EL BESTIARIO
SANTIAGO J. SANTAMARÍA
El actor que encarnó al guerrillero Ernesto Che Guevara en su periplo junto a Alberto Granado a través de América del Sur en 1952, cuando todavía disfrutaba de la ‘libertad juvenil’ -como lo hicimos todos antes de que nos cayeran arriba las ‘cargas administrativas’-, en el film ‘Diarios de motocicleta’, dirigido por Walter Salles, o al escritor Pablo Neruda, quien dedicó varios poemas a nuestro país en su ‘Canto general’, clama estos días en Ginebra, Suiza, ayuda a la comunidad internacional para evitar que sigan ocurriendo “crímenes atroces”, en nombre de la seguridad. El poeta chileno se expresaba así de la nación azteca: “Yo siento amor carnal por México con los altibajos de la pasión: quemadura y embeleso. Nada de lo que allí pasa me deja frío. Y a menudo me hieren sus dolores, me perturban sus errores, y comparto cada una de sus victorias. Se aprende a amar a México en su dulzura y en su aspereza, sufriéndolo y cantándolo como yo lo he hecho, desde cerca y desde lejos”
Jorge Volpi gana el Premio Alfaguara de Novela en lengua castellana promovida en 1965 por el escritor español y Nobel de Literatura Camilo José Cela, con ‘Una novela criminal’. El escritor mexicano sigue la estela de ‘A sangre fría’ de Truman Capote para narrar “sin ficción” un caso que enfrentó a México y Francia. La novela sirve para muchas cosas. Una de ellas, para evadirse de la realidad. Pero también, cuando esta se muestra esquiva, caótica o llena de fugas, para ordenarla. Al buscar ese camino, cuando los hechos se encuentran envueltos en un laberinto, no necesita si quiera de la ficción. Por eso, Jorge Volpi ha escogido un caso plagado de sombras: el que afectó en 2005 a Israel Vallarte y Florence Cassez, entonces pareja sentimental, acusados de secuestro en México. Volpi trata de ordenar los hechos que sacudieron México y provocaron un incidente diplomático entre los gobiernos de Felipe Calderón y el de Nicolas Sarkozy con una “novela sin ficción”. A diferencia del escritor estadounidense Truman Capote, quien “confiaba en sus sistemas judiciales”, el mexicano ha afirmado que su “gran desafío” ha sido, justamente, que no se podía creer nada del suyo…
México es la zona de conflicto más mortal después de Siria. Superó a Iraq y Afganistán para convertirse en la segunda zona con mayor número de muertos, según la encuesta anual de conflictos armados del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS por sus siglas en inglés). Ese nivel de derramamiento de sangre es aún más sorprendente, porque “México es un conflicto marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviación de combate”, dijo el director general de IISS, John Chipman, en la presentación del estudio en Londres. Prácticamente todas esas muertes fueron causadas por armas pequeñas. La mayoría de las muertes ocurrieron en estados que se han convertido en “campos de batalla clave por el control entre cárteles (de drogas) rivales y cada vez más fragmentados”, dijo, y la violencia aumenta cuando las pandillas intentan despejar áreas de rivales para monopolizar las rutas del narcotráfico.
Desde que el ex presidente panista Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco en 2006, se calcula que, desde entonces, casi 200.000 personas han muerto a causa de la violencia, casi 27.000 el año pasado, uno de los más violentos en la historia del país, además de una cifra de desaparecidos en torno a los 23.000, con el priista Enrique Peña Nieto en la presidencia del país. Estamos ante el trimestre más electoral de la historia de México. El ya cada vez más próximo domingo 1 de Julio los ciudadanos tienen una cita en las urnas para definir quién será su presidente durante los siguientes seis años (2018-2024) y los futuros legisladores que formarán parte del Senado de la República (128 senadurías) y la Cámara de Diputados (500 diputaciones). Además de estas elecciones federales, la jornada también contempla comicios locales en 30 de las 32 entidades federativas del país. Millones de mexicanos, entre ellos vecinos de Cancún, Solidaridad, Chetumal y el resto de los municipios del Estado acudirán a las urnas a depositar su voto. Un deseo es mayoritariamente compartido, también en nuestro Quintana Roo, con Gael García Bernal: “México quiere la paz”.
El actor y cineasta mexicano Gael García Bernal se ha convertido desde hace décadas en una de las figuras clave del cine latinoamericano comprometido. También lo es fuera de las pantallas. Este mes de marzo, el protagonista de Diarios de motocicleta o Neruda ha pedido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se cree un “mecanismo contra la impunidad” para evitar que ocurran “crímenes atroces” como los de México que se han cometido “en nombre de la seguridad”. “Estoy harto de la violencia y la impunidad”, dijo García Bernal en Ginebra (Suiza), donde viajó desde Buenos Aires para participar por segunda vez en el Festival del Film y Foro Internacional de Derechos Humanos (FIFDH). “La comunidad internacional no puede permitir que en México las víctimas de violaciones a derechos humanos sigan en aumento ni que se siga acallando la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos”, ha añadido. El actor se ha presentado como un “ciudadano (que) como miles de mexicanos contamos a nuestros muertos y desaparecidos en millares” y pidió “un mecanismo internacional contra la impunidad que garantice que los crímenes atroces que ocurren actualmente, no volverán a ocurrir más”.
