Poder Legislativo para que esto salga avante.
El artículo a reformar por el Senado de la República sería el décimo sexto transitorio de la reforma constitucional publicada el 10 de febrero de 2014, con respecto a la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). Ahí el jefe del Ejecutivo propone dejar en manos del senado la designación del nuevo fiscal, sin descartar que Cervantes pueda participar en la competencia junto con otros aspirantes.
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