La semana pasada se anunció en este espacio el Primer Foro de Derecho “Los Retos de la Justicia en Quintana Roo”, en Playa del Carmen, en el cual desarrollaron cuatro temáticas en boga: anticorrupción, derechos humanos, juicios orales y reforma laboral. Las conclusiones son interesantes para autoridades, abogados, jueces y magistrados, así como para periodistas, estudiantes, empresarios y público en general.
Sobre esos tópicos pasan, precisamente, los desafíos en el estado, coincidieron los cuatro ponentes: Juan Manuel Torres Salgado, David Guzmán Palma, José Luis Caballero Rodríguez y Enrique Carpizo Aguilar, quienes enlistaron los pendientes en la materia. Antes, identificaron “uno menos”: la desunión, gracias al esfuerzo conjunto –por primera vez– entre Barras, Colegios y Consejos de abogados para realizar dicho evento. Las más llamativas:
La capacitación de todos los policías, como primeros respondientes e investigadores. No todos aprenden los protocolos de actuación, por lo que falla la recopilación de pruebas. Ello permite señalar a presuntos culpables o, igual de peor, generar impunidad, uno de los males más enraizados.
Robustecer los Sistemas Nacional y Estatal anticorrupción con procedimientos de rutina, marcos secundarios o acciones de cooperación para reducir las malas prácticas y también la mala percepción. Deben encontrarse las formas de prevenir, detectar, controlar, sancionar y combatir los actos indeseables.
Blindar los derechos humanos como elementos inalienables en todo proceso. En ciertos casos se ha comprobado que se pasan por alto algunas de las premisas básicas, como la presunción de inocencia o el debido proceso.
Agilizar el tránsito, de buena manera, de la reforma laboral, cuyo interés se ha centrado en la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para dar paso a Tribunales Laborales que dependan del Poder Judicial, aun cuando este paso implica tareas como infraestructura, presupuestos o capacitaciones. El espíritu es mucho más amplio.
Resaltan algunos más específicos, como fortalecer las medidas de soluciones alternativas. El paradigma penal de que “la cárcel es el fin” debe quedar atrás en el nuevo sistema. Opciones como los acuerdos reparatorios, la suspensión del proceso o el procedimiento abreviado, deberían ser promovidas por la autoridad competente, para no dilatar, evitar gastos y hallar soluciones expeditas.
Acordar la eliminación o corrección del auto de vinculación a proceso, el cual tiene por objeto someter a un imputado a la segunda fase de la etapa preliminar del proceso penal, es decir, a la investigación formalizada. Ha sido criticada hasta el cansancio, pero sin propuestas convincentes para afinarlo.
Hay otros, como eludir la suspensión de los procesos vía amparo, que son válidos en todas las etapas, sin facilitar la resolución definitiva; ampliar o perfeccionar las cuatro técnicas de litigación, así como revisar las nulidades de los actos procesales. Los abogados tienen trabajo.
Los actores se están poniendo de acuerdo. Los avances son innegables.