Activistas e investigadores de la ONU han acusado a las fuerzas de seguridad mexicanas de asesinatos, torturas y desapariciones. “Las cifras están creciendo, el sufrimiento de las familias y de comunidades enteras está creciendo”, ha denunciado el intérprete, de 39 años, que no quiere llegar a los 40 pensando que la impunidad y la violencia seguirán siendo sistemáticas. “A consecuencia de la guerra contra el narco, las mayores violaciones de los derechos humanos se han cometido, incluyendo crímenes contra la humanidad, en nombre de la seguridad”. “La comunidad internacional no puede permitir que esa situación continúe en un país donde la libertad de expresión está siendo limitada y se está agrediendo, desprestigiando y asesinando a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, ha agregado. “México quiere paz”, ha sido la frase final de su discurso.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha reiterado su compromiso de investigar y castigar los abusos contra los derechos humanos y niega haber tenido conocimiento o participación en casos emblemáticos como la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, que será objeto del informe ‘Doble injusticia’ que se presentó en la sede del organismo. Antes de su intervención, el actor hizo un alegato en el marco del FIFDH en el que ya pidió un mecanismo de supervisión internacional en su país y precisó que, con motivo de las próximas elecciones presidenciales del 1 de Julio, “las apuestas están muy altas y es el momento de cambiar las cosas”. También añadió que “los delitos de corrupción a gran escala” no están siendo juzgados ni investigados por las autoridades mexicanas.
Che Guevara confirma sus incipientes impulsos igualitarios durante un brindis de cumpleaños, que es a su vez su primer discurso político
‘Diarios de motocicleta’ es una película biográfica basada en los diarios de viaje del Che Guevara y Alberto Granado, dirigida por Walter Salles y protagonizada por Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna. Fue ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original en 2005 por ‘Al otro lado del río’, de Jorge Drexler, junto a 21 premios internacionales más. El film relata el viaje que realizaron El Che y Granado a través de América del Sur, en 1952. Durante el desarrollo del mismo, Guevara se descubre a sí mismo transformado por sus observaciones de la vida de los empobrecidos campesinos indígenas. A través de los personajes que encuentran en el camino aprenden sobre las injusticias a las que los pobres se enfrentan y viven situaciones de distinto tipo, desde las más alegres a las más tristes. La experiencia les presenta a Guevara y Granado una verdadera imagen de la identidad latinoamericana y cambia el curso de sus vidas para siempre.
En 1952, un semestre antes de que el Che Guevara terminase sus estudios de medicina, él y su viejo amigo Alberto Granado, un bioquímico, dejan Buenos Aires para viajar por el continente buscando diversión y aventuras. Si bien al final de su viaje tienen un objetivo, intentan trabajar en una colonia de leprosos en Perú, el propósito principal es turismo. Ellos quieren ver tanto de América Latina como puedan, más de 10.000 kilómetros en solo unos meses. Su método inicial de transporte era la antigua y agujereada, pero funcional motocicleta Norton 500 de Alberto bautizada ‘La Poderosa’. Se dirigirán al norte, con el objetivo de cruzar Los Andes, viajar a lo largo de la costa de Chile, a través del Desierto de Atacama y de la Amazonía Peruana y alcanzar Venezuela justo a tiempo para cuando Alberto cumpliese 30 años, el 2 de abril. Debido a una avería de ‘La Poderosa’, se ven obligados a viajar a un ritmo más lento, y llegan a Caracas en junio.
Durante su excursión, los dos protagonistas se encuentran con la precariedad de las personas en los pueblos amerindios, y la película asume una mayor seriedad una vez que los hombres tienen un mejor razonamiento de la disparidad entre los ricos y pobres de América anglo. En Chile, los viajeros encuentran un par de hombres realizando trabajos forzados en la ruta debido a sus creencias comunistas. Los dos los acompaña a la mina de cobre de Chuquicamata, y al ver el trato que recibían los obreros el protagonista Guevara se enfada. La unión de este con las personas necesitadas es desde lo más profundo de sus corazones en toda la película. Sin embargo, es la visita a las ruinas incas de Machu Pichu lo que inspira algo en Ernesto. Él se pregunta cómo la avanzada cultura dio paso a la expansión urbana de Lima. Su respuesta es que los españoles tenían armas.
En Perú, el Che y Granado trabajan como voluntarios durante tres semanas en una colonia de leprosos de San Pablo. Allí Guevara ve tanto física como metafóricamente la división de la sociedad entre las masas trabajadoras y las masas gobernantes (el personal que vive en el lado norte del río, separado de los leprosos que viven en el sur). Guevara además se rehúsa a usar guantes de goma durante su visita eligiendo en su lugar estrecharse las manos desnudas con los asustados leprosos recluidos. Al final de la película, después de su estancia en la colonia de leprosos, Guevara confirma sus incipientes impulsos igualitarios y antiautoritarios durante un brindis de cumpleaños, que es a su vez su primer discurso político. En él evoca una identidad latinoamericana que trasciende las fronteras de la nación y la raza. Estos encuentros con la injusticia social transforman la manera en que Guevara ve al mundo y por implicación motivan más tarde sus actividades políticas como un revolucionario.
Guevara hace su simbólico “viaje final” esa noche cuando a pesar de su asma, elige nadar a través del río que separaba las dos sociedades de la colonia de leprosos, para pasar una noche en una choza de leprosos en vez de en las cabinas de los doctores. Este viaje implícitamente simboliza el rechazo de Guevara a la riqueza en la que había nacido, y el camino que tomaría más tarde en su vida como un guerrillero, peleando por lo que él creía era la dignidad que todo ser humano merecía. Cuando se estaban despidiendo uno del otro, Alberto revela que su cumpleaños no era, de hecho, el 2 de abril, sino el 8 de agosto, y que la razón de esa mentira era simplemente por motivación: Ernesto responde que siempre lo supo. La película termina con la aparición del verdadero Alberto Granado de 82 años, junto con imágenes del viaje real y una mención de la eventual ejecución del Che Guevara en la selva boliviana en 1967.
Jorge Volpi, con ‘Una novela criminal’, sigue la estela de ‘A sangre fría’ de Truman Caporte para narrar “sin ficción” el ‘Florence Cassez’
La novela sirve para muchas cosas. Una de ellas, para evadirse de la realidad. Pero también, cuando esta se muestra esquiva, caótica o llena de fugas, para ordenarla. Al buscar ese camino, cuando los hechos se encuentran envueltos en un laberinto, no necesita si quiera de la ficción. Por eso, Jorge Volpi, el escritor nacido en la Ciudad de México de 1968, ha escogido un caso plagado de sombras: el que afectó en 2005 a Israel Vallarte y Florence Cassez, entonces pareja sentimental, acusados de secuestro en México, para contarlo en ‘Una novela criminal’, que se ha alzado con el XXI Premio Alfaguara.
Volpi trata de ordenar los hechos que sacudieron México y provocaron un incidente diplomático entre los gobiernos de Felipe Calderón y el de Nicolás Sarkozy con una “novela sin ficción”. Las presiones de Sarkozy condujeron a la liberación de Florence Cassez -tras ocho años de prisión- pero eso no impidió que Israel Vallarta lleve 11 años en la cárcel sin sentencia de primera en instancia”, explicó desde México el reputado escritor, autor de novelas como ‘En busca de Klingsor’.
Jorge Volpi sigue en su novela premiada por el grupo editorial Penguin Random House con 175.000 dólares (140.400 euros) y una escultura de Martín Chirino, la arriesgada vía que hoy exploran autores como Javier Cercas (Anatomía de un instante) o Emmanuel Carrère (El adversario), a quienes reivindicó nada más darse a conocer el fallo en Madrid, y con anterioridad Truman Capote (A sangre fría) o Norman Mailer (La canción del verdugo). “Utilizan los recursos y los medios de narrar propios de la novela tradicional para contar hechos ciertos, y el margen de la imaginación consiste a veces en llenar esos intersticios que no quedan claros”, señaló. Pero a diferencia de Capote o Mailer, quienes “confiaban en sus sistemas judiciales”, el mexicano ha afirmado que su “gran desafío” ha sido, justamente, que no se podía creer nada del suyo.
Y en esa técnica entra un intento de aclarar mediante interrogantes. “Las conclusiones, en esta novela sin ficción, las debe sacar el lector”, apuntó Volpi. O la conciencia de lo que no funciona, caso de la justicia en México, según el también autor de ‘Las elegidas’. “En este caso, no del todo aclarado, la función de las instituciones fue dar una apariencia de que se estaban resolviendo los hechos, pero con mentiras. La autoridad trató de ocultar lo que debía haber esclarecido. Sobre este caso se reveló que la policía había organizado un montaje televisivo para capturarlos”. Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos en un rancho a las afueras de Ciudad de México. El operativo policial fue retransmitido en directo por Televisa y TV Azteca, las primeras cadenas mexicana, incluyendo el rescate de tres personas secuestradas. Días después se demostró que fue un montaje urdido por la policía y reporteros de las cadenas. La pareja fue en realidad detenidos un día antes. La farsa mediático-policial no impidió que fueran acusados y condenados. Además, la investigación estuvo plagada de irregularidades: testigos que nunca estuvieron allí; testimonios falsos logrados con amenazas y torturas; víctimas sin constancia de que haber sido secuestradas; y un jefe de policía, Genaro García Luna, que se convertiría en poderoso ministro de Seguridad Pública.
“Calderón lanzó la guerra contra el narco. En 12 años tenemos cientos de miles de muertos, de desaparecidos, cifras propias de una guerra civil”
Tres años estuvo el escritor documentándose, leyendo las 10.000 páginas del expediente para elaborar su novela, cuya narración arranca en 2005. Desde entonces, “México, lamentablemente, ha cambiado mucho. En aquellos momentos, la mayor preocupación de seguridad eran los secuestros, pero, un año después, Calderón lanzó la guerra contra el narco. Esto ha llevado a lo largo de estos 12 años a una situación en la que tenemos cientos de miles de muertos, de desaparecidos, en unas cifras propias de una guerra civil. Ha sido un cambio terrible”. Y a pesar “de este escenario político y social tan desasosegante”, continuó su reflexión, “es sorprendente que haya tantas generaciones en activo, en las artes visuales, en la literatura y ahora principalmente en el cine, conviviendo con proyectos distintos en un ambiente cultural enormemente rico, frente a un ambiente social y político tan terrible”.
El filósofo donostiarra -de San Sebastián, norte de España, País Vasco- Fernando Savater, presidente del jurado del Alfaguara, leyó el acta: “Rompiendo con todas las convenciones del género, el autor coloca al lector y a la realidad frente a frente, sin intermediarios. En esta historia, el narrador es tan solo el ojo que se pasea sobre los hechos y los ordena. Su mirada es la pregunta, aquí no hay respuestas, sólo la perplejidad de lo real”. Le acompañaron en el escenario para la lectura del fallo los demás miembros del jurado: los escritores Mathias Enard y Sergio del Molino, la cineasta peruana Claudia Llosa, el librero mexicano Emilio Achar y la editora del sello, Pilar Reyes. En esta convocatoria al Alfaguara se recibieron 580 manuscritos, de los que 261 fueron remitidos desde España, 88 desde Argentina, 62 desde México, 69 desde Colombia, 45 desde Estados Unidos, 21 desde Chile, 22 desde Perú y 12 desde Uruguay.
Diplomático, escritor, mitómano, gestor cultural, Jorge Volpi es uno de los máximos exponentes de la renovación del panorama literario mexicano de las últimas dos décadas. Forma parte junto a Ignacio Padilla, Pedro Ángel Palou o Eloy Urroz de la llamada ‘Generación del Crack’. Nacidos entre 1961 y 1968, los años de la gran onomatopeya literaria, el Boom, su obra ha ampliado y enriquecido la tradición latinoamericana con vectores más cosmopolitas y contemporáneos. “Se enfrentaron a la grisura del postboom –precisa Mario Bellatin, escritor mexicano y coetáneo de Volpi– que seguía intentando emular aquella formula exitosa. Fueron los primeros que como grupo clamaron por una libertad, por el factor sorpresa. Más que marcar un camino determinado, tiraron una bomba para que todos los caminos fueran válidos”. El dialogo en sus tramas narrativas con otras disciplinas como la historia, la economía, la psicología, o la introducción de personajes históricos en sus novelas –como en ‘El fin de la locura’ (2003) o la celebrada ‘En busca de Klingsor’ (1999) – son algunas de las constantes del universo del escritor mexicano, autor de más de una veintena de títulos entre novelas, cuentos y ensayos. Licenciado en Derecho y doctor en Filología Hispánica, Volpi ha compaginado su labor literaria con una carrera como funcionario. Agregado cultural en Paris, fue durante cuatro años director del Festival Internacional Cervantino. Desde el año pasado, está al frente del área de difusión cultural de la UNAM, la mayor universidad de América Latina.
“Si ahora nos preocupan tanto las noticias falsas, ahí estaba el germen, la primera ‘fake news’, un montaje contra los presuntos secuestradores”
En 2005, el mexicano Israel Vallarta y la francesa Florence Cassez fueron detenidos en Ciudad de México acusados de múltiples secuestros. La operación, retransmitida en directo por televisión, es el motor de arranque de ‘Una novela criminal’, el libro laureado de Jorge Volpi. El problema es que era una mentira convertida por la policía en espectáculo televisado y en una pesadilla vital para los implicados y sus familias. “Si ahora nos preocupan tanto las noticias falsas, ahí estaba el germen, la primera ‘fake news’. Durante dos horas, los mexicanos vieron un montaje contra los presuntos secuestradores y contra las víctimas. El policía que llevó la investigación fue ascendido y solo un periodista fue despedido. Es inaudito”, recalcó el escritor en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
‘Una novela criminal’ es un libro sin ficción, un artefacto narrativo que sigue la estela del mejor Emmanuel Carrère o del Norman Mailer de ‘La canción del verdugo’ para mostrar al lector un universo de corrupción política y policial, un laberinto de fabricaciones y montajes periodísticos y judiciales contra dos supuestos secuestradores en el que nadie sale indemne. Un caso que, de no ser cierto, no se podría creer y que gracias a la investigación y al rigor periodístico de Volpi deja tantas preguntas legítimas como hechos probados y falsedades desmontadas. “Este asunto tiene todos los elementos de un gran relato: parte policíaca, historia de amor y una conspiración. Esta investigación primero y el libro después se convirtieron en una metáfora de mi país y de los vicios que tiene un sistema judicial diseñado para proteger a los poderosos y con la corrupción presente en todos sus niveles”, comentó el autor de ‘Memorial del engaño’.
Todo lo que se describe en el libro es desafortunadamente una historia cotidiana para muchos mexicanos: corrupción, injusticia y una trama oscura que trata de privar de la verdad a los ciudadanos. Volpi ha hecho una investigación que ojalá la hubiera hecho el sistema judicial. “Ningún texto es inocente”, recalcó en su charla en la capital de España Volpi citando a Roland Barthes. “Está escrito en primera persona, pero de lo más discreta; solo en algunos momentos intenta mostrar aspectos que me parecían delicados. La forma es lo que le confiere presencia literaria. Cuando los hechos eran contradictorios, elegí los que me parecieron más verosímiles y ahí está la mano del narrador. Es un caso complejo lleno de lagunas, y en algunas situaciones me he permitido llenarlas con imaginación, pero siempre avisando al lector”, añadió.
“Mi investigación se convirtió en una metáfora de mi país y de los vicios que tiene un sistema judicial diseñado para proteger a los poderosos”
El trabajo tiene una sólida intención política, una preocupación por la situación de México…. “Muchos de mi generación crecimos leyendo y viendo a Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa y por eso supongo que desde el principio me interesé por los temas políticos y sociales y por eso supongo que este libro retrata México”, resaltó Volpi. Cassez fue liberada en 2013 tras una guerra diplomática entre Francia y México, pero Vallarta lleva más de una década en una prisión de máxima seguridad sin una sentencia en firme en contra. En todo ello subyace algo del surrealismo como elemento esencial de la política mexicana, pero hay más. Volpi trata de explicar las aristas del caso, tan presentes en el sentido último del libro: “Uno de los problemas es la sobresimplificación de todo en los medios. Lo que sucede en México es complejo. Hay unos niveles de violencia exacerbados por la guerra contra el narco desde finales de 2006. Este caso, en cierta manera, es el preludio de lo que vendría después. Desde entonces, México se ha convertido en un cementerio con 150.000 muertos y una cantidad incontable de desaparecidos”.
“En un primer momento hay una colusión de los medios y la policía para mostrar este montaje y después una serie de mentiras que se van enlazando. Luego hay una segunda parte política cuando Nicolas Sarkozy interviene para intentar liberar a Florence Cassez”, explica Volpi sobre la crisis desatada a raíz del caso. “Los dos presidentes eran muy similares, y no solo porque los dos eran bajitos, pero este caso les enfrenta. Calderón decide que Florence no debe ser entregada a los franceses y Sarkozy decide que con independencia de si era o no inocente tenía que ser liberada. Fue un choque nacionalista”.
El periódico EL PAÍS publica un informe sobre ‘Una guerra sin rumbo claro’, contra el narco, después de una década que se inicia en 2006
El periódico español de mayor difusión en América Latina estima que el presidente Enrique Peña Nieto ha continuado la lucha iniciada por Felipe Calderón contra los carteles de la droga; en sus años de gobierno su golpe más espectacular fue la detención de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa; sin embargo, la mayoría de los mexicanos dijeron sentirse inseguros; los expertos en seguridad consideran que se ha rebasado nuevamente la tasa de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, algo no visto desde el Gobierno del PAN; paralelamente la cifra de desaparecidos no ha dejado de aumentar; oficialmente aumentó a un ritmo de 1.000 nuevos desaparecidos cada año… Estas cifras han ido creciendo en los últimos meses del mandato de Enrique Peña Nieto.
Las explicaciones a este fenómeno se pueden encontrar en varias partes del país. Una de ellas en Colima, un pequeño Estado que era considerado una tranquila región en el Pacífico. Los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos criminales por controlar su puerto y territorio han hecho que los asesinatos hayan aumentado allí casi un 300%. Colima, con 650.000 habitantes, tiene la tasa de asesinatos más alta de México: 89 por cada 100.000 personas. A Colima se le suma Guerrero, otro estado en la costa oeste mexicana que ha visto desbordar la violencia a pesar de los esfuerzos por controlarla del gobierno local y federal. En números absolutos, Guerrero solo es superado por el Estado de México, una región del centro del país que tiene cinco veces más población.
El Chapo es ya el pasado, capo absoluto en la primera década del siglo XXI. El futuro, grupúsculos locales, brutales. Es la ‘guerra nueva’
En Ciudad Victoria, la capital del estado mexicano de Tamaulipas, las noticias de la guerra aparecen en plásticos, sábanas y cartulinas que alguien deja en la calle a cualquier hora. En una noche del pasado verano, la Policía Federal retiraba un plástico del estacionamiento de un centro comercial al norte de la ciudad. “Esta guerra no es de ustedes pero si así lo quieren, así será”. Firmaba el comandante Bravo, de “Los Zetas”. Con la palabra “ustedes” se refería a la policía estatal. En el último capítulo de “esta guerra”, sujetos armados asesinaron a balazos a dos mujeres y a tres menores en una casa al sur de la ciudad. Uno de los menores era un bebé. Todo esto ocurrió horas antes de que apareciera la pancarta. El reportero Pablo Ferri anunciaba la ‘guerra nueva’…
“El comandante Bravo es el supuesto líder de una escisión del cártel de Los Zetas, la organización criminal que ha enseñado a México que el horror no tiene límites. Esa escisión se hace llamar Grupo Bravo y también Zetas Vieja Escuela. Su base es Ciudad Victoria. El comandante Bravo se quejaba en el mensaje de que la policía estatal trabaja con el grupo contrario. En las noticias de la guerra, las pancartas, los muertos son víctimas tangenciales. Sus autores hablan de policías que les traicionan, de sus contrincantes, de que los otros son unos traidores. En este caso, los otros son el Cártel del Norte o del Noreste, otra escisión de Los Zetas que domina Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, también en Tamaulipas…”.
Una fuente de la Secretaría de Marina, cuya presencia en el norte del país ha sido constante en los últimos años, afirma que Tamaulipas es otro escenario de la “guerra nueva”. La recaptura y extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel del Pacífico, capo absoluto del narcotráfico en México en la primera década del siglo XXI, es el símbolo del cambio de paradigma. Igual que en Tamaulipas, los enfrentamientos armados en el triángulo dorado, las tierras de cultivo de amapola y marihuana en la sierra de Sinaloa y Chihuahua, al oeste de Ciudad Victoria, son igualmente continuos. Las autoridades no parecen tener muy claro quién va contra quién en el viejo feudo de El Chapo. Unos dicen que son peleas entre facciones del cartel. Otros, que los Beltrán Leyva, apoyados por Zetas Vieja Escuela, tratan de hacerse con los cultivos. El fiscal de Chiahuahua dijo que el viejo capo Rafal Caro Quintero, liberado hace apenas unos meses, trata de apoderarse de la zona en alianza con el cártel de los Beltrán Leyva.
Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la captura posterior de los líderes del cártel de Cali, los criminales se fragmentaron en las Bacrim
No se puede evitar encontrar muchas similitudes entre la actual situación mexicana con la que vivió Colombia hace unos años. Tras la muerte de Pablo Escobar en 1993 y la captura posterior de los líderes del cártel de Cali, los grupos criminales se fragmentaron. Luego, los comandos de paramilitares que habían surgido años antes, en teoría para combatir a las guerrillas, se desarmaron. Los restos de unos y otros integraron nuevas bandas criminales, las Bacrim. “El Ejército mexicano no suele quejarse en voz alta. Y cuando lo hace, sobreviene un terremoto. El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos, decidió hacerse oír y sacar a la luz el malestar de las fuerzas armadas…”, escribía meses atrás Jan Martínez Ahrens. Inmersas en una inacabable guerra contra el narco, Cienfuegos admitió públicamente el “desgaste” de sus tropas, pidió más efectivos ante la inmensidad de la tarea y reclamó un marco legal que regule su presencia en las calles. “Hay un desgaste; es obvio, estamos trabajando en todo el país, a toda hora, en todo momento; en la sierra, en las ciudades”, afirmó el militar después de inaugurar un seminario sobre Defensa Nacional.
Cienfuegos es un general en guerra. Se enfrenta a un enemigo declarado y salvaje. 50.000 soldados están movilizados en este combate. Los enfrentamientos son continuos. La sangre corre por todo el país, y en estados como Tamaulipas o Guerrero, el pulso es abismal. “Los militares realizan 1.500 acciones al día, y nadie les sustituye. ¿Cómo no va a haber desgaste”, dice el profesor-investigador de la UNAM Javier Oliva. No es una situación nueva. México lleva más de una década sumergida en esta espiral. Desde que el presidente Vicente Fox decidió en 2005 usar la fuerza militar contra el narco, la pesadilla ha ensangrentado el país. La presidencia de Enrique Peña Nieto aminoró la intensidad, aunque no prescindió de los soldados. El Ejército se mantuvo en primera línea de combate. Año tras año. Muerto tras muerto. “Todos los presidentes han dicho que la presencia militar es temporal, pero ninguno ha puesto en marcha un plan de salida”, indica el presidente del Instituto de Seguridad y Democracia, Ernesto López Portillo.
Los organismos internacionales han denunciado episodios como Tlatlaya o Ayotzinapa, ahondándose la desconfianza ante la intervención militar
El desgaste ha sido evidente. El despliegue militar ha venido acompañado de abusos y matanzas. Los organismos internacionales han denunciado como práctica ordinaria las torturas. Y la pésima resolución de episodios como Tlatlaya o Ayotzinapa ha ahondado esta desconfianza. El callejón parece no tener salida. “La crisis de violencia en México se ha profundizado y no hay autoridad civil capaz de responder ni por la vía de la prevención ni de la persecución. Por ello se recurre a las fuerzas armadas. Pero es un error, porque no son un cuerpo policial ni de justicia. Y se las expone a una interacción permanente con el crimen organizado”, explica López Portillo. Pese a las críticas, el Ejército nunca ha estado solo. Las encuestas lo sitúan entre las instituciones más valoradas por la población, y el Gobierno lo defiende contra viento y marea. Ante las quejas, los mandos han tomado algunas medidas depurativas y el número de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha reducido sensiblemente.
Pero nada frena la erosión. Después de años de lucha, no hay victoria. Aunque el Ejército insiste en que los frentes se han reducido y que los principales líderes del crimen organizado han sido capturados, la sensación, la percepción de inseguridad, como indican los sondeos, se mantiene alta. A ello se añade un repunte de la violencia. Con el partido sin ganar, no hay salida fácil para el Ejército. La ciudadanía reclama cada día más seguridad y los resultados no acompañan. Ahí radica gran parte de la insatisfacción de los militares, que se reconocen desbordados por la tarea. El mismo general Cienfuegos recordó que dirige un Ejército pequeño, de 230.000 efectivos, y que las nuevas exigencias requieren más personal. “Lo que tenemos son muchas tareas, si queremos hacer más, necesitamos más gente”, zanjó el general.
El secretario de Defensa de México critica la estrategia de seguridad en el combate al narcotráfico, “La violencia no se resuelve con balazos”
La petición es conocida. El colapso de las fuerzas policiales, corroídas hasta la médula por el narco, ha obligado a los militares a ocupar espacios de seguridad cada vez más amplios. “Nuestros soldados ya no pueden hacer más. Proporcionalmente a nuestro territorio y población somos el ejército más pequeño del mundo”, ha llegado a decir el general. “Por parte del entramado civil no hay corresponsabilidad, sólo inacción y eso ha generado una notable insatisfacción de los militares. Y desde luego, desgaste: hay soldados cuidando escuelas en Acapulco, en tareas de reforestación o en trabajos de policías municipales”, explica el profesor-investigador de la UNAM Javier Oliva. A esta sobrecarga, se añade la ausencia de un marco legal de actuación. Pese a tener al Ejército movilizado durante una década, ningún Gobierno ha querido regular este avispero. Para Cienfuegos, según expresó en una entrevista a Excelsior, esta omisión se debe al “temor infundado” de que si se legaliza su despliegue, el Ejército no quiera volver a los cuarteles. Esta falta de respaldo político está estrechamente vinculada al malestar. Un problema espinoso, de difícil manejo por el Gobierno y detrás del que posiblemente anida el cansancio causado, incluso entre los más leales, por la infinita guerra contra el narco. Como dijo el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón: “Al final, a los militares se nos busca como perro de rancho; se nos suelta para defenderlo y se nos guarda en las pachangas”.
El secretario de Defensa suele ser un personaje que no figura mucho en el gabinete mexicano. Los generales que han ocupado el cargo optan por un perfil discreto, alejados de los reflectores y poco dispuestos a hablar con la prensa. Sin embargo, las palabras de Salvador Cienfuegos sobre el desgaste del Ejército en la guerra contra el narcotráfico han marcado la agenda de la última etapa del Gabinete de Enrique Peña Nieto. “Esto no se resuelve a balazos”, dijo el general. Cienfuegos dijo estar en favor de que el Ejército deje las calles. “¿Quieren que estemos en los cuarteles? Adelante. Yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”, dijo el general al recordar que el ministerio que encabeza fue creado para la seguridad exterior y que la seguridad interior está a cargo de la Secretaría de Gobernación.
El general Salvador Cienfuegos reconoció el repunte de varios delitos. “Al ciudadano no le importa si aseguran muchas toneladas de droga o se detiene a determinados personajes, lo que le preocupa es que no le roben, que no lo extorsionen y no lo secuestren”. Las cifras del Gobierno mexicano revelaron un aumento de estos delitos… El general Cienfuegos habló con franqueza sobre la incertidumbre en la que se mueven los soldados mexicanos, comisionados por el presidente Felipe Calderón para combatir a los cárteles desde el 11 de diciembre de 2006. Desde entonces, los operativos castrenses han sido señalados por el alto índice de letalidad que producen por el uso excesivo de la fuerza y por reiteradas violaciones de derechos humanos. “¿Qué queremos? Que las fuerzas armadas tengan un marco [legal] que los respalde cuando tengan que actuar, que no seamos señalados por cuestiones que son propias de las operaciones que realizamos… nos encantaría que la policía hiciera su tarea para lo que está”, afirmó.
El general también reclamó a los políticos encargados de las estrategias de seguridad por el debate de la Ley de Seguridad Interior. El texto, que ha sido materia de estira y afloja entre militares y políticos, modifica el artículo 89 constitucional, que regula las tareas de las fuerzas armadas. Una de ellas es la de asumir las funciones de seguridad pública de corporaciones policiacas corruptas o incapaces de enfrentar a la delincuencia organizada. Los defensores de derechos humanos han criticado la ley porque consideran que podría permitir declarar el estado de excepción en algunos sitios del país. El Ejército y la Marina han dicho públicamente que no están capacitados para llevar a cabo esas tareas. Y Cienfuegos insistió en la idea. “Nosotros no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra profesión, es otra y se está desnaturalizando”.
“Es la Secretaría de Gobernación quien debe estar insistiendo en que esta Ley se promulgue, pero tampoco hay prisa y no ha habido prisa en muchos años y los que estamos confrontando los problemas somos nosotros”, criticó. Cienfuegos aseguró que el vacío legal ha hecho que en ocasiones los militares prefieran no actuar para evitar ser sancionados por los tribunales castrenses o procesados por la vía civil. “El día que resbalemos nos pasará como al equilibrista. Vamos a caer y no hay red”. No solo los políticos fueron el centro de las críticas de Cienfuegos. El secretario de la Defensa también criticó el papel de los jueces. Dijo que el poder judicial ha creado una “puerta giratoria” que permite a los delincuentes salir de prisión por fallas al debido proceso o porque “argumentan violaciones a sus derechos humanos”. “El nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando como debiera ser para que tengamos en la cárcel a quien está haciendo daño a la sociedad”.
‘La Noche de Iguala’, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas recopila graves violaciones de derechos humanos
La madrugada del 27 de octubre de 2014 la Armada de México hizo un operativo sorpresa en Cuernavaca, en el Estado de Morelos. Los marinos buscaban a integrantes del cártel Guerreros Unidos que pudieran dar información sobre la desaparición de 43 jóvenes en Iguala (Guerrero), la noche del 26 de septiembre. Los militares sorprendieron a tres presuntos narcotraficantes e iniciaron una persecución. El resultado fue dos detenidos y un muerto. Las autoridades informaron de que el fallecido había caído del techo de un edificio mientras huía. La realidad era otra. El hombre, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, conocido como ‘El Chiquis’, habría muerto mientras era torturado por los marinos. “Estaba como unos cinco o diez metros se encontraba el Chiquis, igual lo estaban torturando con la bolsa… hasta que escuché ‘ya valió madre, ya valió madre, este no aguantó, se me ahogó’…”, refirió Eury Flores López, uno de los detenidos, en su declaración del 31 de octubre de 2015.
Esta es solo una gota dentro del mar de irregularidades que la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) ha expuesto en lo que el Gobierno mexicano llama con orgullo la verdad histórica, la investigación judicial realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) del caso Ayotzinapa, dirigida por el entonces fiscal Jesús Murillo Karam. Los expertos del organismo internacional han publicado ‘Doble Injusticia’, un informe de 65 páginas que recopila, verifica y analiza las violaciones a derechos humanos cometidas en la gran etapa de la pesquisa, de septiembre de 2014 a enero de 2016. El documento ha sido presentado en la Ciudad de México. “El informe contribuye a la búsqueda de la verdad y la justicia en dicho caso y más ampliamente a la agenda nacional de lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México”, dicen sus autores.
Los expertos de la ONU-DH revisaron los expedientes judiciales y se entrevistaron con detenidos, testigos, abogados y las autoridades relevantes que investigaron los hechos ocurridos hace casi cuatro años. Lo que hallaron fue un “patrón consistente de violaciones de derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” que comenzaba con detenciones arbitrarias de personas, pasaba por demoras significativas en su presentación ante las autoridades, tortura y la posterior transferencia al Ministerio Público. Algunas de las conclusiones pretenden “arrojar más luz” a las advertencias vertidas por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI).
Entre las prácticas documentadas están los toques eléctricos; la penetración anal; amenazas de violación sexual; golpes; asfixia
Buena parte de ‘Doble Injusticia’ se dedica a documentar la tortura a la que fueron sometidos muchos de los detenidos. La ONU examinó la información de 63 de los 129 detenidos a lo largo de la investigación que dijeron haber sido maltratados. En 51 casos halló posibles actos de tortura. El informe se basa en el análisis de 34 de ellos, 33 hombres y una mujer. “La ONU tiene fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”, dice el texto. Los presuntos actos de tortura fueron cometidos en los vehículos de traslado de los detenidos, en casas de seguridad, en terrenos baldíos y en las oficinas de la PGR y su Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Todos los casos analizados tienen una cosa en común. “Tuvieron lugar a partir de que la PGR atrajo el caso”, esto es después del 5 de octubre de 2014 y cuando aumentaba la presión internacional por esclarecer los hechos. La ONU-DH no conoció ningún caso de tortura mientas las investigaciones estuvieron a cargo de las autoridades del Estado de Guerrero o de autoridades penitenciarias.
Entre las prácticas documentadas están los toques eléctricos en varias partes del cuerpo incluyendo los genitales, los pezones y el ano; la penetración anal a tres hombres detenidos; amenazas de violación sexual a las familiares de los detenidos; golpes; asfixia con bolsas de plástico y ahogamiento con trapos húmedos, una forma conocida como ‘waterboarding’ que fue utilizada por los soldados estadounidenses en Irak. Los detenidos responsabilizaron de la tortura a elementos de la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial, los marinos. El organismo internacional subraya que estos delitos no han sido atendidos a pesar de haber sido cometidos hace tres años. “La ONU-DH no ha conocido de ninguna acusación en contra de los posibles responsables de dichas violaciones”, asegura el informe.
Al revisar los exámenes médicos practicados a los detenidos, la ONU-DH halló hematomas, equimosis, costras hemáticas y excoriaciones. “De acuerdo al Protocolo de Estambul pueden correlacionarse con actos de tortura”. En dos casos, los médicos pidieron a la Fiscalía trasladar a sus detenidos a un hospital. Uno de ellos fue Raúl Núñez Salgado, un supuesto operador financiero de Guerreros Unidos, a quien le contabilizaron más de 30 lesiones externas que le dejaron problemas para caminar.
La ONU asegura en su informe que la Fiscalía hizo un “genuino esfuerzo institucional” para investigar y castigar a los funcionarios torturadores
En al menos 23 casos los procesados señalaron directamente a los ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, en ese entonces bajo la dirección de Tomás Zerón. “Esa era la orden que traían los federales, de que nosotros teníamos que mencionar lo que sabíamos y si no matarían a mis hijas y a mi esposa ya que había sido orden presidencial”, declaró Julio César Mateos Rosales, policía ministerial de Cocula, el 17 de diciembre de 2014. La ONU-DH también documentó tortura psicológica. Osvaldo Ríos Sánchez, quien según las autoridades es uno de los autores materiales del asesinato y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, dijo en su declaración que fue transportado fuera de las oficinas de la Fiscalía y llevado a Iguala. “Nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar un pozo diciéndonos que esa era nuestra tumba. Me empezaron a golpear y me tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado. Un balazo me lo tiraron a la cabeza pero no me lo dieron porque me tiraron a un lado diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos bajaron y de nuevo me subieron al helicóptero diciéndome que me iban a tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel, me volvieron a pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía que decir lo que ellos me dijeran”. La ONU también dice que Ríos fue inmovilizado con una sábana y asfixiado con una bolsa de plástico. Cuando perdió el conocimiento fue reanimado con choques eléctricos.
La ONU advierte en ‘Doble Injusticia’ de que comunicó sus preocupaciones al Estado mexicano por la tortura desde inicios de 2015. Los expertos enviaron en febrero a las autoridades mexicanas cartas que documentaban 13 casos de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos. En septiembre de 2016, el organismo envió una comunicación formal transmitiendo esas inquietudes a la Visitaduría General de la PGR, la autoridad que puede investigar las presuntas irregularidades cometidas por sus funcionarios. La ONU-DH tuvo conocimiento de “posibles actos de amenaza” contra los visitadores que realizaron esta primera investigación interna.
El resultado, años después, es desastroso. La ONU asegura en su informe que la Fiscalía hizo un “genuino esfuerzo institucional” para investigar y castigar a los funcionarios torturadores. La Visitaduría hizo un proyecto de resolución en agosto de 2016 que se vio “frustrado” por el reemplazo de los oficiales comprometidos con ese esfuerzo. En diciembre de ese año las conclusiones del proyecto fueron diluidas y las violaciones quedaron impunes. “Las violaciones de derechos humanos cometidas en la mencionada etapa de investigación del ‘caso Ayotzinapa’ no han sido atendidas de forma diligente”, concluye el texto. Las afirmaciones documentadas por el Alto Comisionado ponen en duda las declaraciones con las que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha construido uno de sus casos más relevantes. Los dichos autoinculpatorios, espontáneos y las evidencias, obtenidas bajo tortura, “no han sido excluidas como pruebas por parte de las autoridades judiciales”. La ONU arroja luz sobre ‘La Noche de Iguala’, que casi cuatro años después, no termina de clarear.
“Las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas están cada vez más sobrecargados y son más ineficaces”
México es la zona de conflicto más mortal después de Siria, superando en el perturbador ‘ranking’ a Iraq y Afganistán para convertirse en la segunda zona con mayor número de muertos, según un estudio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres. Medio Oriente en general y Siria en particular siguen siendo las regiones más peligrosas del planeta. El conflicto sirio, que comenzó hace casi seis años, ha costado la vida a más 50 mil personas. Esto eleva el número total de muertes durante la guerra en el país a alrededor de 290 mil, casi tres veces el número de muertos en Bosnia, a principios de los años noventa. África subsahariana fue un punto brillante en relación con el número de muertes en guerra al caer en más de un tercio desde el año pasado. En general, el número de personas que murieron en conflictos armados en todo el mundo se redujo ligeramente el año pasado a 157 mil, desde 167 mil en 2015. Sin embargo, la cifra sigue siendo alta en comparación con la década anterior y el número de civiles desplazados por la guerra siguió aumentando, de acuerdo con la encuesta.
Los autores del informe de la capital británica eran pesimistas sobre las perspectivas para la reducción de estos niveles de violencia por varios aspectos. Una de ellos es que los conflictos son cada vez más urbanos, con la guerra en cercos cada vez más común, según la encuesta. Eso es especialmente cierto en Siria, donde ese enfoque resultó brutalmente eficaz para el régimen del presidente Bashar al-Assad en Alepo. Una segunda razón es que a medida que surgen nuevos conflictos, los antiguos no tienden a ser resueltos, sino más bien a disminuir en un estado “latente”, capaz de hervir de nuevo en cualquier momento. Es el caso de la batalla de Turquía con el Partido de los Trabajadores Kurdos, PKK, tres décadas atrás, que explotó nuevamente el año pasado en una insurgencia urbanizada que mató a 3 mil personas. Ese fue el más alto conteo anual de muertos por el conflicto desde 1997, y un aumento espectacular desde estar cerca de la paz en los últimos años. La guerra de baja intensidad en el este de Ucrania también parece caer en esta categoría de “a fuego lento”.
Otro motivo de preocupación es que a pesar de que la organización terrorista ISIS perdió buena parte de su territorio y una mayor proporción de sus combatientes el año pasado, el número de víctimas civiles es probable que aumente si el grupo vuelve a tácticas insurgentes más tradicionales, en lugar de tratar de mantener el territorio como un ejército convencional, según el Instituto. Por último, la principal herramienta disponible para la comunidad internacional para tratar de reducir el derramamiento de sangre -los 8 mil millones de dólares al año de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas- están cada vez más sobrecargados y son más ineficaces, afirma Mats Berdal, del King College de Londres. A pesar de todos estos informes nada optimistas es importante que en nuestro Estado de Quintana Roo y en sus once municipios, Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, José María Morelos, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos se imponga, unánimemente, ese deseo del actor Gael García Bernal: “México quiere la paz”. Son nuestros ‘Diarios de motocicleta’ también, en este electoral 2018.
